En un cuarto con techo de lámina, paredes de concreto y madera con grandes orificios por los que penetra el frío de invierno, cocina una comisión de mujeres que se levanta muy temprano para moler la masa de las tortillas y preparar los alimentos para el consumo de aquellas y aquellos que salen a trabajar antes de las 7:00 horas.
Es el quehacer diario de una decena de familias de Ndoyonuyuji, del municipio de San Esteban Atatlahuca, en la Mixteca de Oaxaca, quienes desde octubre de 2021 están refugiadas en dos edificios del albergue del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco.
Para ellos en estas fechas no hay celebración. Mientras las familias esperan su retorno o reubicación, los que pudieron construyeron un pequeño cuarto de corteza de madera y lámina; el resto aún duerme en el auditorio.
“Esas casitas las hicimos cada familia, hubo la necesidad de hacerlo, porque pues la mera verdad aquí ya se estaba perdiendo quién es quién, las familias ya como que se estaban rompiendo; entonces, nosotros mismos lo hicimos, nosotros mismos corrimos con esos gastos”, narra a EL UNIVERSAL Cielo Alvarado, en uno de los cuartos de madera.
“Cada quien tuvo esa necesidad de hacerlo y lo hizo. Y ya nos separamos, pero hay gente todavía adentro durmiendo, porque no tienen la posibilidad de hacerse una casita”, cuenta Alvarado, a más de un año del desplazamiento forzado interno de cientos de familias de Guerrero Grande, Mier y Terán, y Ndoyonoyuji, quienes huyeron de las balas y de sus viviendas incendiadas.
De acuerdo con un informe presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), San Esteban Atatlahuca se convirtió en el municipio con mayor número de agresiones en 2021 en contra de los defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio en México.
Adaptarse a lo urbano
A don Ranulfo Hernández y su esposa les quemaron su casa y junto con otras 15 familias de Ndoyonuyuji perdieron todos sus bienes. Ahora sobreviven con lo que pueden, en vulnerabilidad.
Algunas personas que pudieron se construyeron un cuarto con desperdicios de madera, otros acondicionaron los viejos edificios a punto de caerse, usando corteza de madera y lámina de cartón, pues sólo para eso les alcanzó.
Poco a poco compraron algunos pollos, un par de borregos y dos puercos que alimentan con la poca comida que les sobra, porque tampoco hay para desperdiciar. “Acá comemos sólo lo necesario, el INPI, el único que nos ha facilitado alimentos, nos da no lo suficiente, sino apenas para pasarla”, exclama Cielo Alvarado.
Otra de las familias compró un par de conejos porque en su comunidad tenían varios, comentan los vecinos, mientras comparten una olla de ponche con algunas frutas y uno que otro pedazo de caña.
La joven Ilse, quien acompaña a EL UNIVERSAL por un recorrido por el albergue, cuenta que cuando era pequeña vio cómo su padre fue encarcelado por defender el bosque.
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional con mayor número de víctimas de desplazamiento forzado interno, con mil 328 personas.
Trabajar en la pizca del maíz
“Estoy aprovechando para trabajar, pizcar mazorca. Hoy fui a pizcar y eso es lo que estoy haciendo, me pagan 200 pesos, pero es algo a nada, me llevo mi niño al trabajo y mis dos niñas van a la escuela y así, así ando”, relata con desánimo Leticia, una de las mujeres desplazadas.
En tanto que las familias esperan los próximos diálogos entre autoridades y grupos involucrados en el desplazamiento forzado se llevan a cabo, para que permitan el retorno a su comunidad o la reubicación, las personas tienen que buscar trabajo que les ayude a sobrellevar sus días.
Desde antes de las 6:00 de la mañana, un grupo de personas se alista y desayuna antes de salir, por ahora trabajan en la pizca de mazorca, ejotes y labores que tienen que ver con el campo, porque sólo saben hacer eso.
Cielo, quien se dedica a los tejidos y a la venta de artesanías, agrega que los trabajos son temporales porque no siempre hay cosechas, tampoco la siembra y el cultivo son continuos.
Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para las familias desplazadas de Ndoyonuyuji desde diciembre 2021, las víctimas afirman que los gobiernos no han cumplido, pues hasta el momento no cuentan con suficientes alimentos, atención médica o sicológica.
Aquí, entre pérdidas y pobreza extrema, no hay Nochebuena. Con muchos trabajos los desplazados en el albergue del INPI en Tlaxiaco apenas si logran poner un ponche en la mesa para compartir entre todos.
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