El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, exigió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, “que deje su obsesión de presionar a los congresos locales para que aprueben la reforma constitucional, ya tienen más de los 17 congresos locales necesarios para poder publicar su equivocada reforma; por lo que, le exigimos que deje de chantajear a los gobiernos estatales ofreciendo apoyos a cambio de que a su vez comprometan a los legisladores locales para aprobar la equivocada reforma que militariza la seguridad”.
Argumentó que con cerca de 2 mil 500 homicidios, octubre resultó el mes más violento del año a pesar de que la Guardia Nacional ya está militarizada desde marzo de 2019, “por eso le exigimos al secretario de Gobernación que deje de presionar sin razón a los gobiernos y congresos locales para la aprobación de la reforma constitucional y que mejor se ponga a trabajar para que el país tenga resultados en seguridad”.
Acompañado de la secretaria General, Cecilia Patrón Laviada y el coordinador nacional de diputadas y diputados locales, Enrique Vargas del Villar, dijo que ni con la política de los abrazos a los criminales ni con más militares en las calles han logrado contener la violencia, porque este gobierno ha repetido durante cuatro años su fallida estrategia de dejar crecer a las organizaciones criminales y de militarizar la seguridad pública que debería ser civil.
Lo que hace el secretario de Gobernación es polarizar aún más al país con el objetivo de distraer a la sociedad de los grandes problemas nacionales como es el de la seguridad, indicaron.
Con datos del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 45 meses que lleva la actual administración de López Obrador se han registrado 108,794 homicidios dolosos, muy por encima de los 66 mil que se habían registrado en ese mismo lapso de la anterior administración federal.
La postura de Acción Nacional ha sido muy clara: la Guardia Nacional debe ser de carácter civil, así lo ordena la Constitución, y se debe fortalecer, equipar y capacitar a las policías municipales y estatales, estableciendo una adecuada coordinación con el gobierno federal para combatir con mayor eficacia los delitos que tanto afectan a las familias mexicanas, concluyeron.
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