El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña insistió en que el Estado mantiene la exigencia de todo el peso de la ley, en contra de las personas responsables de la tragedia en donde fallecieron 40 personas migrantes y 27 más resultaron heridas en una estación migratoria de Ciudad Juárez.
Lo anterior, tras darse a conocer el cambio de medida cautelar a Eduardo Apodaca Magallanes, ex jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, a quien se le otorgó el beneficio de enfrentar su proceso en libertad.
Apodaca Magallanes es parte de los funcionarios acusados de la tragedia ocurrida en la Estación Migratoria el 31 de marzo del 2023, por los delitos de ejercicio Ilícito del servicio público, homicidio y lesiones.
“Hemos visto como otros funcionarios de mucho mayor rango, ni siquiera esas medidas les han aplicado, y siguen en libertad y ostentándose como funcionarios públicos, esperamos que se haga justicia, sin importar que tengan el funcionariado público, que los juzguen de acuerdo a lo que dice la ley”, criticó el secretario.
El cambio de medida cautelar, se le otorgó a Apodaca Magallanes debido a que tras su detención se le impuso una garantía de 30 millones de pesos, pero de acuerdo al Juzgado Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, no se contemplaron otros tipos de medidas cautelares, tampoco establecieron un plazo para la garantía, entre otros.
Por lo anterior, se justificó que hubo una indebida fundamentación de la medida cautelar y se cambió la determinación.
Violencia en operativos puede ser por grupos internos de migrantes: De la Peña
Tras la riña del viernes entre migrantes, Instituto Nacional de Migración y personal de Ferromex, con una persona baleada y los operativos que se han dado en la zona de Tabalaopa, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña informó que hay grupos internos disputándose el control de migrantes en la zona.
“Hemos obtenido información bastante relevante, el que más me llama la atención, es que la supuesta agresión a los elementos por parte de 150 personas rescatadas durante ese episodio, aparentemente hay otro grupo de migrantes que pretende hacerse del control y recepción de los mismos, para su envío a Ciudad Juárez”, explicó.
Santiago de la Peña informó que se trata de un grupo organizado, del cual se tienen identificados algunos personajes por parte del INM y Guardia Nacional, por lo que se busca una labor coordinada, tutelar los derechos de las personas migrantes, aplicar la ley municipal sobre faltas administrativas para que ese campamento cerca de Ferromex, “no se convierta en un punto caliente”.
“Hemos identificado que a partir de la actuación del INM y el apoyo de GN, que se les engancha para prestarles y venderles el servicio de traslado a Ciudad Juárez, también de las investigaciones se ha determinado que el calibre del migrante que reportaron en medios baleado, no corresponde a los calibres de elementos de la Guardia Nacional”, adelantó.
De la Peña reiteró a los medios de comunicación que continúen las investigaciones, ya que no necesariamente, fue la Guardia Nacional como se ha manejado en prensa de que están agrediendo a las personas migrantes, sino que puede ser un conflicto entre grupos migrantes.
Condición de migrante, no brinda inmunidad ni fuero constitucional
“A ellos no les gusta que el INM vaya a cumplir con su trabajo al momento de revisar su condición migratoria, el Instituto está cumpliendo su obligación, para ello solicita la concurrencia de otras autoridades, hay que dejarlos hacer su trabajo, cuidando siempre que no se atropellen los derechos humanos de los migrantes”, comentó.
El funcionario estatal dijo que las personas que transitan por territorio nacional, en su consideración de migrantes, no les otorga inmunidad o fuero constitucional, tienen que acatar la legislación mexicana y los reglamentos municipales, “no están en una zona donde no se aplica la ley, si se cometen delitos tenemos la obligación de actuar con todo el peso de la ley”.
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