El diputado de Morena Miguel Colunga, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, señaló que de ser necesario pueden alcanzar un acuerdo con el consenso del pleno de los diputados para que la Auditoría Superior del Estado cumpla con darle curso al proceso que se instruyó, con relación a las presuntas irregularidades detectadas en la administración del presidente municipal independiente, Armando Cabada Alvídrez.
Colunga, representante popular del Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena), señaló que por el momento la ASE del Congreso, organismo autónomo de fiscalización del Poder Legislativo de Chihuahua, se encuentra en tiempo para darle seguimiento al acuerdo del pleno del Congreso sobre la presuntas irregularidades observadas en la revisión de la cuenta pública del 2017 del Gobierno del Municipio de Juárez.
Dijo que el organismo debe darle un seguimiento puntual y ágil a los lineamientos aprobados por el pleno del Congreso de Chihuahua, aunque la propia legislación no fija un tiempo determinado para que el organismo cumpla con los acuerdos tomados por el Congreso, por lo que de proceder la integración y presentación de las denuncias administrativas y penales que correspondan, la ley no provee un plazo para hacerlo, sin embargo esperarán el tiempo prudente para que la ASE cumpla con su deber.
Señaló que desconocen si el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, el cual descansa en la participación ciudadana, puede o debe involucrarse en la supervisión sobre el curso de las observaciones, en manos de la ASE.
Colunga dijo que los representantes de dicho Sistema Estatal de Anticorrupción del Estado, presidido por el panista José Antonio Enríquez Tamez, no han solicitado informes a la Comisión de diputados que el propio Colunga preside, particularmente sobre las observaciones a la cuenta publica del Municipio de Juárez y que, él en lo personal, desconocía si el Sistema Estatal de Anticorrupción se involucraría en alguna forma.
Recordó que la propia ASE presentó los resultados de la auditoría practicada a la cuenta pública del 2017 del Municipio de Juárez, los cuales fueron dictaminados por la Comisión de Fiscalización del Congreso y aprobados por el pleno del mismo Poder Legislativo del Estado.
Explicó que en estos momentos el proceso esta en manos de la ASE que, tras la aprobación del dictamen del Congreso, debe retomarse los acuerdos alcanzados.
El presidente municipal Armando Cabada Alvidrez ha señalado que las observaciones del Congreso del Estado sobre presuntas irregularidades, involucran señalamientos por .73 por ciento del manejo de los recursos frente a un gasto ejercido de 4 mil 300 millones.
Pidió a los medios de comunicación que pongan las cosas en una “perspectiva más amplía» y se refirió a quienes ven el vaso de agua medio lleno o medio vacío.
El dictamen de la cuenta pública del Municipio de Juárez relativo al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, refiere que la administración independiente debió de abstenerse de contratar servicios de publicidad con la persona moral Intermedia de Juárez, toda vez que familiares en primer grado del propio alcalde, son socios de la televisora abierta ( Televisión Canal 44), contraviniendo así diversas disposiciones y normativas legales.
Cabada aseguró que ante notario público vendió sus acciones para participar en la política.
Sostuvo que no violó la ley, toda vez que esta considera excepciones que le permitieron contratar servicios a la empresa propiedad sus familia, tales como el hecho de que cada medio de comunicación es un prestador de servicios único y especial, de tal manera que su gobierno no pudo recurrir a otras ofertas, diferentes a la empresa familiar, para la prestación de los servicios contratados por el gobierno que preside.
Señaló que la empresa televisora de sus familia vende publicidad a las autoridades municipales desde hace treinta años y que desde entonces los montos contratados se han reducido drásticamente.
Indicó que su gobierno envió al Congreso del Estado toda el soporte documental para responder a las observaciones.
El dictamen de la Comisión de Fiscalización del Congreso, signado por los diputados que la integran, solicitó a la Auditoria Superior del Congreso para que instrumente las denuncias administrativas o penales correspondientes.
El dictamen plantea observaciones que involucra diversas irregularidades en el manejo de los recursos por un monto aproximado a los 50 millones de pesos.
El vocal de la Comisión, el diputado Misael Máynez (PES) denunció en la sesión del Congreso del Estado, el 13 de diciembre, que el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, negocio en lo “oscuro” con las fracciones mayoritarias del Poder Legislativo, con la finalidad de obstaculizar el dictamen que involucra a la administración Cabada Alvídrez en actos de corrupción.
Cabada sólo dijo que el diputado del PES debe comprobar su dicho y aseguró que nunca ha hablado con el delegado sobre la cuenta pública.
Finalmente dijo que se encuentra tranquilo pues sabe que su gestión no ha incurrido en actos de corrupción.
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