La Procuraduría General de la República, “y su encargado que la hace de guardaespaldas del presidente Peña Nieto”, habría cometido varios delitos al solicitar el sobreseimiento del caso del ex secretario general adjunto del PRI,ç Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por lo que el Gobierno de Chihuahua –a través de la Consejería Jurídica– interpondrá varias denuncias en contra de funcionarios federales, y también solicitará varios amparos para evitar que La Coneja sea puesto en libertad tras ser acusado de peculado por el desvío de 250 millones de pesos del erario estatal durante la pasada administración de César Duarte.
Esta mañana el gobernador Javier Corral se hizo acompañar de diputados federales por Chihuahua, para responder al comunicado de la PGR en torno al proceso de exoneración y liberación que se pretende llevar a cabo desde las instancias federales en favor de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
LAS OMISIONES DE LA PGR
“No persiguieron ni ejercitaron acción penal en contra del hijo de Alejandro Gutiérrez, representante legal de Jetcom y quien había firmado la contratación simulada de una empresa fantasma para la triangulación de los recursos, y además señalado por varios testigos como operador del desvío”, dijo Javier Corral.
“Mucho menos citaron a declarar a Manlio Fabio Beltrones, a José Antonio Meade, ni a José Antonio González Anaya, ni a Isaac Gamboa, ni al presidente de la República Enrique Peña Nieto, entre otros funcionarios que son mencionados en las investigaciones como poseedores de información de los hechos. En su lugar, la PGR entrevistó a los apoderados de las empresas fantasmas, para que aclararan si prestaron o no los servicios”, agregó Corral.
“Al arrebatar la PGR a la Fiscalía la investigación cometió varias omisiones ex profeso: no solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información para seguir la ruta del dinero desviado, objetivo principal del delito de corrupción. Sí lo pudo hacer la Fiscalía de Chihuahua, pero no la PGR.
«No solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la misma PGR un análisis detallado de la ruta del dinero desviado, perdiendo de vista que parte de ese dinero desviado entró a las cuentas bancarias de Alejandro Gutiérrez, documentos que se encuentran en la carpeta de investigación aportados por la Fiscalía, pruebas estas preponderantes en un delito de corrupción.
«No ordenaron el embargo precautorio de bienes para garantizar la reparación del daño.
«No solicitó información al SAT para conocer la situación financiera de las empresas utilizadas para desviar recursos, incluida Jetcom, documentación que sí entregó Chihuahua.
«No solicitaron al juez de Distrito autorización para indagar los correos electrónicos de los implicados.
«No identificaron ni declararon a las personas del CEN del PRI que se reunieron con los implicados para buscar encubrir el desvío, pese a los testimonios de testigos presenciales que obran en la carpeta de investigación.
«No entrevistaron a los socios ni contadores de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez de la empresa Jetcom, utilizada para el desvío.
«No le reconocieron el carácter de víctima al estado de Chihuahua para coadyuvar con las investigaciones. Quien más interesado que se esclarezca el caso es el estado de Chihuahua, quien sufrió el agravio directo y el menoscabo multimillonario que perjudicó al pueblo de Chihuahua. Lo que nos robaron se pudo traducir en becas, medicinas, salud, vivienda, alimentación, seguridad, etc.
«No persiguió ni ejercitó acción penal en contra de apoderados legales de las empresas fantasmas involucradas, utilizadas para extraer el recurso de las arcas del estado de mediante licitaciones simuladas”.
Javier Corral Jurado aseguró que “la PGR y su encargado que la hace de guardaespaldas del presidente Peña Nieto, en ningún momento se preocupó por investigar el caso de La Coneja, por generar un acto de investigación a iniciativa propia y que robusteciera la investigación. Curiosamente en otros casos sí lo hizo. Fueron muy solícitos, eficaces y prontos en la investigación del caso Anaya, donde dispusieron de investigadores, expertos a nivel internacional, dieron criterios de oportunidad sobre algunos colaboradores, hasta micrófonos colocaron en sus oficinas”.
LA ESTRATEGIA LEGAL
El consejero jurídico del estado de Chihuahua, Jorge Espinoza, por su parte detalló que la estrategia legal irá enfocada a que no surta efectos el sobreseimiento presentado ante el juez de la causa, Marco Antonio Fuerte.
Precisó que se interpondrá un recurso de apelación en contra de dicha resolución donde se decreta el sobreseimiento solicitado por las agentes del MP de la Federación.
Promoverán otro amparo directo en contra de dicha resolución que tendrá que conocer el Tribunal Colegiado.
De la misma forma solicitarán un amparo ante un juez de Distrito, solicitando también la suspensión de los efectos del sobreseimiento.
La estrategia también incluye solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como la Procuraduría Fiscal de la Federación, interponga el recurso de apelación en contra de la misma resolución que decreta el sobreseimiento.
Por otro lado, presentarán denuncias penales contra el encargado de la PGR y mandos que autorizaron solicitar el sobreseimiento.
Ante la Secretaría de la Función Públicas también serán presentadas varias denuncias por los delitos en contra de la administración de justicia.
En este caso particular, el gobernador Corral explicó que el objetivo de lo anterior será demostrar que “no les interesa recuperar los recursos desviados”.
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