Una vez que la reforma que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública fue aprobada por el Congreso de la Unión, en el Senado ya se trabaja en las leyes reglamentarias que normen la presencia del Ejército y la Marina en las calles, además de establecer los detalles de la evaluación a la que estarán sujetos los militares que participen en estas tareas.
De acuerdo con fuentes consultadas, se prevé que cada seis meses las Fuerzas Armadas desplegadas informen al Congreso de la Unión qué hicieron con las recomendaciones emitidas y la comisión bicameral validará el porcentaje de cumplimiento.
Se espera que la adecuación a la legislación secundaria sea aprobada en este mismo periodo ordinario de sesiones, por lo que se tiene contemplado que a más tardar en mayo de 2023 se realice la primera evaluación y comparecencia de los funcionarios del gabinete de seguridad, ante la comisión bicameral que se creará para tal efecto.
“Con todo lo que surgió en la modificación del quinto transitorio tendrán que surgir adecuaciones y ya estamos trabajando en ellas, independientemente de que pueda en los próximos días resultar aprobada por la mayoría de las legislaturas la reforma constitucional”, informó a Eel Universalel presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
“Nosotros creemos que aprobar este cambio fue lo correcto y que ahora tenemos que continuar con ordenamientos jurídicos secundarios para darle concretización a la reforma constitucional”, puntualizó.
Las fuentes consultadas detallaron que el contenido principal de las leyes secundarias del artículo quinto transitorio de la Constitución se centrará en la creación de la comisión bicameral, lo que implica reformas a la Ley Orgánica del Congreso, al Reglamento Interior del Senado y posiblemente a otros ordenamientos que tengan que ver con las atribuciones que se le asignarán a dicha comisión.
Para tal fin se planea crear una ley reglamentaria que otorgue a la comisión bicameral facultades y funciones, además de normar las comparecencias, la rendición de cuentas y la evaluación al desempeño de las Fuerzas Armadas en estas labores.
Asimismo, se establecerán indicadores precisos para medir y examinar la eficacia de la participación militar en las tareas de seguridad pública.
Estos indicadores no solamente medirán los resultados, sino que pondrán énfasis en la necesidad de disminuir paulatinamente la presencia de las Fuerzas Armadas, por lo que se evaluará semestralmente el avance de la integración civil de la Guardia Nacional.
Habrá indicadores de la implementación del modelo policial, de certificación y de actuación de los efectivos encargados de realizar labores de seguridad pública.
También se establecerán lineamientos para definir periódicamente las entidades de la República donde la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ya no sería necesaria.
Además, se medirán los resultados de la presencia militar con énfasis en las labores de inteligencia y de las investigaciones que realicen, pero también con relación a la letalidad de sus intervenciones en el combate a la delincuencia.
Se deberá incluir también cuáles son las facultades que tendrá la comisión bicameral para pedir asesorías a organismos nacionales e internacionales, de qué forma emitirá sus conclusiones, de cuánto tiempo dispondrá para someterlas a votación y en qué plazo deben ser remitidas al Poder Ejecutivo, mismo que deberá informar cada seis meses qué se hizo con las recomendaciones emitidas, y la comisión tendrá que validar el porcentaje de cumplimiento.
Los legisladores disponen de 60 días naturales a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación para aprobar las nuevas leyes reglamentarias.
“Lo difícil aquí es definir cuántos legisladores integran la comisión bicameral y cuál es su forma de funcionar.
“La idea es que claramente salga en este periodo y que la primera evaluación se esté realizando en abril o mayo de 2023, a más tardar, con las reglas que determine la ley orgánica”, destacaron las fuentes consultadas.
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