La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente impuso una multa superior a 160 millones de pesos a la gasera, tras la tragedia que dejó 31 personas muertas; los procesos judiciales aún están en curso.
La sanción administrativa no es definitiva: falta la resolución del Poder Judicial y las indemnizaciones a víctimas. Grupo Tomza acumula al menos 32 expedientes abiertos por irregularidades y antecedentes de explosiones en otras entidades.
La explosión de una pipa de gas LP de la empresa Gas Silza —filial de Grupo Tomza— ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, cobró la vida de 31 personas y dejó decenas de lesionados.
Tras semanas de peritajes y revisiones administrativas, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó una multa de más de 160 millones de pesos contra la compañía, derivada de irregularidades en la operación de sus unidades.
La ASEA detalló que Grupo Tomza tiene abiertos 32 expedientes administrativos. De ellos, al menos dos ya fueron sancionados con multas millonarias.
La revisión incluye no sólo la explosión en Iztapalapa, sino un historial de accidentes vinculados a la empresa. En 2013, una planta operada por una subsidiaria explotó en Amozoc, Puebla, con saldo de siete muertos. En otro episodio, una pipa cargada con más de 43 mil litros de gas volcó en esa misma entidad, generando riesgo de catástrofe.
Aunque la multa ya fue impuesta, el proceso no ha concluido. El Poder Judicial deberá confirmar o modificar la sanción y, en paralelo, las familias de las víctimas pueden promover demandas civiles y penales para exigir indemnizaciones. También se mantienen en curso las inspecciones que podrían derivar en clausuras o suspensiones de operaciones.
La cifra de 160 millones de pesos es la más visible, pero el impacto es mayor. Las pérdidas humanas son irreparables. La confianza en el manejo seguro del gas LP quedó seriamente cuestionada. El caso podría sentar un precedente para endurecer regulaciones y controles en el transporte de combustibles en el país.
