Estafa en Forex y transferencias ilegales, trama del desfalco de 21 mdp en Campestre

Dentro de la sala 22 de Ciudad Judicial, se respiraba una tensa calma que podía romperse en cualquier momento. En la mesa de la parte acusadora, una fiscal adscrita al área de Delitos Patrimoniales, junto con el abogado del Club Campestre, repasaban los antecedentes de investigación de la causa penal 1217/25, contenidos en carpetas con cientos de hojas.

Periciales contables, declaraciones, estados de cuenta, balances bancarios, todos los detalles de una trama criminal para la que necesitaron relatar, sin parar, durante poco más de una hora y media.

En la mesa contraria, la abogada defensora trataba de seguir los pormenores de la carpeta de investigación, buscando ese resquicio legal que pudiera utilizar para ayudar a los intereses de su cliente, que lo nombró como defensora apenas el pasado 19 de diciembre.

A su lado, Alberto M.M., señalado por el desfalco de 21 millones de pesos en el Club Campestre, se notaba nervioso y desinteresado de todo lo que sucedía en la sala.

Mantuvo la mirada hacia la mesa y cada que tenía la oportunidad cerraba los ojos, tratando de dormir, o de huir mentalmente de la sala para alejarse de donde se discutía cuáles serían las medidas cautelares que enfrentaría por los actos que se le atribuyen.

Llegó por su propio pie a esta sala, acompañado de sus familiares, pero todavía era incierto saber si podría regresar a casa para pasar las fiestas decembrinas, más cuando los abogados de la parte acusadora, señalaban que la única manera de garantizar que el acusado se presente al juicio era que fuera retenido al interior del Cereso. 

Mientras, su abogada argumentaba que contaba con arraigo en la ciudad y el propio Ministerio Público indicó que había elaborado un informe en el que se mostraba que el imputado era una persona sin antecedentes penales y que no representaba un riesgo criminal.

Alberto seguía cerrando los ojos, tratando de dormir, o al parecer, que sus pensamientos lo sacaran momentáneamente de esta sala.

Al momento de dar su resolución, el juez de control, Raúl Palos Pacheco, tomó en cuenta los dichos de la defensora, quien propuso que se impusiera medidas cautelares menos severas para que su cliente pudiera enfrentar su proceso penal en libertad.

Sin embargo, ante la mirada temerosa de Alberto, el juez consideró que, tomando en cuenta la cantidad del desfalco, misma que no solo afectó la economía del Club Campestre, sino que puso en riesgo la existencia de ese organismo social; además, no se sabía con certeza el destino final del dinero, la única medida adecuada para este caso, era que enfrentará la siguiente parte del proceso en la cárcel.

Alrededor de las 12:45 horas del 22 de diciembre de 2025, el juez decretó que el acusado del delito de administración fraudulenta, en perjuicio de la asociación civil Club Campestre Juárez, deberá enfrentar su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, vigente por los próximos 24 meses. 

Una supuesta oportunidad en Forex que provocó un desfalco silencioso

Según la carpeta de investigación presentada por el Ministerio Público, en enero de este año, un contador de la empresa Auren Juárez Border Services realizaba las labores de auditoría externa en la contabilidad del Club Campestre, como parte de una sociedad comercial que existía entre el Club y su empresa desde 2020.

En agosto del año pasado, había hecho una auditoría preliminar en la que únicamente se encargaba de revisar los reportes contables de la asociación civil, mismo del que no destacó mayores hallazgos.

Sin embargo, en enero llegaba el turno de hacer una revisión exhaustiva a toda la economía del club, ya que no solo revisaba nuevamente los reportes, sino que tenía que cerciorarse de que dichos datos coincidieran con las cuentas bancarias.

En la auditoría se percató que, entre lo reportado en los balances de la empresa y en las cuentas bancarias, existía una diferencia de, cuanto menos, 14 millones de pesos, tomando en cuenta solo los datos de 2024.

Ante esta situación, el contador pidió explicaciones a Alberto M.M., quien era gerente general del Club Campestre y la única persona con la facultad de realizar transferencias desde las cuentas bancarias, contenidas en el banco BanBajío.

Luego de una larga espera, Alberto le dijo al auditor externo que no se preocupara, que se trataba de una cuestión administrativa, de algún error cometido por el banco y que todo estaba bien con las cuentas bancarias.

La explicación no le parecía creíble a la persona encargada de la auditoría, quien incluso avisó a Alberto de que comentaría del faltante al tesorero del Club, Jaime Merín, quien era su jefe directo.

Con el paso de los días, el auditor cumplió su advertencia y le dijo que, hasta que no se aclarara el faltante, no podría concluir con su auditoría.

Los indicios del desfalcó no pararon en aquel momento, durante el siguiente mes, y luego de revisar los estados de cuenta bancarios, el tesorero se percató que hasta febrero de ese año había un faltante de 21 millones de pesos, entre lo reportado en los balances generales y el dinero contenido en las cuentas de inversión del club.

Se encontró que Alberto, haciendo uso de los tokens proporcionados por el banco, realizaba transacciones desde las cuentas del club hacia sus cuentas personales, bajo el concepto de “préstamo personal”.

Posteriormente, una vez que se confirmaba la transferencia, ese dinero se movió a, al menos, otras tres cuentas bancarias de personas ajenas al club, siendo la última transferencia de este tipo, el 20 de febrero, por un monto superior al millón de pesos.

Merín informó de la situación al presidente del club, Sergio Guzmán Castañeda, quien presentó una denuncia en contra de quien fuera gerente general del club ante el Ministerio Público, fechada el 20 de febrero de 2025.

En los días siguientes, empleados del club y personal administrativo acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su testimonio en relación a este caso. La mayoría de los testimonios coincidieron en que Alberto era la única persona que estaba autorizada para realizar movimientos de dinero en las cuentas del Club.

Si bien, para realizar algunas transacciones necesitaba la autorización del director del Club, era la única persona que tenía el control del dinero que salía de las cuentas bancarias, encargándose de aspectos como el pago de nómina y proveedores, hasta una cuenta de inversiones.

La clave de la acusación presentada por la Fiscalía residía en la propia declaración que el imputado dio en sede ministerial, el pasado 21 de febrero. Ante los agentes, relató que, a inicios de 2024, recibió por medio de un correo electrónico por parte de un grupo de inversión especializado en FX (Forex).

Las inversiones Forex (Foreign Exchange) son aquellas en las que los inversores especulan acerca de los precios que podrían alcanzar las divisas nacionales, obteniendo ganancias conforme a la apreciación o depreciación de una moneda.

Aunque se consideran como inversiones de alta liquidez, instituciones financieras advierten que representan un riesgo significativo ante la volatibilidad del mercado y la falta de reguladores a nivel internacional, en relación a este mercado.

Pese a los riesgos, Alberto consideró que era una buena oportunidad para aumentar sus ingresos e invirtió alrededor de un millón de pesos de su patrimonio.

Sin embargo, conforme avanzaron los meses, no solo no llegaron los rendimientos esperados, sino que la empresa a la que le invirtió, dejó de responderle los correos. Buscó a una empresa encargada de la recuperación del dinero, con el objetivo de recuperar algo de lo perdido.

En lugar de resolver la situación, empezaron a pedirle que depositara grandes cantidades de dinero si es que quería volver a tener su inversión inicial de regreso.

Las exigencias de la agencia llegaron a tal punto, que ya no pudo hacerse cargo de su deuda, por lo que decidió comenzar a tomar dinero de las cuentas del club, con la esperanza de que podría regresar el dinero, una vez que se lo dieron de vuelta.

Desde abril de 2024, había transferido dinero hacia su cuenta personal, mismo que posteriormente depositaba en tres cuentas: una a nombre de Mariana Roldán Álvarez, del banco BBVA, otra a nombre de Sandra Catalina Roldán Álvarez, BBVA, y una más a nombre de Irvin Rafael Sandoval, de Banorte.

Enfatizó en que ellos eran los representantes de la supuesta agencia de recuperación quienes lo habían engañado, prometiéndole que recuperarían su dinero.

En total, una pericial en contabilidad forense, realizada a las cuentas bancarias del imputado, así como a las del club, determinó que entre abril de 2024 y febrero de 2025, Alberto realizó 53 operaciones bancarias “sin autorización” desde las cuentas del banco hacia su cuenta personal, generando una afectación de aproximadamente 21 millones 270 mil pesos.

Para el asesor jurídico del Club Campestre, estos hechos eran suficiente evidencia para demostrar la presunta responsabilidad de la comisión del delito de administración fraudulenta, ya que el imputado, aprovechándose del acceso a las cuentas bancarias, las utilizó para un beneficio personal.

Una vez concluida la presentación de antecedentes por parte del Ministerio Público, el imputado decidió que, en esa misma audiencia, el juez de control definiera cuál sería su situación jurídica.

Un error lo comete cualquiera, ¿no?

Luego de que Alberto se negara a declarar, y que la defensora señalara que únicamente daría argumentos en beneficio de su cliente, enfatizó que claramente su cliente no era el responsable del desfalco, sino que fue víctima de un engaño por parte de un grupo de estafadores, mismos que, hasta el momento, no habían sido investigados por parte la representación social.

Dicha situación, que constituía un “excluyente del delito”, se unía al hecho de que, en todo momento, su cliente había aceptado colaborar con las autoridades para que fueran las encargadas de llegar al fondo del asunto. 

Agregó que, el hecho de que fuera un profesionista de la contabilidad no lo eximía de cometer equivocaciones o de caer en una estafa. Incluso, indicó que era igual de absurdo como pensar que, los abogados, no podían ser víctimas de delito debido a su experiencia en los juzgados.

Como respuesta, la mesa acusadora señaló que, a lo largo de la investigación, no se demostró en ningún momento la existencia de ese supuesto fraude.

Además, mencionaron que no sonaba creíble que una persona con la experiencia de Alberto, que se encargaba de la contabilidad de una asociación de tal magnitud como el Club Campestre, no tuviera la capacidad de reconocer cuando estaba siendo víctima de una potencial estafa.

Aseveraron que su testimonio era una manera de buscar encubrirse, y así reducir las potenciales consecuencias que pudiera sufrir por sus actos.

Una vez escuchadas las partes, el juez explicó al señor Alberto que, por ahora, existían los elementos suficientes para presumir su probable responsabilidad, por lo que se dictó auto de vinculación a proceso penal en su contra.

A partir de ese momento, y hasta el 22 de abril de 2026, su defensora y la FGE tendrán un plazo para realizar la investigación complementaria, de cara al potencial juicio oral que enfrentará en su contra.