Los resultados de las revisiones a estructuras orgánicas y plantillas laborales heredadas por el Gobierno de Javier Corral a la nueva Administración, no arrojaron en lo inmediato denuncias ante instancias judiciales, por lo que no hay fecha para interponer las acusaciones.
Hasta el momento, las revisiones arrojaron únicamente irregularidades en las Secretarías de Desarrollo Social y Rural.
Como se sabe, el total de las observaciones serían ubicadas y luego promovidas judicialmente. Lo anterior, según indicación de la gobernadora Maru Campos, por los propios secretarios de estado.
Hasta ahora, no se sabe cuántas de estas prosperarán hasta tribunales, tampoco hay una fecha estimada de presentación.
Asimismo, no se ha informado si los extitulares de las secretarías serán imputados.
Sin fecha, para presentar expediente sobre discrepancias ante autoridades competentes
Se esperaba que desde ayer lunes la nueva Administración presentara el concentrado del análisis a las dependencias. Esto, con el fin de clarificar si existían hechos constitutivos de corrupción.
Luis Serrato, coordinador del gabinete estatal, anunció en días pasados que se trabaja en la estructuración de un gran expediente que será la base para presentar discrepancias, ante las autoridades competentes.
Serrato detalló que se van a seguir los pasos legales para integrar las respectivas denuncias y las carpetas de investigación.
Apenas la semana pasada, la gobernadora Maru Campos dijo, por ejemplo, que en Desarrollo Social se hallaron 583 personas que cobraron salarios de 20 mil pesos al mes. Esto, sin tener una función formal en el área.
Aunque en menor medida, también se hallaron registros de personal fantasma en Desarrollo Rural.
Campos insiste que los secretarios se encabezan el análisis de las plantillas. Y serán ellos quienes interpongan las denuncias correspondientes, en caso de detectarse alguna anomalía.
Anteriormente reiteró que se dedicará a trabajar por los chihuahuenses, y dejó entrever que no perderá tiempo en denuncias penales, ya que será un trabajo exclusivo de los titulares de las secretarías.
Avances mínimos
En lo que respecta a la Fiscalía General, fue su titular, Roberto Fierro, quien informó que no se localizaron observaciones mayores.
Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad, afirmó que para localizar personal “aviador”, ordenó pagar la quincena mediante cheque. Así se conocerá el estado real de la plantilla, por el grueso de personas que acudan a realizar el cobro.
“Cada dependencia está realizando el análisis e integrando sus reportes correspondientes sobre lo que encontraron. En el caso de que se encuentre algo que amerite una denuncia, serán las instituciones encargadas de eso quienes se encarguen”, informó por su parte la coordinación de Comunicación Social.
Este día, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Mario Vázquez Robles, se pronunció por una revisión a fondo ante los recientes señalamientos de la existencia de personas que cobraban sin laborar en dependencias estatales.
Aseveró que se solicitará a la Auditoría apoyar en una revisión profunda en las cuentas públicas de las oficinas.
“No debe haber salvedad para ningún funcionario, ya sea del pasado o del presente. Todos deben estar sujetos al marco de la ley”, refirió Vázquez.
Sangraban presupuesto para pobres
Desde junio del año 2020, la Auditoría Superior del Estado turnó la denuncia sobre el pago mensual de megasalarios de 20 mil pesos para 583 personas ligadas a la operación de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social
Esta fue transferida a la Secretaría de la Función Pública.
Aunque los entes hallaron registros de la erogación millonaria, defendieron que tomaran los recursos de la bolsa de subsidios destinados para programas sociales.
«Si bien, el programa tenía como objeto otorgar apoyos económicos a los adultos mayores, todos los programas tienen costos de operación, entre los cuales están el pago al personal que opera el programa», recordó Mónica Vargas, extitular de la SFP.
“Efectivamente, la denuncia se recibió en la SFP en junio de 2020. La falta fue clasificada como ‘no grave’ por la propia Auditoría Superior del Estado. Se inició investigación para allegarse de los elementos necesarios y determinar si se acreditaba la falta”, añadió.
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