El proceso de renovación de transporte público se encuentra estancado ante la postura de concesionarios de contar con mejores condiciones y apoyos para renovar su parque vehicular y la resistencia a ceder a sus peticiones por parte del Gobierno del Estado.
Personas relacionadas con el proceso indicaron que los permisionarios quieren un abanico más amplio de beneficios, como acceso a créditos mayores con menos requisitos con pagos a largo plazo, además de otras garantías.
Por el contrario, los funcionarios que están al frente de la negociación, desde el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, hasta el subsecretario de Transporte, Manuel Aguirre Aguilera, así como el director de Transporte en la Zona Norte, Alberto Martínez Baylón, están cerrados a cualquier modificación al plan original.
La confrontación atoró en la práctica el proceso de renovación, ya que hasta ahora ni los transportistas han cumplido con lo pactado ni los funcionarios han cedido, comentó uno de los entrevistados.
La instrucción de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, es mantenerse firme en las exigencias y en su cumplimiento, eso mantiene un tenso jaloneo en ambas partes, dijo.
Sobre el tema, el representante del Gobierno del Estado, Oscar Ibáñez Hernández, confirmó que el avance de la renovación está restringida a Peña Grajeda.
“Ahorita sí está limitada dar la información a la Secretaría General de Gobierno”, expuso.
Sobre el proceso de cancelación de 234 concesiones que hace semanas dio a conocer De la Peña Grajeda, simplemente señaló que no tiene información al respecto y que un informe oficial sobre el avance del proceso de regularización del transporte público no tiene fecha establecida.
Al indicarle que ya son poco más de cinco meses desde que se incrementó la tarifa de 8 a 10 pesos en el BRT y a 12 en el servicio normal, el funcionario señaló que Grajeda de la Peña es quien debe dar explicaciones.
“Seguimos con el proceso normal, legal que se está haciendo para la modernización del transporte”, mencionó
También, dijo, se están revisando los accidentes en los que se ven involucradas las unidades de transporte, como los ocurridos esta semana con la participación de camiones sin papeles en orden.
Dijo que las prioridades del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez son seguridad, salud, desarrollo económico y todo lo que tiene que ver con salud, mientras que el transporte público es una de sus obligaciones que están encuadradas dentro de la cuestión financiera.
