La secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya, confirmó a Norte que existe una investigación sobre la obra del Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez, que ya fue turnada al área jurídica para deslindar responsabilidades, ante posibles prácticas de corrupción.
“La Secretaría de la Función Pública inició una auditoría con número de oficio SFP-1616-2017 el día 10 de noviembre de 2017, a la obra en construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, en atención a la solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCO)”, detalló la funcionaria en una comunicación por escrito.
El objetivo -explicó- es llevar a cabo la fiscalización del contrato No. DOP-A-039/14, para revisar que se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se hayan logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.
La revisión concluyó apenas el día 9 de abril del presente año y actualmente el resultado de la auditoría ya fue turnado a la Dirección General Jurídica y de Responsabilidades de la Secretaría, para seguimiento de las responsabilidades a que haya lugar, refirió Olmos a través de su oficina de prensa.
Las irregularidades en la realización de la primera etapa de construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones salieron a relucir hace un mes y medio cuando se hizo público el diferendo entre dos empresas constructoras que se vieron inmiscuidas.
Constructora Anglo de José Luis Anguiano denunció por la vía civil a Urbanizaciones y Construcciones BCH de Gerardo Bonilla, por un supuesto adeudo de 7.8 millones de pesos por trabajos realizados en el año 2015.
Urbanizaciones reviró con una denuncia penal, alegando que la empresa de Anguiano, en contubernio con el exsubsecretario de Obras Públicas de la frontera, Everardo Medina Maldonado, lo presionó para aceptar un trato fuera de la ley.
Los registros oficiales dicen que en septiembre de 2014, en una licitación pública, se asignó la obra de inicio de construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez.
La ganadora de la licitación fue Urbanizaciones y Construcciones BCH, propiedad de Bonilla, quien empezó a trabajar en la obra el 5 de noviembre de 2014.
Pero en abril de 2015 Constructora Anglo entró a realizar trabajos, sin que existiera contrato escrito de por medio. Dichos trabajos se habrían realizado entre abril y septiembre de ese año.
El 15 de diciembre Anguiano quizo cobrar a Bonilla, pero éste se negó.
En julio de 2017 -un año y medio después- Anguiano interpuso una demanda civil contra Urbanizaciones y Construcciones BCH para exigir el pago.
Como consecuencia un juez ordenó que a la empresa de Bonilla -Urbanizaciones y Construcciones BCH- le fueran congeladas la cuenta 0193317315 de BBVA Bancomer, por un monto de 7 millones 865 mil 380 pesos, además de otras por contratos municipales. También le embargaron una propiedad.
En respuesta Bonilla interpuso un amparo el 5 de diciembre de 2017, bajo el número 1011/2017 III, en el Juzgado Noveno de Distrito, y un par de meses después, denunció por la vía penal a Anguiano y al entonces sub secretario de Obras Públicas en la Frontera, Everardo Medina Maldonado.
La querella quedó registrada en el número único de caso 37 2018 0007304.
En ese documento, ratificado en la Fiscalía General del Estado el 27 de febrero de 2018, Bonilla acusó que el exsecretario de Obras Públicas en la Frontera, lo forzó a permitirle a Anguiano meterse en la obra de inicio de construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez.
De acuerdo con la querella, a Medina se le podrían tipificar los delitos de abuso de autoridad, uso ilegal de atribuciones y facultades, y cohecho, y a Anguiano, uso ilegal de atribuciones y facultades y fraude procesal.
En el escrito, del que Norte obtuvo una copia, Bonilla relató que el 12 de septiembre de 2015, se encontró con Medina y Anguiano en un restaurante de hamburguesas denominado Wendys.
En esa reunión el subsecretario de Obras Públicas Everardo Medina Maldonado le habría indicado que debía dejar la construcción a cargo de la constructora Anglo, de José Luis Anguiano.
Pero facturarla como si en verdad la hubiera trabajado.
“A cambio de ello, recibiría el cinco por ciento del total del convenio, que sería pagado en efectivo y sin factura o comprobante alguno de por medio, a lo cual lógicamente me negué”, relató Bonilla.
De acuerdo con la denuncia penal, de la que se distribuyó una copia a distintos medios locales el jueves 24 de mayo de 2018, Medina usaba su posición en el gobierno, para beneficiar a sus amigos y obtener un lucro personal. La auditoría practicada por la Función Pública podría probar la certeza de ese señalamiento.
Las versiones de los implicados
Mucho antes de la denuncia de Gerardo Bonilla, el propietario de Constructora Anglo, José Luis Anguiano, acusó a través de interponer el 10 de julio de 2017 medios preparatorios para un Juicio Ejecutivo Mercantil, que Urbanizaciones y Construcciones BCH, le contrató servicios dentro de la obra de inicio de construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez, y se negó a pagarle.
El contrato habría ocurrido el 1 de abril de 2015 y se habría realizado en dos etapas, del 2 al 30 de abril, y del 4 de mayo al 10 de septiembre de 2015.
Las facturas que amparan los trabajos presuntamente realizados, están fechadas el 14 de diciembre de 2015, por un total de 7.8 millones de pesos. Norte obtuvo copias de ambos documentos.
El 15 de diciembre de 2015 Anguiano y Bonilla se vieron las caras en la oficina de este último, calle Texcoco 4923, el primero para reclamar el pago de las facturas y el segundo para responder que no pagaría.
Las versiones son distintas entre ambos empresarios.
En tanto que Anguiano alega que se trata de una falta de pago a trabajos realizados, Bonilla plantea que en el fondo hubo un trato turbio alentado desde la oficina de Obras Públicas.
Los documentos presentados por ambos ante instancias judiciales, prueban que ambos constructores participaron en tratos fuera de la ley, en contubernio con un funcionario del gobierno.
Anguiano, calladito
El propietario de Constructora Anglo, José Luis Anguiano, no estuvo disponible en los teléfonos de su oficina de la avenida Teófilo Borunda, para dar su versión sobre el caso. Personal de su empresa tomó los datos del reportero pero no regresaron las llamadas.
Medina, escurridizo
El ex director de Obras Públicas del Gobierno del Estado en la frontera, Everardo Medina Maldonado, sí respondió la petición de entrevista vía telefónica, pero solo para comentar que no estaba en la ciudad y no estaba enterado del tema. No quizo hacer más comentarios.
“Estoy fuera de la ciudad y desconozco lo que usted me está diciendo”, expresó.
CMIC llama a la concordia
El presidente de la Cámara mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad Juárez (CMIC), Luis Mario Baeza, refirió que ninguno de los dos implicados se habían acercado a la Cámara para limar asperezas. Al menos, no en los tres meses que él tenía al frente del organismo.
“Los dos son excelentes amigos míos, no tengo empacho con ninguno de los dos y soy el más interesado en que se lleguen a dar la mano; si como Cámara podemos servirles en algo, estamos a la orden”, comentó.
Nada de qué extrañarse
Entrevistado sobre el tema el actual subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Andrés Carbajal Casas -quien sustituyó a Everardo Medina Maldonado en el cargo- comentó que la obra en la cual se presentó la controversia, fue asignada a Urbanizaciones y Construcciones BCH, recibida y auditada sin ninguna irregularidad.
“Si entre ellos hicieron un arreglo debiera haber una relación contractual y si no hay un documento que lo acredite, es algo que se cae solo, no tiene soporte”, comentó.
Respecto a la intervención de Medina Maldonado, dijo que no tenía elementos para asegurar que el exfuncionario haya participado en algo indebido, pero también opinó que no debería extrañar a nadie una conducta como la que se le adjudica.
“No tenemos por qué extrañarnos, porque dejaron un batidero, manejaron el gobierno como su negocio propio, fueron verdaderamente actos de mafia para saquear. Si esto es cierto, es un acto de saqueo”, afirmó.
