A través de un amparo federal, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco), solicitó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entregue un documento que supuestamente le permite exigir el pago de regalías.
Se trata de un convenio, aludido por sus inspectores, que el IMPI habría firmado con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), y que justifica que su personal cobre por derechos de autor.
De acuerdo con Iván Pérez Ruíz, presidente de Canaco, dicho documento no existe, y si existiera, implicaría un acto ilegal usado para extorsionar a los empresarios juarenses.
En un video compartido en sus redes sociales, Pérez Ruiz aclaró que, antes de promover el juicio de garantías, el IMPI se negó reiteradamente a entregar el convenio.
“El día de hoy quiero informarles que presentamos un amparo en contra del IMPI, por esta violación que ha cometido en contra de la solicitud que por escrito le hemos hecho, para que nos haga llegar ese convenio, que nadie conoce, con la Sociedad de Autores y Compositores de México, y que nos afecta tanto a los empresarios”, expresó.
En la publicación se incluyó una imagen del documento en la que se alcanza a leer que se trata de un amparo indirecto, tramitado ante un juez de distrito.
El líder del comercio organizado afirmó que, desgraciadamente, la falta de contestación afecta a los comerciantes y es por eso que se vieron obligados a usar un instrumento judicial, como es el juicio de amparo, para solicitar y obligar a la autoridad, a que les den una copia.
La controversia inició en mayo de este año cuando se empezaron a realizar operativos por parte del IMPI y la SACM, con el uso de la fuerza pública, para llegar a distintos establecimientos a poner sellos de clausura en aparatos en los que se reproducía música diversa.
El presidente de Canaco denunció el hecho como un abuso y acusó que se les estaban exigiendo pagos desde cincuenta hasta 120 mil pesos mensuales a los establecimientos.
Lo que están haciendo el IMPI y la SACM -afirmó- es un acto que viola derechos y atenta contra el buen desarrollo de los negocios, amenazándolos con multas e inhibiendo el crecimiento económico.
Pero ellos como comercio organizado -dijo- no lo van a permitir y por eso hacen un llamado a todos los empresarios juarenses a que, si no están de acuerdo con este “asalto en despoblado”, se acerquen a la Canaco para que se les de todo el respaldo jurídico que necesiten.
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