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Gisela, estratega de Marco, grillando con Coparmex

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Entérate por qué es tan polémica la ‘Ley Garrote’ de Tabasco

Desde temprana hora se discute en el Congreso de esa entidad sobre la posibilidad de castigar hasta con 20 años de cárcel a quienes realicen bloqueos y marchas contra empresas públicas o privadas

Por Redacción | Norte Digital | 3:56 pm 29 julio, 2019

La aprobación de la iniciativa que promueve reformas al Código Penal del estado de Tabasco, que consideran hasta 20 años de cárcel a quienes participen en marchas y bloqueos contra empresas públicas o privadas ha desatado polémica a nivel nacional.  Desde temprano se discuten en el Congreso estatal las modificaciones a la ley.

¿En qué consisten esos cambios?

Un análisis hecho por Expansión Política destaca que estos cambios se promueven justo cuando la federación prepara la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, en esa entidad.

Señala también que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que con esa ley se pretenda hacer frente a los inconformes con los proyectos que su gobierno impulsa.

La publicación presenta opiniones que expresan puntos de vista encontrados sobre el tema.

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LOS CAMBIOS

  • Se prevén penas de 10 a 20 años “al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar, o dejar de hacer algo en prejuicio de su propio patrimonio o el de otra persona”. Estas penas aumentará en una más más si el constreñimiento se realiza por un delito o si es realizado por un servidor público o exservidor público, por miembros o exmiembros de alguna cooperación policial, a ellos se impondrá una inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar un cargo o comisión pública.
  • Cuando «cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas», se le impondrá prisión de uno a cinco años, pena que se incrementará el doble cuando el responsable se haga acompañar de menores de edad o emplee la violencia.
  • Si alguien no tiene facultad legal e impide que se ejecuten trabajos y obras públicas o privadas, se le podrá aplicar una pena que puede ir de seis hasta los 13 años de prisión. Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras.
  • Si alguien destruye o daña algún medio local de transporte de transporte público de pasajeros o de carga se aplicará prisión de dos a 10 años, la cual se triplicaría si el transporte estuviere ocupado por uno o más personas.
  • La persona que dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculice las vías, retenga unidades o les impida el paso de algún modo, podría estar encarcelado de uno a 8 años.
  • Según se establece, estas modificaciones servirán para asegurar la inversión privada en el Estado, por ello se propone «el incremento de las penas previstas para el delito “Oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas, a fin de sancionar a quienes vulneren o pretendan vulnerar el ejercicio legítimo de la autoridad para el logro de los fines del estado».

————-

Para Marcos Medina, Secretario de Gobierno de Tabasco esta propuesta no es antimarchas, sino que está enfocada en anular los pseudosindicatos.

“No es una ley antimarchas, es una reforma antiextorsionadores; así de claro. La libertad de manifestación y de tránsito es un derecho constitucional que el gobierno del estado respeta, y que nosotros, vamos hacer que se cumpla… Hay quienes amparándose en una presunta lucha social extorsionan a las empresas y a particulares»,

dijo a Expansión Política.

En contraste la legisladora del PRI, Ingrid Rosas Pantoja externó: «si se ve superficialmente la propuesta pareciera ser buena, sin embargo, analizándola a fondo, se puede observar que existen elementos que ponen en evidencia que las reformas se usarán no solo para los miembros de los sindicatos que bloquean obras y accesos para que les asignen los trabajos o reciban alguna prebenda».

Insistió en que la ley será un inhibidor de los derechos de los ciudadanos para ejercer su libertad de expresarse en contra de las acciones del gobierno.

13 años a los “bloqueadores” Finalmente, después de dos horas dediscusión, el Congreso con 24 votos a favor y uno en contra, aprobó la reforma con una sola modificación al artículo bis consistente en: una sanción de 13 años de prisión a quienes, a través del cierre de vías de comunicación, intenten extorsionar a empresas.

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