Antonio Enrique Tarín García, el fallecido exdirector de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, estaba obligado a pagar una fianza de cinco millones de pesos, como parte de las medidas cautelares que se le aplicaron en la causa penal que se seguía en su contra por presuntos actos de peculado por el desvío de 2 millones 400 mil pesos.
Fue el 12 de octubre de 2021 cuando un tribunal federal confirmó la resolución de un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, en la ciudad de México, quien le impuso al exfuncionario la medida cautelar económica, así como la prohibición de salir del país, acercarse a otros testigos y la obligatoriedad de portar un brazalete, mismo que tenía al momento de su muerte.
Tarín García fue detenido en mayo de 2017 en una vivienda ubicada en avenida Insurgentes y calle Circuito, en la Ciudad de México, acusado del desvío de recurso antes mencionado, pero señalado también en otras cinco carpetas de investigación, por las cuales no fue procesado.
Días antes de su captura, intentó asumir la diputación federal por el Distrito IX con cabecera en Hidalgo del Parral, en sustitución de Carlos Hermosillo Arteaga, quien había fallecido en un accidente de carretera.
Sin embargo, le fue negada su petición y con ello quedó sin la protección del fuero constitucional.
Tras una larga lucha judicial, el 29 de marzo de 2021, un Tribunal Colegiado confirmó la sentencia en su contra, misma que había dictado un Tribunal de Enjuiciamiento el 19 de julio de 2019.
De acuerdo con el fallo emitido por el tribunal colegiado, el Ministerio Público de Chihuahua demostró que de julio a septiembre de 2016 Tarín García, en complicidad con otros servidores públicos, desvió la cantidad de 2 millones 420 mil pesos del erario de Chihuahua.
En su alegato contra las medidas cautelares, Tarín aseguró que no tenía recursos para pagar una fianza de esas dimensiones –pese a que inicialmente era de 50 millones de pesos– ya que los años que llevaba en proceso, sin poder trabajar, lo habían dejado sin ingresos.
El tribunal desestimó los argumentos del acusado y sostuvo el fallo.
Al momento de su muerte estaba en proceso por esa causa y aún portaba el brazalete; se desconoce si había cubierto la fianza.
