Encerrados y enfrentados: las rejas que dividen a los vecinos de Juárez

Las rejas se instalaron para proteger a los vecinos de la inseguridad. Pero detrás de ellas también quedaron encerrados conflictos que se renuevan todos los días: quién paga la vigilancia, quién controla los portones, quién representa a la comunidad y hasta quién puede entrar sin restricciones a su propia casa.

En Ciudad Juárez, donde Desarrollo Urbano tiene registrados alrededor de 900 puntos de acceso controlado en zonas habitacionales, industriales y comerciales, las autoridades municipales analizan nuevas disposiciones para regular su funcionamiento.

La discusión toca la vida cotidiana de miles de residentes. Incluye el cobro de cuotas, la operación de los accesos, el uso de tecnología y las restricciones que enfrentan peatones y automovilistas para transitar por calles cerradas.

También plantea una pregunta que rebasa los límites de cada fraccionamiento: ¿qué ocurre cuando una reja protege a una comunidad, pero dificulta al resto de la ciudad llegar a servicios, espacios públicos o vialidades necesarias para sus traslados?

Funcionarios y representantes vecinales coinciden en que las reglas actuales están rebasadas. Sin embargo, asuntos como la obligatoriedad de las cuotas todavía son planteamientos en discusión, no nuevas obligaciones aprobadas.

La seguridad termina en pleito a la puerta de casa

Norte Digital tuvo acceso a un chat de WhatsApp de uno de los fraccionamientos cuyos residentes cerraron las calles durante los años en que se desbordó la violencia en la ciudad.

Las conversaciones muestran el desgaste de la convivencia: reclamos por incumplimiento de las reglas internas, amenazas de instalar ponchallantas y difusión de imágenes y videos para exhibir a otros habitantes.

Las disputas vecinales, de acuerdo con los testimonios recabados, en ocasiones llegan a los golpes. El desacuerdo por una cuota o por la manera de utilizar el acceso puede convertirse en una confrontación sobre quién tiene autoridad para imponer condiciones a los demás.

Claudia Arreola, representante vecinal en sectores como Valle del Sol y Calzada del Río, señaló que llevan años solicitando una actualización de las normas.

“Ningún Gobierno le ha querido entrar, pero siguen autorizando fraccionamientos de acceso controlado con reglas de hace 20 años y los vecinos se quedan encerrados con sus problemas; pues no todos pagan el acceso y no los quieren dejar pasar a sus casas”, lamentó.

Para Arreola, parte del problema es que la regulación trata por igual a comunidades con características distintas: desde calles de la colonia Chaveña a las que se colocaron rejas hasta desarrollos como Campos Elíseos o Rincones, cuya planeación e infraestructura contemplaron accesos controlados.

Recordó que durante la administración de Armando Cabada, entre 2016 y 2021, la entonces directora de Desarrollo Urbano, Lilia Ana Méndez Rentería, rechazó actualizar la norma con el argumento de que no podía restringirse el derecho constitucional al libre tránsito.

La demanda vecinal, sin embargo, continuó: establecer reglas que permitan resolver los conflictos que ya existen detrás de los portones.

¿Cuotas obligatorias? El desacuerdo que divide a las cerradas

Uno de los puntos más sensibles es el dinero necesario para mantener en funcionamiento los accesos y los servicios de vigilancia.

Para quienes aportan, la inconformidad surge cuando otros residentes utilizan la infraestructura sin contribuir a su operación. Para quienes no pagan, las restricciones para entrar a su vivienda se convierten en el centro del conflicto.

El abogado Cristhian Hernández, representante jurídico de 39 cerradas de Hacienda del Nogal, planteó que se requiere un cambio legislativo, probablemente en materia civil, para establecer la corresponsabilidad de quienes adquieren una propiedad en un fraccionamiento con acceso controlado.

Su propuesta es que contribuyan a los gastos de mantenimiento y operación, e incluso que se considere el trabajo comunitario como alternativa para quienes carecen de recursos.

La directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, señaló que los acuerdos sobre cuotas deben tomar en cuenta las diferencias económicas entre los vecinos.

También advirtió que no todas las personas tienen el mismo acceso a las tecnologías utilizadas para entrar y salir del lugar donde viven.

La discusión, por tanto, no se limita a determinar cuánto debe aportar cada familia. También implica definir cómo se toman los acuerdos y qué sucede cuando una persona no puede cumplirlos.

Un reglamento para realidades distintas

Hernández identificó tres tipos de conjuntos que requieren un tratamiento diferenciado: los fraccionamientos concebidos desde su planeación con accesos controlados, las colonias donde se cerraron vialidades públicas mediante portones y rejas, y las propiedades sujetas al régimen de condominio.

Consideró que reconocer esas diferencias permitiría reducir interpretaciones erróneas e imposiciones que generan enfrentamientos entre vecinos.

“Nosotros estamos a favor de que se regule todo de una mejor manera, con ordenamientos diferenciados para cada tipo de acceso controlado”, expresó.

A su juicio, contar con disposiciones claras tendría efectos en la seguridad, la plusvalía de las viviendas y la capacidad de los vecinos para organizarse y atender sus necesidades.

Arreola agregó que la actualización debe abordar la contratación de seguridad privada y las tecnologías utilizadas para operar los accesos.

Según la representante vecinal, existen autorizaciones para que personal de empresas de seguridad privada opere estos puntos, una práctica que considera contradictoria con el reglamento vigente.

También señaló que, aunque la norma establece un límite de 500 viviendas para los fraccionamientos con acceso controlado, hay conjuntos que superan las 600.

En algunos, explicó, se forman hasta dos comités de vecinos que se disputan la representación de los habitantes, lo que atribuyó a las lagunas de la regulación.

Las calles que podrían volver a abrirse

Mientras los vecinos discuten las reglas de convivencia dentro de sus comunidades, el presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel puso sobre la mesa el efecto que los cierres tienen en toda la ciudad.

Expuso que debe revisarse la conveniencia de mantener bloqueadas ciertas vialidades que cumplen una función importante en la movilidad y en el acceso a espacios, servicios e infraestructura.

Consideró que algunas calles podrían requerir su reapertura por un beneficio comunitario mayor. En esos casos, señaló, las decisiones tendrían que discutirse con los residentes, la comunidad en general y los técnicos municipales que presenten las razones de cada intervención.

“Mantendré una revisión personalizada al seguimiento del nuevo proyecto de reglamento, dado que el desarrollo y crecimiento de la ciudad, cada vez más complejo y cambiante, nos obliga a revisar disposiciones que estén ad hoc con esta dinámica”, manifestó.

Ortiz Orpinel recordó que muchos cierres surgieron durante el periodo de violencia de 2007 a 2011 y consideró que las condiciones actuales de inseguridad no están muy alejadas de aquellas circunstancias.

La revisión enfrenta así dos necesidades que deberán encontrar un punto de acuerdo: la protección que buscan quienes viven detrás de las rejas y la movilidad de quienes necesitan transitar por la ciudad.

Once años después, Juárez vuelve a discutir sus rejas

La tensión entre seguridad y movilidad ya había llevado al Municipio a plantear el retiro de accesos controlados hace once años. La cobertura de Norte documentó entonces tanto las acciones de la autoridad como la resistencia de habitantes que temían quedar expuestos a la delincuencia.

El 20 de junio de 2015, este medio informó que el Cabildo autorizó a Desarrollo Urbano a emprender acciones para abrir Puerta del Sol y Paseo de los Virreyes, cuyos cierres carecían de los permisos correspondientes y afectaban algunas vialidades primarias.

Un día después, la dependencia precisó que tenía registradas 189 calles con accesos controlados y un listado de 12 fraccionamientos contra los que procedería por incumplimientos. La autoridad aclaró entonces que no pretendía retirar todas las rejas.

En una nota publicada por Norte el 23 de junio de aquel año, el entonces director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Vicente López Urueta, sostuvo que la recuperación de las vías públicas debía construirse mediante acuerdos con las comunidades. Reconocía la necesidad de mejorar la vialidad, pero también de escuchar a las familias que todavía se sentían inseguras.

Meses después, la controversia alcanzó a residentes que aseguraban haber comprado sus casas en desarrollos ofrecidos desde el principio como privados.

El 3 de octubre de 2015, Norte documentó notificaciones con plazos de 24 horas para retirar enrejados y las protestas de habitantes de Quinta Granada, quienes denunciaban dificultades para obtener el permiso y temían quedar expuestos a robos.

Con los años, también se cuestionaron los resultados de vivir detrás de una barrera. En junio de 2021, este medio difundió una investigación de María Teresa Delgado de la Rosa, de El Colegio de Chihuahua, que advertía que las restricciones físicas de acceso a las viviendas no reducían necesariamente la percepción de inseguridad y generaban impactos en el entorno urbano.

El conflicto seguía presente en diciembre de 2025, cuando Norte reportó el retiro de rejas que bloqueaban la calle del Lago, en Fuentes del Valle. La intervención municipal ocurrió después de denuncias vecinales por afectaciones en el sector y de que el comité no respondiera a la solicitud de presentar los permisos correspondientes.

Desde 2015 estaban sobre la mesa los permisos, la movilidad, el temor a abrir los accesos y las diferencias entre fraccionamientos concebidos como cerrados y colonias cuyas calles fueron enrejadas después. Once años más tarde, esos asuntos vuelven a formar parte de la discusión municipal.

Los vecinos piden una silla en la mesa

Funcionarios de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano confirmaron que entregaron propuestas a la Secretaría del Ayuntamiento para su revisión y eventual envío a las comisiones de regidores.

Después del análisis y la elaboración del dictamen correspondiente, el proyecto tendría que someterse a la aprobación del pleno del Ayuntamiento.

La regidora María Adame, de Morena e integrante de la Comisión de Desarrollo Social, manifestó que el propósito no es retirar los accesos controlados, sino convocar a sus usuarios para que las reglas y los mecanismos de operación funcionen como un sistema de seguridad ciudadana.

Señaló que reciben con frecuencia a residentes inconformes porque sus vecinos no pagan las cuotas. Por ello, indicó, escucharán a las comunidades en las reuniones de la comisión antes de integrar una propuesta.

Arreola pidió que esa participación se traduzca en mesas de trabajo donde los habitantes puedan aportar lo que enfrentan todos los días.

“Las organizaciones vecinales proponemos sentarnos en mesas de discusión con los funcionarios, para que hablemos desde nuestra experiencia lo que sabemos de los accesos controlados”, expresó.

Detrás de cada portón, la discusión vuelve a asuntos concretos: entrar a casa, pagar la vigilancia, elegir representantes y convivir con quienes comparten la misma calle. Ahí tendrá que demostrar su utilidad el nuevo reglamento.