El riesgo de la reforma judicial es que el crimen organizado, partidos políticos o ciertas cúpulas, puedan definir a quienes serán candidatos a jueces; además hay peligro de que el juicio de amparo como tal desaparezca, admitió David César Aranda González, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
Señaló que otra de las irregularidades en una eventual aprobación de la iniciativa, es que en ciertas demarcaciones, debido a la cantidad de jueces existentes, habría una cifra exagerada de hasta 50 candidatos a ese cargo en una misma boleta electoral, lo cual se anticipa como una exageración, ya que sería imposible que los ciudadanos puedan realmente conocer las propuestas de todos en una campaña.
Indicó que la manifestación que hacen en todo el país va más allá a la de señalar que se afectan derechos de jueces o trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sino que habría situaciones más sensibles todavía, como la de afectar la justicia independiente e imparcial y donde los ciudadanos deben estar enterados.
Agregó que de acuerdo a los organismos internacionales, debe prevalecer la independencia de poderes y en el caso del poder judicial, no converge con una elección popular. Anotó que cada poder tiene funciones muy distintas y en ese equilibrio ningún poder debe estar por encima del otro.
Tras cuestionarle si existe el riesgo de que se establezca una dictadura en México, contestó que “cuando un solo grupo llega a tener una mayoría en los tres ámbitos pudiéramos decirlo así, si se llegara a dar dentro del poder judicial, pues existiría el riesgo de que los parámetros con los que se tomen decisiones dentro de los órganos jurisdiccionales, ya no atiendan necesariamente a una legalidad o a los principios fundamentales que rigen precisamente una función judicial, sino más bien atendiendo a cuestiones políticas en donde una sola persona podría marcar la directriz y no tener un contrapeso o no tener un órgano realmente revisor de los actos de las otras autoridades”.
Precisó que en el caso del juicio de amparo, que es una institución orgullosamente mexicana, que se ha adoptado en muchos países, tiene esa característica, de que sin pertenecer a ningún partido, sin tener ninguna injerencia partidista, cumple su función de verificar que los actos de las otras autoridades de las que son elegidas, efectivamente se adapten a principios constitucionales y derechos humanos, cosa que se puede perder y estar muy en riesgo cuando se concentra el poder en una sola manifestación, porque al existir esa misma ideología por parte de un grupo mayoritario, pues en realidad ya no existiría ese contrapeso y esa objetividad para verificar si esos actos son o no violatorios de derechos fundamentales.
Acerca de que el crimen organizado pueda postular a sus candidatos, externó que “existe efectivamente ese riesgo, creo que la función jurisdiccional es muy delicada, incluso en materia penal no se diga es la de las funciones más delicadas que puedan existir, ya hemos visto también lo que ha sucedido incluso en esta última elección, que ha venido en aumento cada vez más, incuso los ataques a candidatos, presidentes municipales, a diputaciones, etcétera, y que al tener los juzgadores un contacto a final de cuentas ya directo en los procedimientos con diversas personas, pues pudiera darse el caso incluso de que pudiera existir ataques en contra de personas que consideraran que no deben llegar a ese cargo, porque no les conviene o simplemente hacer lo necesario para tratar de que ganen los perfiles que ellos consideren adecuados para una función de esa naturaleza”.
Sostuvo que no descarta que pudieran perfeccionar el poder Judicial, pero no de la manera en que lo propone el poder Ejecutivo y lo que se pide es un diálogo.
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