Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Nuevo México sostuvieron una reunión para estudiar el plan de infraestructura para el cruce Jerónimo-Santa Teresa.
De acuerdo con un comunicado oficial, la reunión tuvo como objetivo “implementar opciones de facilitación comercial en el corto plazo”.
“Los funcionarios mexicanos presentaron los avances del puerto fronterizo, su vía de acceso y la vía férrea a realizarse en Jerónimo-Santa Teresa. La modernización de la infraestructura existente y la implementación de una nueva generará ahorros en los costos de operación vehicular”, destacó la dependencia federal.
El estudio consideró que se disminuirán los recorridos de los usuarios, así como los cruces fronterizos. También fortalecerá la conexión intermodal del centro y el Bajío del país con un sistema marítimo ferroviario de la costa oeste de Estados Unidos.
Se comprometen en reunión a fortalecer los cruces
Incluso, especialistas del Barómetro Empresarial Borderplex de UTEP, contemplan un incremento en el uso comercial de este paso fronterizo en el mediano plazo.
“El tráfico de camiones de carga debería aumentar sustancialmente en 2022, con mayores volúmenes canalizados por Santa Teresa-Jerónimo y, eventualmente, Tornillo-Guadalupe”, adelantaron.
En la reunión la SRE se comprometió a seguir trabajando con las autoridades de ambos países para fortalecer los cruces; así como diversificar la infraestructura en las cadenas de suministro en la región.
Sin embargo, no se contemplaron fechas ni plazos para obras de trabajo en la infraestructura fronteriza en la zona.
Empresarios de la ciudad urgieron a autoridades federales y estatales a desarrollar el cruce fronterizo en Santa Teresa para prevenir nuevos bloqueos de mercancías.
Luego de que en abril el Gobierno de Texas intensificó sus revisiones a unidades de comercio en los cruces internacionales.
En ese momento el puerto de Jerónimo-Santa Teresa absorbió el 40 por ciento de cruce de cargas durante las revisiones en Córdova y Zaragoza.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga estimó que las pérdidas por los retrasos provocados por las revisiones fueron de 42 millones de dólares.
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