Cerca de 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Fiscalía General del Estado (FGE); que se asignaron como escoltas a Javier Corral y funcionarios de primer nivel de la Administración pública, fueron puestos a disposición de las corporaciones de seguridad estatales; tras la negativa del Congreso estatal de aprobar el mecanismo de protección a funcionarios salientes.
Hasta el momento, los oficiales asignados a la vigilancia de Javier Corral, César Peniche y Emilio García no han recibido instrucción alguna.
Los elementos se dividían en unos 15 para cada funcionario, en dos turnos de 12 horas.
A unas horas de la toma de protesta, la gobernadora María Eugenia Campos declinó la vigilancia de la AEI y conservó escoltas adscritos a la dirección de Seguridad Pública.
En tanto, se espera que otros funcionarios que mantienen origen en la Administración capitalina, conserven la seguridad a cargo del Ayuntamiento de Chihuahua.
Al respecto, Gilberto Loya; secretario de Seguridad, afirmó que se manejaría con discreción el número de escoltas asignados para los funcionarios públicos estatales.
Dio a conocer que la gobernadora Campos Galván actualmente cuenta con «la seguridad necesaria para gobernar el estado”; dejando entrever que no será personal estatal quien asuma su seguridad.
La asignación de escoltas es un tema confidencial en cuanto a cantidad de personal para cada funcionario.
«Se dispone de elementos de acuerdo al riesgo; sobre todo por las decisiones que se toman en el tema de gobernabilidad y del combate al crimen», dijo.
El futuro de los oficiales a cargo de la seguridad de los funcionarios es incierto; y también perderán prestaciones económicas y bonos por su encargo.
En el año 2018, un total de 200 policías de la FGE se encontraban comisionados en el cuidado de la integridad de empresarios y funcionarios.
Dicha situación provocó en su momento una alta presión social, ya que no estaban en patrullaje pese a la alta incidencia delictiva.
Asignación de escoltas… para después: Congreso
El presidente del Congreso del Estado, Mario Vázquez, señaló que no era un tema prioritario la asignación de personal de seguridad a funcionarios salientes.
«En este momento, como lo dijo el equipo de transición y la propia gobernadora electa; Maru Campos, las finanzas del Estado están muy vulneradas y habrá momento para discutirlo, pero no es prioridad en este momento”, dijo.
Los líderes estatales del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron para que el Congreso local resolviese «rápidamente».
Para el presidente del comité directivo estatal del PRI, César Alejandro Domínguez, los funcionarios estatales deberían tener una custodia personal.
«Siempre y cuando se haga un análisis de los riesgos que presenten», manifestó.
Reiteró la importancia de establecer una temporalidad, con el fin de que no sobrepase un plazo en el que el costo al erario sea significativo.
Insistió que los legisladores deben debatir al respecto, con el fin de que la autorización de personal no esté supeditada hacia una persona; sino que se establezca a la figura institucional.
En su oportunidad, Rocío Reza, presidenta del comité directivo estatal del PAN, afirmó que la discusión en torno a la aprobación de la iniciativa es un asunto de Estado que debe regularse.
“Es un tema que discutirá el Congreso. Debe analizarse cada caso; del gobernador como en el de otros funcionarios cuya labor en lo público repercute y puede generar una amenaza en lo privado”, dijo.
“Hablamos en casos muy específicos, dónde lo más adecuado es generar mesas técnicas para definir cada caso en particular”, explicó.
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