Sergio Meza, director del Plan Estratégico de Juárez (PEJ), expuso que desde su experiencia, las denuncias presentadas por casos de corrupción política en varias administraciones “no avanzan mucho” porque hay poca voluntad.
“Hasta ahora es poca la respuesta de las instancias responsables de sancionar las conductas de los funcionarios que transgreden la ley, sobre todo en la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Municipal. No vemos voluntad, dado que hemos presentado varias denuncias muy integradas y no avanzan nada”, dijo.
Recordó que desde el 2022 presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, contra el actual presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por la adjudicación directa de decenas de contratos que tenían que ser concursados, de acuerdo con las disposiciones de Ley de Adquisiciones del Estado.
Se trata de paquetes de varios contratos con alto riesgo de corrupción también por aparentes sobreprecios y reglas a modo para favorecer a ciertos proveedores, mencionó.
Después de un año y medio de presentadas no ven avances significativos, dijo.
“Esperamos que la Fiscalía Anticorrupción practique una investigación profunda y que las irregularidades que documentamos, se resuelvan y en su caso se judicialicen contra los funcionarios incumplidos”, sostuvo.
La denuncia ciudadana a contracorriente
Pero también reconoció que la Fiscalía Anticorrupción ha dado señales de que tienen una mejor voluntad, aunque los resultados aún están por verse.
“Estamos en contacto con el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín, lo cual se reconoce porque la anterior fiscal –Gema Chávez– nunca estuvo disponible. Incluso parece que esta pidió que no le movieran a nada”, dijo Meza.
Respecto al desempeño de la Auditoría Superior del Estado, cuya titularidad recae en Héctor Alberto Acosta Félix, comentó que no ha resuelto nada importante, en comparación con la magnitud de la corrupción que los juarenses perciben.
Destacó que Juárez ha padecido Gobiernos corruptos y los responsables no son acreedores a las sanciones que se merecen.
Sin embargo, consideró que hoy más que nunca, las entidades de fiscalización, procuración e impartición de justicia tienen la oportunidad de demostrar a la sociedad que es posible cortar de manera eficiente el círculo vicioso de la impunidad y la corrupción.
No quitan el dedo del renglón
Recordó que cada peso secuestrado por la corrupción deja de servir a la comunidad. Las licitaciones a modo o simuladas, los sobreprecios y otras prácticas, las negociaciones en lo “oscurito” con los empresarios, son un atentado contra la calidad de vida de los juarenses porque se deja de construir la infraestructura, de brindar los servicios y programas orientados a la satisfacción de los derechos ciudadanos.
Subrayó que los empresarios son actores relevantes para el combate a la corrupción, de tal manera que desde los organismos empresariales por el bien de la ciudad, son necesarios los códigos de ética que estimulen las buenas prácticas y desalienten las que no lo son.
“En un estado democrático, las instituciones correspondientes tienen que investigar y sancionar las conductas de los malos funcionarios; puesto que en cumplimiento con el principio de democracia participativa, la rendición de cuentas es un derecho fundamental”, señaló Meza.
Mencionó que aunque las instituciones responsables del combate a la corrupción quedan mucho a deber a los juarenses, sin embargo, desde el Plan Estratégico, no quitarán el dedo de renglón.
Recordó que aunque los avances son pocos, es muy importante que los funcionarios sepan que sus conducta permanentemente se encuentra bajo escrutinio público y pese a que la justicia no es la deseable, los ciudadanos se la cobran con su voto en las urnas.
“Convocamos a la sociedad juarense para que estén muy pendiente sobre cómo resuelve el titular de la Fiscalía Anticorrupción y todo su equipo, tanto nuestras propias denuncias como las presentadas por diversos actores políticos y ciudadanos”, insistió Meza.