En Chihuahua las leyes aprobadas y publicadas tienen un costo millonario y representa menos del 5 por ciento del trabajo legislativo.
Del 2018 al 2021, el Congreso estatal tuvo un presupuesto acumulado de mil 453 millones 55 mil 881 pesos. En ese tiempo aprobó 22 leyes, lo que representa el 1 por ciento del trabajo legislativo y la promulgación de mil 71 decretos.
Del 1 de septiembre del 2018 al 23 de diciembre del 2021, la Legislatura solamente logró la aprobación de 22 leyes; si se compara con el presupuesto ejercido en ese periodo de tiempo, entonces cada ley tuvo un costo superior a los 66 millones de pesos.
Algo similar sucede con la legislatura que le precedió.
Del 1 de octubre de 2016 al 31 de agosto del 2018 el trabajo legislativo se tradujo en la aprobación de 33 leyes; además de 897 decretos. En este periodo la creación de leyes representó el 2.3 por ciento de la labor legislativa.
En esos tres años el Legislativo estatal acumuló un presupuesto de mil 50 millones 784 mil 232 pesos; podemos traducir que cada ley tuvo un costo de 31 millones 841 mil pesos.
Las cifras muestran que, de una legislatura a otra, el costo de la creación de leyes se incrementó en más del doble; al pasar de 31 millones 841 mil pesos a 66 millones 47 mil pesos.
Este año el Congreso estatal se aprobó un presupuesto de 565 millones 273 mil 939 pesos, similar al ejercido durante el 2020.
Hay que recordar que durante este año el colegiado se redujo el presupuesto por la contingencia sanitaria.
El costo de una iniciativa legislativa debería ser el resultado de sumar el valor del tiempo de trabajo utilizado por el congresista y sus asesores.
Además, el esfuerzo de reunir información para sustentar la proposición, así como los recursos físicos como energía eléctrica, de telefonía, Internet y equipos de oficina.
Entre la legislación creada durante esas dos legislaturas podemos resaltar la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes en 2016; la Ley de Alcoholes estatal en 2017; Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Derechos de las Personas Mayores, ambas en 2018.
Además de la Ley de Fiscalización Superior del Estado en 2019 y las Leyes de Transporte y la de Adopciones estatal en 2020.
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