Personal de la Delegación de Programas de Bienestar, de la Federación en Juárez, reparte casa por casa, un librillo titulado “La verdad del agua en Chihuahua”, en el que difunde información de personajes a los que acusa de ser los “instigadores” de violencia en el conflicto que enfrenta con Gobierno del estado y agricultores.
El título aparece con letras moradas, sobre un fondo en el que se observa el mapa de la república mexicana, en la que está sombreada el color verde, las zonas en las que se ubican las cuencas de agua de los ríos de la Frontera Norte.
En la contraportada tiene una leyenda que dice: “El Gobierno de México ha buscado en todo momento una salida que respete los derechos de todos y que permita cumplir a los agricultores y a México con sus compromisos internacionales”.
En su interior contiene un texto con un encabezado largo: “Políticos del PAN y del PRI han sido los principales opositores al cumplimiento del tratado”; enseguida, despliega información de los personajes aludidos.
Acusa, “por el PAN” a Andrés Valles, del que dice “el principal incitador a la violencia, quien tiene una denuncia penal por vender el agua con sobreprecio”, mientras que se lanza sobre el alcalde de Meoqui, Ismael Pérez Pavia, que “en su gobierno se construyó una planta cervecera de Heineken que consume grandes volúmenes de agua”.
De Mario Mata Carrasco, diputado local, señala que durante su gestión al frente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS), autorizó un proyecto inmobiliario de 700 millones de dólares con lago privado.
En el contexto de las protestas que derivaron en la toma de la presa La Boquilla, acusa al, diputado estatal, Jesús Valenciano, de participar en actos violentos, además de ser apoyadores Gustavo Madero y María Eugenia Campos, senador y alcaldesa de Chihuahua, respectivamente.
Los empleados, quienes portan un chaleco con insignias oficiales y el lema “Servidores de la nación”, se toman un tiempo para ampliar el contenido del librillo, ampliar la información y responder a dudas.
En su hoja interior, se reseña presuntos actos de corrupción de exgobernadores priístas, además de otros funcionarios públicos a los que señalan de haber participado en actos violentos.
