En sentido contrario a lo que han pretendido desde los gobiernos estatal y federal, de no informar con claridad y transparencia sobre los recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, ayer el Comité Técnico de dicho ente público respaldó al representante de la sociedad civil Manuel Sotelo Suárez.
A petición de Sotelo el Comité Técnico acordó pedir de manera formal que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informe si están o no en riesgo de perderse los recursos concesionados que ingresan por el peaje de 4 puentes internacionales localizados en los municipios de Juárez y Guadalupe.
Desde finales del año pasado el también presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez se convirtió en un integrante incómodo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por sus constantes señalamientos contra las decisiones autoritarias del actual gobierno.
Lo anterior relacionado a la disposición de recursos del fideicomiso para la construcción de puentes enanos en las avenidas Francisco Villarreal y De Las Torres, y otras obras como la Ruta Troncal del BRT2 en la avenida Tecnológico, que han causado molestias en distintos sectores sociales y académicos.
El actual gobernador Javier Corral, que antes de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo defendía las voces ciudadanas críticas, actualmente califica dichas expresiones despectivamente como politiquería, como lo dijo él mismo en un acto público en Ciudad Juárez el 10 de febrero de este año.
“Que logremos imponer la verdad sobre la politiquería”, fue la frase que usó.
Sotelo fue escuchado ayer en la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico, después que se hizo pública la intriga orquestada desde el CCE y con la participación del propio director del Fideicomiso Sergio Madero -así lo reconoció él mismo en una conversación por WhatsApp con este reportero- para tratar de expulsarlo.
“Hicimos una manifestación de un oficio que presentamos el 16 de diciembre del año pasado y que no tuvimos la oportunidad de hacer este comentario en la primera reunión que tuvo el fideicomiso el 3 de julio porque no pudimos estar ahí”, refirió Sotelo en un comunicado emitido este jueves.
Para poder ingresar a la reunión el representante de la sociedad civil se vio forzado a implementar una estrategia legal en la que primero envió una carta al fiduciario Banobras, al director del Fideicomiso y al gobernador en la que pedía se aclarara si seguía teniendo la representación ciudadana, ya que le había sido impedido el acceso.
No tuvieron más remedio que contestarle que su posición seguía vigente, mostrando una falta de respeto a la comunidad juarense porque hasta el cierre de este reporte no han dado una justificación ni explicación pública para el atropello cometido el 3 de julio.
Norte Digital ha buscado insistentemente que al menos el director del fideicomiso responda, pero éste ha preferido guardar silencio.
Con todo y que después de escuchar el planteamiento de Sotelo para pedir que la SCT aclare la situación, su petición fue aprobada, en la discusión del tema el secretario de Obras Públicas Gustavo Elizondo se opuso.
Consejeros presentes confirmaron que Elizondo comparó la petición de la aclaración a la SCT, como si el Fideicomiso tuviera que preguntarle a la instancia federal si se podían pintar rayas amarillas.
A pesar de la postura intransigente del secretario, de los múltiples intentos del actual gobierno por anular la voz crítica del represente de la sociedad civil y la pasividad de la SCT, el acuerdo del Comité Técnico obliga a que se le envíe un escrito a la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT para que aclare si con la manera de aplicar los recursos -usándolos simultáneamente para obras en los puentes y obras en la ciudad- se pone o no en riesgo el Título de Concesión.
“Por un lado hay gente que dice que esta bien y que no tenemos el riesgo de perder la concesión y por otro lado, nosotros y los que hemos visto, estudiado y consultado, pensamos que existe ese riesgo”, precisó Sotelo a través del comunicado difundido más temprano.
Luego explicó que una vez que la dependencia federal responda, el tema estará totalmente resuelto y la comunidad podrá estar tranquila en cuanto a que los recursos se están aplicando de manera apegada a la ley.
Norte Digital buscó una versión por parte de la oficina de la SCT en Chihuahua que encabeza Julio César Huerta y del delegado de programas del bienestar Juan Carlos Loera De la Rosa, pero al cierre de esta nota ninguno de los dos funcionarios federales habían contestado.
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