Sin incluir algún mensaje de apoyo a la familia de la niña de 3 años que al parecer fue atacada sexualmente dentro de sus instalaciones, el Colegio Americano Misiones envió ayer un comunicado a su comunidad educativa en el que informa que está colaborando con la Fiscalía general del Estado (FGE) para esclarecer los hechos.
En el documento, afirma de forma reiterada que la institución cumple con protocolos de seguridad para el bienestar de sus estudiantes.
El posicionamiento no fue enviado a medios de comunicación y tampoco se comunicaron con Norte Digital para responder a una petición de entrevista que se planteó directamente en sus instalaciones antes de informar sobre el caso.
Fueron padres de familia, no relacionados con la familia de la pequeña, quienes compartieron su preocupación con este medio y dieron a conocer la comunicación que emitió la escuela privada.
“De ninguna manera el colegio ha pretendido actuar de manera hermética frente al caso, sino que el actuar del colegio ha sido con la finalidad de no afectar las investigaciones de la Fiscalía y sobre todo para no revictimizar a la menor de edad”, plantea el boletín.
El documento, atribuido a la directiva del Colegio Americano Misiones, sin ningún nombre de algún funcionario responsable, inició remarcando que han demostrado a su comunidad educativa tienen como objetivo principal “el bienestar y seguridad de todos nuestros estudiantes dentro y fuera de las instalaciones del colegio”.
Indica que cuentan con protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato y que han implementado diversas medidas de seguridad para prevenir actos que pongan en peligro a los estudiantes.
Incluso, plantea que esas medidas pueden ser corroboradas con la sola visualización de las instalaciones, el equipamiento de vigilancia, el actuar diario del personal académico y administrativo, y “todos los protocolos de seguridad que se ejecutan todos los días”.
“Se encuentra garantizada la seguridad de nuestros estudiantes en todas las instalaciones del colegio”, insiste.
En la segunda parte del posicionamiento, indica que la FGE les pidió por oficio el 12 de febrero diversa información y videograbaciones de las cámaras de seguridad, pero sin indicar nada sobre lo que había pasado.
Sin embargo, reconoce que, a la siguiente semana de la recepción del oficio, la familia de la niña compartió lo que había ocurrido tanto en reuniones presenciales como en grupos de WhatsApp.
Cuando este medio de comunicación buscó que la institución diera su versión de los hechos, optó por enviar un mensaje de que solo atendía con previa cita y guardó silencio.
El mensaje enviado a los padres de familia, del que fue compartida una copia íntegra con Norte Digital, aclara que el colegio no es parte del proceso legal ni tiene acceso a las investigaciones, pero ha colaborado “de una forma transparente y comprometida con la Fiscalía para llegar a la verdad del caso y que se determine lo que en derecho proceda”.
En los últimos párrafos la directiva del plantel, ubicado en la zona de Misiones, informa que la persona acusada ya no labora con ellos y remata reiterando apoyo total “a toda nuestra comunidad educativa, en cualquier caso, donde se vea en riesgo el bienestar y seguridad de nuestros estudiantes”.
Desde el jueves por la mañana se solicitó una postura oficial de la Fiscalía de la Mujer (FEM), pero hasta el cierre de esta nota no ha sido proporcionada.
De acuerdo a la información que dieron a conocer fuentes allegadas a la investigación, que mantienen la petición de omitir su identidad para evitar represalias, la pequeña de tres años 11 meses, quien ya cumplió 4, fue atacada dentro del colegio.
La presunta agresora es una enfermera contratada por la institución, que fue identificada como Leslie Aracely R. C., de 25 años de edad, originaria de la ciudad de Chihuahua.
En la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, de la FEM se mantiene abierto el expediente número 37-2026-03423, iniciado el 10 de febrero de este año.
En ese documento consta, señalaron las fuentes consultadas, que ya existe orden de aprehensión girada por un juez en contra de la presunta responsable.
Sin embargo, dijeron, no pudo ser cumplimentada porque la acusada recurrió a un amparo, lo cual significa que la presunta tuvo conocimiento de que había una investigación en su contra y logró protegerse.
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