En una casi impecable maniobra política, similar a aquellas de cuatro bandas ejecutadas por los másters de billar, fue la que realizaron autoridades locales y estatales para maniobrar y obtener el respaldo de dos proyectos de alto calado: el Juárez Iluminado y el Plan Juárez de seguridad, avalados por el Cabildo y la Federación, respectivamente.
Por un lado, el proyecto más emblemático de la administración independiente del alcalde Armando Cabada, y por el otro la renovación de la fallida estrategia de seguridad que ha provocado tanto dolor de cabeza y deterioro a la vapuleada imagen del gobernador Javier Corral.
Ambos proyectos, estrechamente correlacionados, según las evidencias. Uno no puede ser concebido sin la aprobación del otro, y prueba de ello es la inclusión del plan de alumbrado en el proyecto de seguridad presentado la semana pasada al secretario federal de seguridad, Alfonso Durazo.
Pero tanto Corral como Cabada se empecinan en hacer creer a los ciudadanos que ni uno ni otro proyecto deben ser tratados con sesgos partidistas o de conveniencia, cuando la realidad es que el tufo y la conveniencia política se perciben por todos lados que se les mire.
El pasado martes, al término de la sesión extraordinaria de Cabildo y luego de la aprobación casi unánime del proyecto para sustituir la totalidad de las 110 mil luminarias del servicio de alumbrado público de Juárez, en los pasillos de la presidencia municipal el rumor era el mismo: la actitud de los regidores panistas Enrique Torres y Amparo Beltrán, de votar a favor del plan de Cabada por instrucciones del gobernador Corral y del comité estatal (en lugar de votar en contra como les fue ordenado por el comité municipal), sacó a flote lo que aparece como una negociación de alto nivel entre Estado y Municipio de Juárez para que el PAN apoyara el plan de iluminación, a cambio de que Cabada se sumara, sin ningún tipo de objeción, al proyecto corralista para restablecer la seguridad en nuestra ciudad, según fue anticipado el pasado viernes, con el aval de Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, quien cayó en una penosa contradicción al venir a Juárez a “palomear” la iniciativa estatal en materia de seguridad, cuando Corral emitió durísimas críticas no solo contra la creación de la Guardia Nacional, sino al mismo presidente López Obrador y su plan integral de seguridad etiquetándolo de “antifederalista”. Pero Durazo aquí estuvo para echarle confeti al nuevo proyecto del gobernador panista para en combate a la inseguridad (dicen que ahora sí con renovados criterios de coordinación no mostrados en los últimos años).
Pero volviendo al tema de los acuerdos en lo oscurito, tanta similitud tienen ambos proyectos que son presentados en momentos de alto voltaje en el enrarecido ambiente político, en donde aparece como tercer actor el municipio de Chihuahua, cuya alcaldesa Maru Campos al igual que Cabada, encabezan en este momento sendos proyectos (de independientes y panistas) para contender por la gubernatura en 2021. Ambos ayuntamientos le apuestan a un mismo plan de sustituir la totalidad del sistema de alumbrado público, ambos con presupuestos similares que rondan los 6 mil millones de pesos, y ambos -según el rumor colectivo- con el colmillo listo para sacar tajada para el financiamiento de sus respectivas campañas para el propósito electoral que les ha quitado el sueño.
¿Alguien en este momento podrá atreverse a negar que Maru y Cabada de manera anticipada han puesto la maquinaria en marcha para la construcción de su proyecto personal para convertirse en los sucesores de Corral, y este último -a su vez, tras bambalinas- pretende ser el futuro inquilino de Palacio Nacional?
Corral y Cabada han quedado exhibidos una y otra vez por su distanciamiento desde el inicio de sus respectivos gobiernos, confrontados por el tema de seguridad y la designación del jefe de la policía en Juárez. Han tenido visiones opuestas incluso en el tema del manejo de los recursos de los puentes internacionales, pero también en asuntos de índole electoral se han lanzado dardos venenosos en ambas direcciones, como aquella ocasión cuando, en las elecciones de 2018, Corral reconoció el triunfo de González Mocken como alcalde, mientras en la Ciudad de México Cabada acusó de intromisión al gobernador por intentar perjudicar el proyecto independiente que finalmente, y gracias a una maniobra en los tribunales electorales, dio la voltereta al resultado de los comicios para reelegirse como alcalde.
Gobernador y alcalde públicamente aparentan una buena relación, pero son como el agua y el aceite, la luz y la sombra. No se tragan el uno al otro, pero deben soportarse ante los reflectores y las cámaras. Pero aún así, el jefe del Ejecutivo mil veces preferirá apoyar a Cabada que permitir que Morena llegue a la gubernatura en 2021.
En medio de todo ese contexto, en el ánimo y el interés político de ambos personajes se ha permitido alcanzar el establecimiento de un doble acuerdo con propósitos comunes: Corral necesita del respaldo de Cabada para catapultar su plan de seguridad luego del rotundo fracaso de dos años y medio de fallas, y Cabada a su vez necesitará del aval de la mayoría panista en el Congreso local (controlado por el gobernador) para avalar su polémico proyecto Juárez Iluminado, como seguramente ocurrirá, según las lecturas que entre líneas se desprendieron luego de que los regidores panistas de Juárez recibieron órdenes directas de Chihuahua para votar a favor del plan cabadista.
En medio de tanta contrariedad no se puede dejar de mencionar el repudio de una mayoría de panistas juarenses en relación con la actitud divisoria del “primer panista del estado” quien aún no digiere el trago amargo tras el fracaso en la elección interna del comité de Juárez, donde su “gallo” José Márquez terminó en tercer lugar. El panismo fronterizo marcó allí su distancia con el gobernador, al apoyar a la corriente renovadora de Joob Quintín, arropada por otros actores antagonistas del gobernador como aquel que integran el grupo liderado por Maru Campos, Carlos Borruel, Mario Vázquez, Daniela Terrazas, César Jáuregui Moreno y una larga lista de etcéteras.
Es por estas, y otras razones fundadas en la ingobernabilidad, por las que han comenzado a presentarse expresiones casi unánimes entre la sociedad que demandan se aplique con todo rigor la revocación de mandato, en los términos planteados por la Ley de Participación Ciudadana, vigente a partir de junio del año pasado.
Hablar de la terminación anticipada de la gestión como gobernador de Javier Corral es un tema del que muchos podrían asegurar se trata de una “volada” sin fundamento. Pero no es así.
Ya el Instituto Estatal Electoral dio entrada el pasado mes de marzo a una sorpresiva petición ciudadana, sustentada legalmente, para solicitar el referéndum revocatorio aplicable al jefe del Ejecutivo, añadiendo a sus argumentos el hartazgo ciudadano por la infinidad de omisiones en la administración estatal y la falta de tacto para atender las prioridades que existen en el estado grande.
Como ingrediente adicional explosivo en el caso de la posible revocación, habrá de sumar el hecho de que la mayoría de los actuales consejeros electorales operan desde la pasada administración de César Duarte, tema que empieza a preocupar al primer círculo de colaboradores corralistas. Los días por venir serán cruciales para la permanencia o no del gobernador en su cargo, de acuerdo con lo que resuelva el IEE. La tensión se hospedará en Palacio por lo menos en las siguientes dos semanas.
Pero también en esa misma tesitura se ubica al alcalde de Juárez, a quien desde el año pasado -a través de plataformas digitales como change.org y de Facebook- se exige la revocación a su mandato. La mitad de los electores en la frontera no le perdona a Cabada el haberle arrebatado la alcaldía a Super Mocken vía impugnación.
Estamos ante un momento histórico de hartazgo social hacia los gobernantes. El enojo de un amplio sector ciudadano es evidente en casi todos los círculos de la vida cotidiana por el cúmulo de promesas rotas, el desapego de los gobernantes con la población y la negativa de someter a consulta sus proyectos que terminan siendo personales para privilegiar su futuro político.
El Juárez Iluminado debió ser sometido a consulta, y el plan privado de seguridad para recuperar la paz debió incluir la participación ciudadana. En ambos casos se asoma el interés particular de sus promotores, no el interés público. Así trascienden las negociaciones en lo oscurito donde todos sacan tajada, mientras el pueblo aguanta.
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