El nepotismo, entendida como la práctica de favorecer a familiares en línea directa para ocupar cargos públicos, obtener concesión o candidaturas electorales, es una de las más criticadas y debatidas, pero poco reglamentadas.
Actos como el que una persona ocupe un cargo electoral y, al mismo tiempo, un hermano, padre o hijo sea postulado a otro en el mismo estado o municipio, no está completamente prohibido explícitamente en la ley.
En el ámbito gubernamental, el nepotismo es sancionado a través de leyes como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece penalizaciones para servidores públicos que incurran en esta práctica.
Además, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal vigila y actúa contra actos de corrupción, incluyendo el favoritismo en contrataciones.
Sin embargo, nada impide que dos o más miembros de una familia sean contratados en el sector público o contiendan por cargos de elección popular.
En Chihuahua, algunas limitantes… y no más
La legislación electoral del estado no establece ningún impedimento para que dos o más familiares sean candidatos al mismo tiempo e, incluso, por igual partido político.
Tampoco se fijan límites para personas que tengan una relación de parentesco con otra que está en ocupando otro cargo de elección popular.
En otras etapas de la política local, hermanos, padres y cónyugues han coincidido en participaciones electorales y ningún artículo de ninguna ley, como tampoco de la Constitución, se los ha impedido.
En la actualidad, no se discute ninguna iniciativa en el Congreso local para reformar leyes o artículos constitucionales que establezcan una limitación de participación electoral de familiares.
A nivel nacional, previo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, existe un antecedente en el estado de Nuevo León.
En diciembre del 2023, la diputada del PRI por esa entidad, Cynthia López Castro, presentó una iniciativa que llamó Ley Antinepotismo, con la cual pretendía impedir que padres, hijos y conyuges se postularan en épocas similares.
Su proyecto legislativo contemplaba que ningún familiar podía ser postulado a un cargo de elección popular en la misma entidad, sino hasta tres años después de haber concluido el cargo de su pariente cercano.
La iniciativa se presentó a propósito de la postulación a la Presidencia Municipal de Monterrey de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador en funciones, Samuel García.
Finalmente, se registró como candidata a dicho cargo por el partido Movimiento Ciudadano, que también había postulado a su esposo para la gubernatura del estado en años anteriores.
Las limitantes, solo en el ámbito administrativo
Los impedimentos a contratar familiares se concentran únicamente en aspectos administrativos de la legislación local, los cuales establecen prohibiciones expresas a ese respecto.
Uno de esos preceptos es el Artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el cual señala que los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o adjudicar contrato o pedido alguno de familiares.
El texto de dicho artículo menciona a la letra que no podrán intervenir en cualquier etapa del procedimiento de contratación las personas que tengan interés personal, familiar o de negocios, con su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
A nivel nacional, en las mismas
Por otro lado, en el sector privado no existe una prohibición explícita contra el nepotismo. Las empresas tienen la libertad de establecer sus propias políticas de contratación, aunque muchas optan por implementar códigos de ética para evitar esta práctica, ya que puede afectar la productividad y el ambiente laboral.
A nivel constitucional, el principio de igualdad y no discriminación establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirve como un marco general para evitar favoritismos injustificados. Sin embargo, la falta de una ley específica que regule el nepotismo en todos los sectores sigue siendo un tema de discusión entre expertos y organizaciones civiles.
En conclusión, mientras el nepotismo está parcialmente regulado en el sector público, su control en el ámbito privado depende de la voluntad de las empresas. La transparencia y la meritocracia continúan siendo pilares fundamentales para construir un sistema laboral más justo y equitativo en México
