La frontera es un lugar lleno de esperanza, tan cerca de los Estados Unidos, que invita a venir a todos aquellos que tienen la ilusión de cumplir el tan anhelado “sueño americano”.
Los testimonios de quienes fueron las víctimas de las 4 personas que están siendo juzgadas en la Sala 1 de apelaciones, dentro de Ciudad Judicial, son un ejemplo de un sueño americano que se convirtió en la peor de las pesadillas juarenses.
Durante esta jornada, Adriana D.C., Deyra Itzel R.D., Jesús Salvador C.S. y Luis Carlos M.C. enfrentan a la justicia por ser presuntamente responsables del secuestro agravado en contra de al menos 6 migrantes mexicanos, durante los meses de octubre y noviembre de este año.
La casa de los horrores
En la segunda audiencia de vinculación o no a proceso penal, el Juez de Control encargado de la resolución comenzó a relatar el resumen de los hechos por lo que este día, los 4 acusados enfrentan a la justicia.
La mayoría de las historias de quienes denuncian empiezan de la misma manera: provenían de estados del centro y sur de la República, como Tlaxcala, Nayarit o Oaxaca, llegaron a esta frontera por medio de un avión, fueron recogidos en el aeropuerto por aquellos que prometieron cruzarlos a los Estados Unidos, pero terminaron perdiendo su libertad y quedaron hacinados dentro del domicilio marcado con el 2517 de la calle Galeana, en la colonia Infonavit Casas Grandes.
Los testimonios detallaron como después de recogerlos en el aeropuerto, sus captores les quitaban los celulares “para que no supieran dónde estaba la casa”, posteriormente los metían dentro de la vivienda, donde eran maniatados y forzados a realizar videos pidiendo dinero a sus familiares para que los liberaran.
Durante la filmación de los videos, eran maniatados, golpeados e intimidados con frases como “esto no es un pinche juego” o “cooperan o nos vamos a pasar de verga”.
Algunos aseguraron que, desde su llegada hasta el final de su cautiverio, fueron víctimas de múltiples maltratos físicos y psicológicos, que iban desde amenazas de muerte a ellos y a sus familiares, hasta castigos físicos, como tablazos en el cuerpo.
Además, afirmaron que durante el tiempo que permanecieron secuestrados, vieron cómo los miembros de la banda asesinaron a una persona, ahorcándolo con una bolsa hasta que le cortaron totalmente la respiración.
En el recuento de hechos elaborado por el Juez de Control, mencionó que los miembros de la banda fueron plenamente identificados 16 veces, en distintos ejercicios, por sus víctimas; Adriana D.C. fue reconocida como La Mamá, que se encargaba de recibirlos una vez que llegaban al domicilio y que cuidaba que no vieran por las ventanas, en compañía de su hija Deyra Itzel R.D.
Jesús Salvador C. S. fue identificado como El Barbas, presunta pareja sentimental de Deyra y quien era el encargado de los castigos físicos y de la elaboración de los videos de amenaza que iban dirigidos a los familiares de las víctimas.
Por su parte, a Luis Carlos M.C. lo describieron como El Polvos, quien también era encargado de golpear y amenazar a las víctimas y quien les pedía pruebas a los familiares acerca de los depósitos bancarios para liberar a las personas raptadas.
Junto con ellos, operaban al menos otras 3 personas al interior de la casa, quienes posteriormente fueron detenidos y son juzgados aparte, por tratarse de menores de edad.
Los testimonios detallan que, antes de amenazarlos o golpearlos, sus captores llamaban a una persona que estaba fuera del domicilio, identificado como El Patrón o Padrino, quien daba la orden de lo que debía hacerse con ellos.
El cautiverio de las personas terminó la noche del 8 de noviembre, cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigación irrumpieron en el domicilio para rescatar a las víctimas y arrestar a los presuntos secuestradores ligados con el Cartel de Juárez.
Una discrepancia que modificaba el rumbo de la historia
El abogado defensor de los imputados, argumentó como parte de su estrategia defensiva, el desistimiento de las pruebas derivadas del parte policial presentado por los agentes de la AEI la noche del 8 de noviembre, debido a lo mencionado por los agentes y a los dichos de uno de los testigos, que había logrado escapar del domicilio antes de que llegaran los agentes.
Según el testimonio del testigo identificado con las siglas JAPG, este había sido liberado durante esa tarde, le habían indicado que esperara en la Central de Autobuses a que pasara un vehículo a recogerlo.
Sin embargo, tras el paso de las horas, nunca llegaron por él y el hombre terminó refugiándose en una taquería cercana, donde fue rescatado por agentes de la Policía Municipal, quienes lo llevaron al domicilio donde había sido secuestrado, para que identificara a sus victimarios.
El defensor advirtió que en la declaración del testigo había una discrepancia entre la fecha en la que aseguraba que habían sucedido los hechos y la mostrada por los agentes en el parte oficial.
No obstante, el juzgador mencionó que la discrepancia había sido superada posteriormente, gracias a la declaración ampliada que había dado la víctima, en la que señaló que había confundido las fechas por el “shock emocional por el que se encontraba”.
Por lo anterior, señaló que únicamente se retirarían de manera parcial las pruebas derivadas del parte oficial de los agentes ministeriales.
Aun con lo anterior, el Juez de Control determinó que había los elementos suficientes para dictar de vinculación a proceso penal por la probable comisión del delito de secuestro agravado, en contra de Adriana D.C., Deyra Itzel R.D., Jesús Salvador C.S. y Luis Carlos M.C.
Asimismo, se autorizó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, debido a la complejidad del caso y a las diligencias necesarias para determinar la culpabilidad o no de los imputados.
Piden protocolo de Estambul
Tras el término del juicio, la banca de la defensa solicitó al Juez de Control el inicio de una carpeta de investigación en contra de los agentes encargados de la detención de sus defendidos el pasado 8 de noviembre, debido a que alegan que fueron víctimas de tratos inhumanos por parte de los agentes ministeriales.
En pocas palabras, los imputados contaron cómo recibieron golpes, patadas, insultos y se les puso una bolsa en la cabeza al momento de su detención.
El Juez de Control admitió la solicitud y solicitó al Ministerio Público el inicio de los trabajos, así como el establecimiento del Protocolo de Estambul, para verificar si realmente los acusados habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos al momento de ser arrestados.
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