Era una época próspera para Luis H. A. y su familia. Gracias a su negocio, no solo podía aspirar a una vida tranquila, sino que también podía darse el lujo de comprar carros y decidir los días en los que podía irse de fiesta, de acuerdo con lo mencionado en las audiencias del juicio oral 126/25, en contra de Ruby Elizabeth R.R. y Diana Laura G.O., por el delito de homicidio calificado.
Aquella tarde del 7 de febrero de 2023, la víctima estaba a punto de hacer un gran negocio, aseguraron sus familiares, ya que recibiría un pago aproximado de 100 mil pesos en sus cuentas bancarias; además, tenía efectivo que utilizaría para añadir un vehículo más a su colección.
Su hijo, a quien le tenía toda la confianza y cercanía del mundo, lo vio con vida por última vez en el Soriana Sanders, cuando le entregó “un dinero” y vio cómo se fue a bordo de su camioneta Ford F-150 blanca.
A las horas, su padre le compartió su ubicación, como una medida de seguridad, “ando aquí en el motel, vine con unas viejas”, decía el mensaje en el que se compartía que el hombre, se encontraba en el Motel Palmeiras.

Esos fueron los últimos mensajes que recibió. Con el paso de las horas, su padre dejó de responder llamadas y mensajes, hasta que finalmente se descubrió la razón de la ausencia.
La madrugada del 8 de febrero, en el cruce de las calles Almendra y Granados de la colonia Granjas Santa Elena, agentes de la Policía Municipal hicieron el reporte de que, al interior de una camioneta Ford F-150 blanca, se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida, al que se le encontraron huellas de violencia, así como varias puñaladas en el cuerpo.
Tras la autopsia, se determinó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por la pérdida de sangre tras las heridas que sufrió, principalmente una que sufrió en el cuello.
Mientras, al otro lado de la ciudad se escribía la siguiente parte del relato.
El arresto de las imputadas y la pieza faltante del rompecabezas
Diana Laura y Ruby Elizabeth conocieron a Luis por medio de redes sociales. El hijo de la víctima, quien testificó en su juicio, aseguró que antes del 7 de febrero había conocido a las imputadas, a quienes vio días antes, cuando visitó el negocio de su padre.
Ellas vivían en el cruce de las calles Linares y Plata, en la colonia Mariano Escobedo. En la madrugada del 8 de febrero, mientras agentes ministeriales localizaron el cuerpo de Luis, ellas fueron arrestadas por agentes de la Policía Municipal, por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.
De acuerdo con lo descrito por los agentes municipales que participaron en el arresto, encontraron a dos mujeres discutiendo al interior de un vehículo Chevrolet Cruze, estacionado al exterior de un domicilio.

Los agentes intentaron calmar la situación, pero ambas estaban alteradas y culparon a los agentes de no intervenir en el homicidio de un amigo suyo. La situación se volvió más tensa y agentes y mujeres llegaron a los golpes, terminando en el arresto de las rijosas.
Hasta ese momento, las mujeres habían cometido únicamente una falta menor, por lo que podrían salir libres en las horas siguientes.
Sin embargo, el hijo de Luis se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) con el propósito de ayudar en las investigaciones del asesinato de su padre. Por medio de un video que grabó, logró recrear las últimas ubicaciones en las que, de acuerdo con una aplicación de geolocalización, había pasado el celular de su padre.
Al final, la última ubicación del celular llegaba al cruce de las calles Linares y Plata, justo en el domicilio de las imputadas.
Además, según testimonios de las empleadas del motel, las mujeres fueron identificadas como las mismas que, entre las cuatro y seis de la tarde, acompañaron al hombre dentro del motel.
La historia vista desde la perspectiva de las empleadas del motel
A lo largo del juicio, se citó el testimonio de diferentes empleadas que recrearon parte de los hechos que sucedieron aquella tarde de febrero. La recepcionista recordó que Luis llegó manejando su camioneta, presumiendo que tenía fajos de billetes en las manos.
Afirmó que vio entrar al hombre con las dos mujeres al cuarto, donde tuvieron un encuentro por aproximadamente dos horas, hasta que las mujeres salieron a buscar ayuda, ya que no podían subir al hombre dentro de la camioneta, debido a que se encontraba inconsciente.
Una de las recamareras del motel señaló que observó como las mujeres intentaban subir a Luis dentro de su camioneta, a quien únicamente escuchó decir que pedía a las mujeres que lo llevaran a su casa, porque se sentía muy mal. Ella no quiso acercarse, estaba embarazada y le parecía que se debía hacer un gran esfuerzo físico.
Otra empleada del lugar, que se encargó de entrar al cuarto después de que salieran las mujeres, observó que el cuarto estaba “inusualmente limpio”. No había la típica suciedad que suele haber luego de un encuentro en un motel, todo estaba en orden, quizás demasiado.

Mencionó que alcanzó a encontrarse con las mujeres, luego de que habían logrado subir al hombre a la camioneta. Una de ellas les dijo que había tomado demasiado, que se estaba bañando y que empezó a vomitar en la regadera, pero eso se lo estaban llevando.
Sin embargo, la empleada aseveró que nunca vio señas de que, siquiera, hubieran utilizado la regadera, por lo que pareció extraño el actuar de las mujeres.
Al final, todas coincidieron en que las mujeres saliendo del lugar manejando la camioneta, mientras el hombre estaba convaleciente en la parte trasera, mismo lugar en el que su cuerpo fue encontrado horas más tarde, sin vida.
El dinero y los celulares que nunca aparecieron
Según los dictámenes periciales elaborados por diversos agentes que intervinieron, tanto en el procesamiento de la escena del crimen, como en un cateo realizado en el domicilio, determinaron que no encontraron algún indicio relevante para la resolución del caso, más allá de dos protectores de celular, que supuestamente pertenecieron al aparato de la víctima.
En la escena del crimen, los agentes de Criminalística señalaron que dentro de la camioneta no se encontró ningún objeto de valor como carteras, celulares o joyería, misma que, según el hijo de la víctima, su padre tenía al momento de que lo vio con vida por última vez.
Uno de los agentes destacó que en la mano de la víctima se quedó una cadena de plata, misma que, según la perito, únicamente pudo sacar gracias a utilizar una herramienta especial, razón por la que se sospechó, pudo haber sido abandonada por las personas que se llevaron las pertenencias.
Al final, la Ministerio Público informó que, ni el celular de la marca Samsung, propiedad de la víctima, así como la cantidad de 100 mil pesos en efectivo que supuestamente llevaba consigo, fueron localizados por los agentes.
Un protocolo de Estambul que fue ignorado
Como parte de las pruebas presentadas por la defensa para defender su teoría del caso, intervinieron dos peritos del Tribunal Superior de Justicia, quienes se encargaron de realizar el protocolo de Estambul a las acusadas, procedimiento que se realiza para verificar si las personas detenidas por elementos policiacos fueron víctimas de tortura al momento de su arresto.
Según los testimonios, las imputadas dieron positivo a los síntomas de padecer estrés postraumático, consecutivo a sufrir tortura física, psicológica y sexual al momento de su detención, en febrero de 2023.

Acorde con su relato, cuando fueron detenidas por los policías municipales, un agente de nombre Jonathan había hecho actos de tortura física, así como tocamientos inapropiados en contra de las mujeres.
Sin embargo, al momento de emitir su resolución, la juzgadora no tomó en cuenta ninguno de los aspectos mencionados por parte de los peritos encargados del protocolo de Estambul y se centró en las pruebas presentadas por la representación social.
Una sentencia mínima de un cuarto de siglo
El Ministerio Público solicitó la imposición de la pena máxima a las imputadas, debido a que habían actuado con ventaja, asesinando al hombre sangre fría, robándole sus pertenencias y aprovechándose que estaba indefenso tras sufrir una intoxicación, luego de que las mujeres lo hubieran drogado,
Sin embargo, la jueza enfatizó en que, para determinar la individualización de las sanciones, es necesario que el Ministerio Público presente pruebas para justificar un aumento en la pena.
Por lo anterior, sentenció a las imputadas a realizar un pago superior al millón y medio de pesos, por el concepto de indemnización a las víctimas, así como a pasar 25 años recluidas al interior del Centro de Reinserción Social Femenil número 2.
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