Aunque las “casas de rescate” operan como espacios comunitarios que reciben a personas con adicciones —muchas veces enviadas por la propia autoridad— estos centros enfrentan un trato punitivo del gobierno, que los fiscaliza con criterios rígidos sin ofrecer apoyo para su operación. Así lo denunció Ángel Estrada, colaborador de Renovados en Jesús.
Estrada explicó que las casas de rescate funcionan de manera distinta a los centros de rehabilitación: son de puertas abiertas, no retienen a nadie contra su voluntad y la mayoría ofrece servicio gratuito. Pese a ello, la autoridad utiliza los mismos criterios para supervisarlas y exigirles infraestructura que no tienen la capacidad de financiar.
Recordó que, de manera regular, los policías preventivos canalizan a personas con adicciones o problemas mentales a estos espacios, lo que evidencia que el propio gobierno los reconoce como opción válida cuando necesita responder a emergencias. Pero ese reconocimiento no viene acompañado de apoyo en equipamiento ni en infraestructura mínima.
También señaló que el Estado, por ley, debería ser el órgano rector de la política pública en materia de adicciones, pero en la práctica se limita a inspeccionar y sancionar. “Sería recíproco que la autoridad apoyara en otros rubros, como el equipamiento”, afirmó.
Entre la carencia y el abandono institucional
Mantener estos espacios es una tarea difícil. “No es fácil sostener a 20, 30 o 40 personas: alimento, servicios… puede ser muy pesado y eso hace que haya muchas carencias”, explicó. Entre el 80 y 85 por ciento de los usuarios no reciben visitas ni apoyo económico de sus familiares, lo que incrementa la carga para los centros comunitarios.
Estrada ejemplificó la rigidez de la regulación: la normatividad exige una regadera por cada ocho internos, pero cuando llega una novena persona de manera voluntaria, dispuesta a cambiar su vida, el centro no puede rechazarla. Aun así, la autoridad sanciona por incumplir esa proporción.
Relató que algunos usuarios llegan de dormir en banquetas, tapias o lugares insalubres, pero si durante una inspección los supervisores los encuentran durmiendo en el piso con cobijas —algo común en su proceso de transición— el centro puede ser sancionado o el usuario expulsado por “no tener cama disponible”.
Un caso particularmente doloroso ocurrió cuando un hombre en silla de ruedas fue despedido del lugar durante una supervisión, simplemente porque la casa no contaba con infraestructura adaptada para discapacidad, sin que se le ofreciera una alternativa institucional para continuar su tratamiento. Los propios compañeros lo ayudaban a movilizarse.
Estrada insistió en que las casas de rescate no se oponen a la regulación, pero consideran que las autoridades carecen de criterios para casos específicos y no muestran voluntad para ayudar a resolver necesidades básicas. Recordó que muchas casas nacen cuando una persona que dejó atrás la adicción decide ayudar a otros, pero el proceso de regularización puede tardar meses o años debido al cúmulo de requisitos.
También señaló que sería positivo ampliar la oferta de atención, tanto para quienes buscan tratamientos clínicos —como los del Centro de Integración Juvenil (CIJ)— como para quienes optan por un acompañamiento cristocéntrico.
Aseguró que el gobierno reconoce la utilidad de estos espacios, pues incluso policías llevan a personas con adicción a las casas. “Entonces tampoco se rechazaría si hubiera una iniciativa del gobierno para instalar regaderas o camas, entre otro equipamiento”, agregó.
Estrada lamentó que estos centros sean relegados al último lugar en la lista de prioridades oficiales, bajo la idea equivocada de que las personas con adicciones “merecen” las consecuencias de sus decisiones, lo cual termina criminalizándolas.
Defendió el derecho de las personas a ayudar a otras y describió la lucha contra la adicción como un proceso complejo: “Una parte de ellos quiere ya dejarlo, quiere cambiar de vida, y otra parte desea eso a lo que está adicto en términos emocionales y físicos”.
Por ello, sostuvo, la recuperación no puede enfrentarse en soledad. Requiere algún tipo de apoyo clínico, espiritual o psicológico. Y no es mediante la persecución, concluyó, como se resolverá el problema, sino a través de la colaboración entre gobierno y sociedad.
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