Los recursos adicionales que se recauden por el incremento al Impuesto Sobre Nóminas —que pasó del 3 al 4 por ciento y estará vigente en 2026 y 2027— podrán ser usados no solo para “inversión pública productiva”, sino también para “saneamiento financiero”.
Así lo establece el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, en su página 9, aprobado el martes 16 de diciembre por el Congreso del Estado.
El nuevo marco legal, vigente a partir del 1 de enero de 2026, se originó en las reformas propuestas por la gobernadora María Eugenia Campos Galván a la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua y otros ordenamientos legales.
El planteamiento no coincide con lo que los secretarios de Hacienda, José Granillo, y de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Martínez, ofrecieron a por lo menos cinco de los siete organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCE).
Supuestamente, los ingresos adicionales quedarían etiquetados “únicamente para proyectos de inversión productiva”, sostuvieron ambos funcionarios en una reunión vía Zoom el 9 de diciembre, apenas siete días antes de que la propuesta llegara a la tribuna del Congreso en Chihuahua. Pero en el texto de la ley no quedó establecido así.
Tampoco se incluyó nada sobre que los recursos generados por el ISN en Ciudad Juárez deberán reflejarse en proyectos e inversiones dentro del municipio “que potencien su competitividad y desarrollo económico, particularmente en infraestructura productiva”.
Mucho menos lo relacionado con presuntas mesas de trabajo en las que —bajo la batuta del CCE— se definirían proyectos prioritarios de inversión productiva, “con base en la proporcionalidad de ingresos obtenidos vía ISN y crédito suscrito”.
De un sistema de monitoreo para “asegurar que los proyectos priorizados estén ocurriendo en tiempo y forma”, como se señala en las conclusiones o acuerdos de la reunión que fueron compartidas con distintos medios de comunicación locales por quienes participaron, tampoco hay nada en la reforma aprobada.
Hubo un compromiso verbal, referido por el director del fideicomiso que administra los recursos para el Centro de Convenciones, Javier Gómez Ito, en el sentido de que el Gobierno estatal pondría 350 millones de pesos en 2026 para completar el costo de la construcción del Centro de Convenciones.
También se socializó entre organismos empresariales que, del 1 por ciento extra aplicado al ISN, se obtendría una bolsa aproximada de mil 200 millones de pesos para esta frontera y que sería de esa fuente de donde se obtendría la cantidad estimada para el centro de reuniones.
“Quedó firmado en una minuta con el secretario de Hacienda y los integrantes del CCE que el uno por ciento iba a ser etiquetado para inversión y que a Juárez se le iba a regresar proporcionalmente en obra, y que el CCE iba a determinar cuál hacer”, señaló el mismo martes 16, en una declaración a Norte Digital, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco), Iván Pérez Ruiz.
“Ese aumento institucional se va en proporción a nosotros y va a haber mil 200 millones de pesos para Juárez, para poderlos invertir”, remarcó.
Menos optimistas que Pérez fueron los representantes de otros organismos como la Asociación de Maquiladoras Index Juárez, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Asociación Local de Agentes Aduanales y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm).
Asimismo, la asociación Desarrollo Económico del Norte (Denac), la Coalición de Transportistas, el Bloque Empresarial Fronterizo (BEF), el Consejo Regional de Autotransporte de Carga (Cracar) y la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez salieron a rechazar la reforma en un posicionamiento público el lunes 15.
Con todo y el rechazo, el incremento del impuesto terminó aprobándose el martes.
Testigos de honor
Pocos meses antes, tanto la gobernadora Campos Galván como el alcalde Pérez Cuéllar habían asistido como “testigos de honor” a la firma de la denominada “promesa de donación” y “promesa de compraventa” de un terreno para la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones de Ciudad Juárez, por parte de la empresaria Laura Zaragoza.
Con sus ocho mil metros cuadrados, el predio ubicado en la intersección de Tomás Fernández y Camino a Ortiz Rubio se percibió como un oasis en el desierto, después de veinte años en los que el proyecto cambió de ubicaciones y succionó recursos públicos por casi 300 millones de pesos, sin ningún resultado.
En la invitación que se hizo circular para la firma, se describió la ocasión —fechada el viernes 25 de julio en un hotel del edificio Cantabria— como “un hito para el desarrollo económico de nuestra ciudad”.
¿Prometer no empobrece?
De acuerdo con una investigación documental de Norte Digital, del ofrecimiento de los 350 millones de pesos por parte del Gobierno no se dice nada en el recién aprobado Presupuesto Estatal ni en las leyes reformadas.
Hasta el cierre de este reporte, ninguna autoridad estatal ha plasmado ese compromiso de manera oficial en ningún evento protocolario ni en oficio escrito alguno.
Lo único que existe, hasta ahora, es una ley que obliga, a partir del año entrante, a que todas las empresas paguen 4 por ciento por concepto de ISN.
La decisión de en qué invertir la diferencia —del 3 por ciento que se cobraba hasta este último mes de 2025— sigue siendo difusa o, por lo menos, no especificada en términos medibles.
¿Qué dice la ley?
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos preceptos de la Ley de Hacienda del Estado —y otros tres ordenamientos— dice textualmente en su exposición de motivos:
“Para el año 2026 la política fiscal continuará enfocada en lograr una mayor recaudación de ingresos propios, por este motivo se plantea el establecimiento de un esquema de tasa transitoria, aplicable durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027”.
Dicha “tasa transitoria” consiste en incrementar del 3 al 4 por ciento la tasa del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), a efecto de que los recursos que dicho incremento genere “se destinen a inversión pública productiva… y saneamiento financiero”.
En dos artículos transitorios incluidos en el nuevo marco jurídico también se apunta que la nueva ley estará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, “sin perjuicio de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”.
Los ingresos adicionales que se obtengan de la tasa, dice el texto, deberán aplicarse “preferentemente” al rubro de inversión pública productiva y el remanente “a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.
Ese artículo sostiene que los ingresos excedentes, derivados de ingresos de libre disposición, deben ser destinados a amortización anticipada de deuda, pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes, pago de sentencias y aportación a fondos para desastres naturales, por citar algunos.
Todo lo anterior cuando la entidad entre en dos de los siguientes posibles escenarios: que su endeudamiento represente 50 por ciento de sus ingresos —lo cual el Sistema de Alertas clasifica como “endeudamiento alto”— o que sea del 30 por ciento, lo cual el mismo semáforo denomina “endeudamiento en observación”.
En el Presupuesto de Egresos del Estado para 2026, la propia titular del Ejecutivo informó que, al cierre del primer semestre de 2025, el pasivo total del Gobierno representaba el 38 por ciento de sus ingresos.
Con ese porcentaje, queda claro que, con la ley aprobada, los remanentes del incremento al ISN sí se van a aplicar al pago de pasivos; lo que no está claro es a partir de qué cantidad aplicada en inversión pública productiva se considerará que ya habrá remanentes.
