De acuerdo a la recomendación 132/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hacia el Gobierno encabezado por María Eugenia Campos, al interior del Cereso Estatal 3 se fraguaron una serie de irregularidades añejas que culminaron en el motín y fuga de 26 reos el 1 de enero de 2023, incluyendo a El Neto, así como el deceso de siete personas privadas de la libertad y de otras diez que se encontraban laborando.
Autogobierno, extorsión, sobornos, falta de vigilancia, falta de cámaras, escaso personal de custodia, permisividades, falta de capacitación al personal y lujos a los internos, fueron parte del caldo que cultivó la masacre y evasión del líder de Los Mexicles.
¿Agentes de Guardia Nacional lesionaron reos?
El organismo derechohumanista se basó en un oficio de la CEDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos) identificado como 3.10s.03/23 donde se estableció que, de acuerdo a testimonios de siete personas lesionadas y que fueron internadas en el Hospital General, fueron elementos de la GN los que accionaron las armas contra ellos.
De acuerdo a los testimonios, los elementos ingresaron a controlar el motín y dispararon sus armas de cargo.
Trasladaron a 191 de los ‘revoltosos’
Se detalla que en un oficiio de la GN fechado el 18 de enero de 2023, que se estableció que la participación de dicha corporación se dio a raíz de que el Centro Coordinador de Operaciones (CECO) de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, solicitó apoyo de esa Institución de Seguridad Pública para dar seguridad periférica en el Cereso.
El apoyo lo solicitaron a las 6:45, los elementos llegaron a las 7:00 horas y se retiraron alrededor de las 14:00 horas, según explicaron.
En los días siguientes al motín y fuga, se dieron traslados a los Centros Federales de Readaptación Social en Almoloya de Juárez, Estado de México; Villa Aldama, Veracruz, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y Villa Comaltitlán, Chiapas.
Se indicó que las 191 personas privadas de la libertad trasladadas fueron a quienes se les identificó como participantes de los hechos violentos acontecidos en el interior del Cereso de Juárez.
Quince mujeres a investigación
Se estableció que en un acta circunstanciada fechada el 1 de enero, que un directivo del Cereso identificado como AR1, corroboró que en ese momento había visitantes dentro del penal, entre ellos niños.
“Se advirtió que aproximadamente a las 14:39 horas egresaron 66 personas (57 mujeres adultas y 9 niños y/o niñas, siendo que alrededor de 20 mujeres portaban vestimenta diversa a la establecida en el Reglamento para visitas”, se mencionó en la recomendación de la CNDH.
Personal de la Fiscalía General Zona Norte le informó entonces a la CEDH, que se aperturaron 3 carpetas de investigación relativas a los hechos suscitados al interior del Cereso, una de ellas, relacionada con el disturbio al interior del penal, así como por tentativa de homicidio, homicidio, evasión y lesiones.
Además, se estableció que se detuvo a 15 mujeres y se inició investigación por su probable comisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como promoción de conductas ilícitas.
Por su parte, en un oficio de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fechado el 13 de enero de 2023, se estableció que personal de esa institución únicamente brindó apoyo en la seguridad exterior del Cereso, sin que personal haya ingresado a dichas instalaciones, “precisando que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional fueron quienes tomaron el control del interior”.
En otro oficio, la Sedena tampoco reconoció haber ingresado al penal.
Sobrepoblación de 40%
Otros datos revelados fueron que no se cuenta con cámaras de vigilancia en áreas específicas del Cereso de Ciudad Juárez y que al momento de los hechos, se contaba con una sobrepoblación del 40 por ciento.
El evento suscitado el 1 de enero de 2023 comenzó aproximadamente a las 6:40 horas, logrando retomar el control cerca de las 10:15 horas, durando 3 horas con 35 minutos.
Al interior de la cárcel se detectó que había una tina de baño de hidromasaje, baños con acabados en loseta, pantallas, camas matrimoniales, equipos de aire acondicionado, así como adecuaciones arquitectónicas en tablaroca.
Otras irregularidades fueron la localización de armas diversas, dinero, así como artículos no permitidos, incluida ropa.
También se advirtió que el personal de seguridad y custodia del penal que se encontraba activo del 31 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023, era insuficiente para la custodia de la población penitenciaria.
Fiesta con fuga incluida
En una ficha Informativa fechada el 3 de marzo de 2023, se explicó que el 31 de diciembre de 2022 a partir de las 17:30 horas, personas privadas de la libertad de las Áreas A y B, quienes pertenecen a una de las pandillas, organizaron una reunión clandestina (fiesta) en la que estuvieron presentes personas ajenas y externas a ese establecimiento penitenciario, también integrantes de esa organización, quienes por la mañana egresaron del lugar, colocándose al exterior de dicho sitio, apoyando tiempo después, desde afuera, los actos cometidos al interior por personas privadas de la libertad armadas, a fin de lograr las condiciones idóneas para la evasión 26 reos, hecho que se logró.
La CNDH determinó que los hechos ocurridos en el Cereso de Ciudad Juárez, “devinieron de la ingobernabilidad que impera en ese establecimiento penitenciario, derivó en violaciones al derecho humano a la integridad y seguridad personal y a la vida, así como a la reinserción social, al no haber efectuado acciones para minimizar factores de riesgo existentes, entre otros, sobrepoblación y autogobierno”.
Autogobierno, extorsión, sobornos
Del 2020 al 2022, la CNDH había advertido las siguientes irregularidades: sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a los reos.
Además, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno), falta de capacitación del personal penitenciario, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas y presencia de cobros (extorsión y sobornos).
También detectó deficiente integración del expediente técnicojurídico, deficiente separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades e insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.
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