El 2025 será recordado como el año en que se destapó una cloaca de impunidad en Ciudad Juárez, una que permitió que una empresa acumulara 386 cadáveres humanos en bodegas inmundas, sin que ninguna autoridad lo advirtiera a tiempo.
Cientos de familias pagaron a funerarias para que sus seres queridos fueran cremados. Sin embargo, en lugar de cumplir con ese servicio, el crematorio Plenitud arrojó los cuerpos en montones, mientras a los deudos se les entregó polvo cuyo origen, hasta hoy, no ha sido plenamente determinado.
Se cobró por un servicio que nunca se prestó, lo que podría configurar el delito de fraude. Pero más allá de cualquier tipificación legal, el daño fue profundo y colectivo: una herida abierta para las familias y para la sociedad entera, marcada por la burla, el engaño y la insensibilidad frente al dolor que representa la muerte de una madre, un padre, un hermano, un hijo o un abuelo.
El caso del “Crematorio del Horror”, como fue bautizada esta tragedia, dio la vuelta al mundo y volvió a colocar a Ciudad Juárez en el foco de la atención internacional, no por sus avances ni por su resiliencia, sino por una nueva desgracia atravesada por la omisión institucional.
El hallazgo de los casi 400 cuerpos ocurrió el 26 de junio de 2025. A partir de ese día, la magnitud del caso comenzó a revelarse de manera gradual, conforme avanzaron las investigaciones y salieron a la luz testimonios de familias afectadas.
Desde entonces, la Fiscalía General del Estado ha informado que se han identificado 129 cuerpos, de los cuales 118 ya han sido entregados a sus familiares, en procesos marcados por el dolor, la incertidumbre y la desconfianza.
Por el caso del crematorio Plenitud fueron detenidos José Luis A. C. y Facundo M. R., propietario y empleado del establecimiento, respectivamente. Este último falleció el 30 de octubre mientras se encontraba recluido en el Cereso estatal número 3; su muerte fue confirmada en el Hospital General, a donde fue trasladado.
De manera paralela, el escándalo destapó prácticas similares en la funeraria Del Carmen, donde se denunció la entrega de cenizas falsas y la ocultación de cuerpos de personas fallecidas, a pesar de que los servicios funerarios habían sido pagados.
Por estos hechos fueron arrestados Miguel Ángel A., de 68 años; Roberto Isaac Á. A., de 23, y Nancy A. En propiedades vinculadas a estas personas, autoridades estatales localizaron cuatro cadáveres adicionales, por los cuales también se había pagado un servicio de cremación que nunca se realizó.
Así, el 2025 cerró con una de las historias más dolorosas y vergonzosas en la historia reciente de Ciudad Juárez: una en la que la muerte fue convertida en negocio, el duelo en engaño y la impunidad en norma.
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