Pese a que César Duarte Jáquez aún no ha sido juzgado por los presuntos delitos que se le persigue, el exgobernador de Chihuahua y algunos de sus excolaboradores han “perdido” más de 500 millones de pesos que fueron asegurados por la actual administración estatal a través de procedimientos administrativos, embargos fiscales y juicios penales.
Mediante la Operación Justicia para Chihuahua, que persigue actos de corrupción de la anterior administración encabezada por César Duarte, la administración estatal ha asegurado cientos de millones de pesos en bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, derechos de marcas comerciales, acciones y participaciones en empresas, maquinaria, equipamiento y ganado.
Lo anterior fue informado este día por el fiscal César Augusto Peniche quien explicó que por la vía fiscal se aseguraron ya 428.67 millones de pesos, y otros 34 millones de pesos por la vía penal.
Además el fiscal general mencionó que en 16 de las 21 causas penales abiertas contra el exgobernador y sus colaboradores, se han integrado diversos delitos de tipo fiscal como defraudación, ocultamiento de contabilidad, desocupación de domicilio fiscal, datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuya evasión de impuestos asciende a 1,049 millones 796 mil 997 pesos.
Al respecto, el gobernador Corral dijo que “se cuenta con sentencias penales confirmadas, firmes, que nos han permitido efectuar procedimientos de aseguramiento y posterior embargo como parte de la garantía de la reparación del daño”.
“Uno de los principales objetivos no solamente es llevar a las personas ante los tribunales para que paguen por sus delitos, lo más importante en el combate a la corrupción es recuperar el dinero robado para regresárselo a la gente en bienes y servicios”, aseguró Corral.
Duarte Jáquez se encuentra detenido actualmente en Miami, Florida, en espera de su audiencia ante una Corte federal con fines de extradición a México donde cuenta con 21 órdenes de aprehensión por parte de jueces locales en el estado de Chihuahua y una más de tipo federal por delitos electorales.
Recientemente el consejero jurídico del gobierno del estado, Jorge Espinoza Cortés informó a Norte Digital que el monto de recursos desviados y que se pretende recuperar supera los 1,500 millones de pesos.