Luego del aseguramiento de la casa de El Campestre en la que residía el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, de la cual aparece como propietario Daniel Simón Pando Morales, se podría pensar que la Fiscalía Anticorrupción avanzaría en la carpeta de investigación, hacia una eventual judicialización.

No ha ocurrido todavía, pero Pando Morales, también de manera bastante previsible, debió adelantarse en su estrategia jurídica y recurrió a los amparos buscadores, a ver si ya existe orden de aprehensión en su contra.

El exdirector de Regulación Comercial, junto con Pérez Cuéllar, fue denunciado por el delito de enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), desde el 30 de noviembre del 2023.

El exfuncionario convertido en casero de Cruz, recurrió al amparo indirecto (al parecer ya acumuló tres en una semana) contra un rosario de autoridades judiciales y prejudiciales estatales, para saber qué armas portan en su contra. Por eso anda recorriendo los juzgados de Distrito en busca de la protección federal.

Si no son de la ciudad de Chihuahua, son de Juárez, así que lo mismo enlistó a jueces de Control de aquí y allá, igual que lo hizo con los agentes del Ministerio Público, tanto de la Fiscalía General, como de la Fiscalía Anticorrupción. Extendió la petición para los jefes y coordinadores de la Agencia Estatal de Investigación.

Para obtener la protección de la justicia federal se suele alegar que, en la ejecución de un acto reclamado, como la orden de aprehensión, se afectan derechos humanos y fundamentales relativos al debido proceso, acceso a la tutela judicial efectiva, así como la presunción de inocencia y defensa adecuada.

Nada de eso ha pasado. Todavía. No hay orden de aprehensión, que se sepa, menos ha sido consumada.

Por lo pronto, las autoridades responsables están obligadas a contestar a los juzgados federales, pero nada de eso exime a Pando ni cierra la investigación en su contra.

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Le bastaron unos pocos días al profe Martín Chaparro al frente del Gobierno Municipal para lograr lo que parecía imposible: abrir la comunicación con el Estado para coordinarse y poner una solución al problema del transporte público en la ciudad.

No es que la situación ya esté resuelta, porque estamos a años luz de lograr un transporte digno para la ciudad, pero lo ocurrido ayer con la visita que realizó el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña a la Presidencia Municipal de Juárez, ya muestra una luz al final del túnel.

Sin duda es un importante avance que ambas esferas de Gobierno se sienten a conversar sobre la puesta en marcha del Sistema de Transporte Público llamado BRT-2, o BRTerno, como también se le conoce por lo tardado que ha sido el proyecto.

Tuvo que salir el alcalde Cruz Pérez Cuéllar de la silla de mando para que se aparecieran por terrenos municipales las autoridades estatales a conversar sobre el tema. Sin embargo, poner en marcha este sistema no va a ser nada fácil.

Probablemente, como ya le habíamos adelantado en Norte Digital, no será el próximo domingo, como se tenía planeado, cuando comiencen a circular las nuevas unidades, sino hasta una semana después.

Las rutas troncales Tecnológico y Manuel Gómez Morín, tienen mucho qué resolver en materia de seguridad vial, antes de su activación.

A la mesa técnica en la que participan diversos sectores gubernamentales, empresariales, sociales y un equipo de asesores, que se reúne desde octubre de 2023, no había sido invitada la Coordinación General de Seguridad Vial, según le afirmó a Norte Digital, Víctor Manuel Mejía Chavira, director operativo de la dependencia.

El fuchi que se le hizo a la autoridad local, ya está cobrando factura en los carriles confinados del BRT-2 donde diariamente se pueden observar aparatosos choques entre particulares y, por ende, daños a la infraestructura.

Además, se han detectado faltantes de señalética y semáforos mal instalados, que están causando accidentes.

Las autoridades locales y estatales deben de ponerse a trabajar con seriedad y rapidez en el asunto, si es que quieren estrenar, de una vez por todas, ese anhelado Sistema de Transporte Público.

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La encuestadora Consulta Mitofsky le acaba de hacer un regalito de campaña a Cruz Pérez Cuéllar, al ubicarlo en el “Top Ten” de los alcaldes mejor evaluados del país.

Según ese ejercicio, el alcalde de Juárez tiene un 55.2 por ciento de aprobación entre las personas encuestadas por Mitofsky, lo que le coloca en el 8º lugar nacional entre los 150 ediles evaluados.

No solo eso: fue el segundo mejor calificado entre los presidentes morenistas, solo debajo de Carmen Canturosas, de Nuevo Laredo, quien con su 58.8 se ubicó en la primera posición de la tabla general.

La valoración corresponde al mes de abril, cuando ocurrieron una serie de situaciones que pusieron en entredicho la gestión de Pérez Cuéllar al frente del ayuntamiento juarense.

Fue el 24 de abril cuando la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo el aseguramiento de la casa donde vivía Pérez Cuéllar y por la cual pagaba renta a Daniel Pando, su excolaborador en el Gobierno Municipal.

También coincide con la época en la que se separó del cargo para irse a hacer campaña para que lo reelijan como alcalde de Juárez por otros tres años.

Es por eso que la evaluación de Mitofsky todavía le toca a él, ya que su suplente, el profe Martín Chaparro, tomó posesión del cargo hasta el 23 de abril pasado y el cierre de la encuesta fue el 24.

Según la nota metodológica, se aplicó la encuesta a mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet, y sus resultados se basan en la postestratificación de la muestra, calculada sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas: población por entidad, sexo, edad y escolaridad.

Aunque le fue bien, le iba mejor antes, porque tuvo en febrero una calificación con un punto porcentual más alta y estaba en el séptimo lugar.

De todas formas, son encuestas y, como ya se ha dicho hasta el cansancio, la mera buena vendrá el 2 de junio próximo, cuando el electorado salga a decidir si renueva los contratos o les da las gracias a sus candidatos-alcaldes.

Sí se pregunta Mirone quién va a aguantar a Cruz ahora que sepa que es el 8º lugar nacional y el 2º entre los de Morena. A ver en qué se convierte su ego cuando vea que está muy por encima de su colega de Chihuahua, Jorge Cruz Russek.

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Los “Garduño Boys” sí que, como dice el refrán, no perdonan raza ni nacionalidad cuando se trata de barrer parejo y deportar a lo tarugo a todo aquel que encuentren en Ciudad Juárez y que tenga pinta de no juarense.

El pasado 30 de abril, los efectivos del Instituto Nacional de Migración, el INM, organismo a cargo de Francisco Garduño Yáñez, realizaron un operativo para “rescatar” a 104 personas que se encontraban en Ciudad Juárez, presumiblemente, migrantes extranjeros que buscan llegar a los Estados Unidos.

Según el comunicado emitido por el INM, la mayoría de las personas referidas eran originarias de Centro y Sudamérica.

Y decimos “la mayoría”, porque en el grupo también había personas mexicanas quienes, en estricto derecho, podían estar ahí o en cualquier otro punto del territorio nacional.

En el “rescate” intervinieron elementos del llamado “Grupo Beta de Protección a Migrantes” y agentes del INM.

Con apoyo de autoridades locales, los rescatados fueron enviados a las instalaciones del INM, “en donde se les proporcionó alimentos y agua para hidratarse”.

En el grupo había 87 personas originarias de otros países: 25 de El Salvador, 54 de Guatemala, 7 de Ecuador y una de Honduras.

Los otros 17 eran mexicanos y, a todo esto, ¿cuál es el problema que estuvieran en Juárez? Podrían estar ahí o en Sinaloa, en Tlaxcala o en Puerto Vallarta. No hay impedimento legal para que se asienten en cualquier parte del territorio nacional.

Si se trataba de una operación de rescate, como dice el comunicado, les faltó decirnos qué fue de los polleros que trajeron a todas esas personas hasta la franja fronteriza, o qué tipo de indagatorias se iniciaron a raíz de ese operativo.

Por lo demás, queda pendiente el destino de los cuatro menores de edad que viajaban sin compañía de un adulto. Dos de ellos eran mexicanos y dos guatemaltecos.

El parte oficial dice que serán canalizados a instalaciones estatales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Subprocuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos.

No es la primera vez y al parecer tampoco la última en la que los agentes del INM “disparan y después viriguan”, como diría mi General Villa. Primero deportan y luego vemos si tenían asunto en Juárez.

Habrá que ver a qué estado de la República “deportaron” a los mexicanos debidamente “rescatados”.