Como viene la armonización estatal derivada de la reforma judicial federal, mientras que son peras o son manzanas, los magistrados y jueces estatales se están asegurando de que, al dejar su cargo, reciban de manera vitalicia la compensación que perciben actualmente, de acuerdo con los años de servicio.

Su iniciativa plantea que reciban entre el 55 y el 75 por ciento de la mentada compensación, esa que mensualmente abulta los bolsillos de los servidores públicos y que no tiene cargas fiscales extras.

La propuesta fue aprobada en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y el beneficio lo hicieron extensivo a jueces y secretarios de juzgados. Su iniciativa está lista para que en el Congreso del Estado se analice, discuta y, seguramente, se apruebe.

En la propuesta de modificación a los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica, se dispuso que quienes tengan 10 años de servicio al momento de terminar su encargo a causa de la reforma judicial, recibirían el 55 por ciento de su compensación, mientras que los que tengan 15 años, el 60 por ciento.

Los que acumulan 20 años de servicio se quieren ir con el 70 por ciento de su compensación y los de 25 años o más, hasta el 75 por ciento. Un punto importante es que ese pago se hará de manera vitalicia.

La prestación se pagaría cuando el juez o magistrado se retire del cargo antes de concluir su periodo, ya sea de manera voluntaria o por disposición de la ley, aun cuando no tengan derecho a gozar de la jubilación conforme a la Ley de Pensiones Civiles del Estado.

No únicamente se blindan ellos, también sus familias, ya que en caso de fallecimiento de los integrantes del Tribunal que ejerzan el cargo o gocen de haber de retiro, jubilación o pensión de retiro anticipado, se pretende otorgar una pensión a su cónyuge y sus hijos menores, consistente en el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía quien haya fallecido.

También están cobijando con los beneficios a los secretarios de Sala del Poder Judicial, para quienes quieren asegurar que cuando se jubilen o pensionen conforme a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, continúen recibiendo el cincuenta por ciento de la dichosa compensación. El requisito es que tengan antigüedad de cinco años con esa percepción.

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Adrián LeBarón puso ayer el dedo en la llaga en torno a la impunidad que todavía prevalece en el caso del multihomicidio que enlutó a su familia, ya que todavía, a cinco años de los hechos, no hay algún sentenciado como culpable.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló de la carretera de Bavispe, Sonora a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, que se supone que ahora sí se va a construir durante su Gobierno. En esa vía fue masacrada una hija y los nietos de Adrián, por parte de un grupo del crimen organizado que presuntamente confundió la camioneta en la que viajaban. Nueve mujeres y niños fueron asesinados aquel 4 de noviembre de 2019.

“El presidente @Lopezobrador se había comprometido, además de la carretera, a resolver el caso, pero hasta hoy, no hay ningún sentenciado por el homicidio”, escribió Adrián en su perfil de X.

También destacó que hacer esa carretera en el camino terregoso donde mataron a su familia, “servirá más a los criminales de la región”, sobre todo si únicamente se hace la obra “sin estrategia de seguridad”.

Sheinbaum explicó que ella se comprometió públicamente con el expresidente López Obrador a construir la carretera, ya que su antecesor la prometió, pero no le alcanzó el tiempo para realizarla.

“El próximo año continuamos con esa y vamos a continuar de Guaymas a Chihuahua, pero consideramos esta para los siguientes años”, agregó la presidenta, justo cuando está cerca el día del aniversario luctuoso por la tragedia de los LeBarón.

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Desde que la diputada Brenda Ríos empezó con su campaña en contra de lo que llama el “cártel inmobiliario” en la ciudad de Chihuahua, Mirone señaló que bien podría la neomorenista poner la mira en Ciudad Juárez, donde los desarrolladores y las empresas inmobiliarias moldean la ciudad y las normas del desarrollo urbano a su antojo.

La ex del Partido Verde sacó ronchas con sus señalamientos en contra de constructoras de la capital que no cumplen con los dictámenes de impacto ambiental e impacto vial, y que ni siquiera cubren los debidos estudios de mecánica de suelos o de escurrimientos pluviales cuando se ponen a fraccionar en los cerros o junto a los arroyos.

El caso que es propuso auditorías en varios municipios, desde luego incluyendo a Juárez, para que se revise el trabajo de las Direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología.

“Con esto, buscamos asegurar que los permisos y licencias se otorguen de manera transparente y en beneficio de todos, no solo de unos pocos”, dijo la legisladora, luego de anunciar que se aprobó su propuesta en la Comisión de Fiscalización de la que forma parte como vocal.

En el caso de Ciudad Juárez, no es la primera vez que en el Congreso del Estado se señala la necesidad de poner bajo la lupa lo que ahí ha realizado la directora Claudia Morales, quien como ya lo ha señalado Mirone, llegó a ese cargo no por su experiencia en urbanismo, planeación o desarrollo urbano, sino precisamente en representación de los intereses inmobiliarios, ya que se dedica (o se sigue dedicando) a los bienes raíces.

En la ocasión anterior, fue la entonces diputada panista Marisela Terrazas quien pidió clarificar todas las operaciones relacionadas con cambios de uso de suelo que ahí se han autorizado al por mayor, para favorecer proyectos residenciales o industriales, aunque se pierdan espacios para parques o incluso para obras de infraestructura pluvial.

También se denunció en aquel momento la manera en que se autorizan desarrollos sin que se resuelvan problemas de movilidad y conectividad vial, además de la falta de equipamientos urbanos e infraestructura.

A ver si la diputada en verdad le atora al tema en Juárez. La ocasión anterior, el tema se archivó y nada pasó.

Hasta los seguidores de la legisladora son incrédulos. “Pues que empiecen con el Municipio de Juárez, aunque lo más probable es que la señora diputada no solicitó realizar auditoria a ese municipio”, le escribió en sus redes, Horacio Celis.

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Quien andará por tierras chihuahuenses el domingo 10 de noviembre es la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján.

Por lo pronto, nada más se dijo que estará en la capital, en un encuentro con militancia que se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones a las tres de la tarde.

Le tocó a la dirigente estatal, la juarense Brighite Granados, hacer el anuncio oficial, como parte de la gira que Alcalde realiza por todo el país.

Con la joven exsecretaria de Gobernación, vendrán en la visita la secretaria general, Carolina Rangel y el secretario de Organización, Andrés López Beltrán, a quien el expresidente Andrés Manuel López Obrador le reservó un lugar en la dirigencia partidista.

Chihuahua no es para nada un estado ajeno a la presidenta de Morena, ya que tiene acá sus raíces. Sus padres son chihuahuenses y conoce bien la grilla estatal, tanto que desde ahora hay entre los futurólogos morenistas, quien no la descarta como una alternativa para la gubernatura en el 2027, carrera para la que ya hay varios prospectos y suspirantes, incluyendo a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, con todo y que no sea originaria de estas tierras.

Luisa María está arrancando una campaña de afiliación y credencialización. En el estado hay 55 mil militantes de Morena registrados y la dirigencia estatal ya se fijó una meta de alcanzar 300 mil registros, precisamente de aquí a la elección del 2027.