Juan Carlos Loera dejará finalmente su cargo como delegado estatal de los Programas para el Desarrollo.
Supo Mirone que es ese el motivo de la conferencia a la que se está citando para hoy en el Quality Inn de la ciudad de Chihuahua: anunciar su renuncia para ir con todo por la candidatura por la alcaldía juarense.
El hasta hoy superdelegado no únicamente se registró en el proceso interno federal, también en el local. Así que va por dos vías, aunque se supone que lo primero es hacer precampaña por la senaduría, conforme al calendario electoral del Instituto Nacional Electoral.
También se conoció ayer que no únicamente Loera y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar se anotaron para buscar la candidatura por la presidencia municipal, también lo hizo la síndica Esther Mejía, además de Ernesto Robles, un morenista de base que va “por la libre”.
Nada más por no dejar el tema de la elección interna de Morena, por distintos rumbos salieron a señalar ayer que es “fake” la supuesta lista con el reparto de candidaturas al Senado como parte del convenio entre Morena, el Partido Verde y el PT.
Aunque hubo algunos acalambrados por la información que le da la primera fórmula al Partido Verde en Chihuahua, otros de plano desestimaron la especie, además de señalar que es intrascendente cómo, “en el papel”, se pueden colocar las siglas partidistas para cumplir el convenio. Lo que importa es el nombre, el color guinda del corazón y la historia de la persona que ahí quede, con independencia de que el nombre del partido que aparezca, sea otro.
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Sí que hubo fiebre de registros para hacerse de una de las siete magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ya si los que lleguen se caen por la acción de inconstitucionalidad que deberá de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese es otro boleto.
Tampoco desanimó a los suspirantes el hecho de que, en la práctica, el grupo político en el poder se repartirá las posiciones, negociará o cederá otras y pagará facturas pendientes, reduciendo las posibilidades de conseguir, por mérito propio y probada capacidad o idoneidad de perfiles, una de las magistraturas.
Se aventaron al registro un total de 95 personas, con todo y que, como Mirone lo ha visto múltiples veces en este tipo de procesos, la convocatoria se abre cuando ya se tiene previamente perfiladas a las personas que habrán de ocupar los espacios.
Claro, siempre hay algún margen de maniobra, ajustes y caídas en el proceso, además de que hay que simular la mayor apertura posible. Así que se pondrá intensa la grilla en los próximos días.
Primero deberán quedar listas las siete ternas. Al final habrá votación en el Pleno del Congreso del Estado, donde los nombramientos requieren de las dos terceras partes de los 33 diputados, justo los 22 que tiene la mayoría del PAN, si suma a sus aliados del PRI, a Movimiento Ciudadano y a la presidenta morenista del Congreso que lo importante lo vota con el PRIAN.
Así que empezarán las quinielas sobre quiénes serán las cuatro mujeres y los tres hombres que se colocarán en la cima de la casta dorada del Poder Judicial.
Irremediablemente brincan algunos nombres en ese listado. Tal como lo habíamos adelantado aquí, apareció la exdirigente estatal del Partido Verde Ecologista y exlegisladora local y federal, María Ávila Serna.
Mucho tiempo regenteó la franquicia del Verde aunque ya chapulineó a Movimiento Ciudadano. Quien además apareció en Los Expedientes X y fue vinculada a proceso por presuntamente ser beneficiaria de la “nómina secreta” de César Duarte, se anotó para la Primera Sala Civil Regional Bravos, con sede en Ciudad Juárez.
Le competirán a Ávila otras cinco mujeres (se reservó la posición para el género): Rosa Isela Mora Bustillos, Gloria Campos Martínez, Dalia Samanta Luján Delgado, Diana Estela Solórzano Rodríguez y Georgina Ávila Silva. Las seis aspirantes son externas al Poder Judicial, tal como lo marcó la convocatoria.
Siguiendo con las magistraturas reservadas para mujeres que no están ya en la nómina del Tribunal Superior de Justicia, para la Segunda Sala Penal Regional hubo únicamente tres registros, así que las tres conformarían la terna en automático.
Ahí llama la atención de Mirone, el nombre de Myrelle Oralia Lozoya Molina. Se ha especializado en el sistema penal acusatorio y funge como coordinadora estatal de la Unidad Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Tortura. O sea que trabaja en la Fiscalía General del Estado y al parecer va por el cargo con el aval de su jefe, el fiscal César Jáuregui Moreno.
Le competirán a Myrelle, Ana Griselda González Torres y Martha Elena Cervantes Parra. Ana Griselda tiene una maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Litiga en un despacho privado, pero también ha laborado en la Fiscalía de la Mujer. Por su parte, Martha Elena también viene de la Fiscalía General donde ha sido agente del Ministerio Público, además de defensora pública.
La única magistratura que se reservó en el Distrito Bravos para el personal interno, en este caso para un hombre, fue la vacante en la Cuarta Sala Penal Regional.
Ahí se dejaron ir todos. Son 38 los hombres que se registraron por esa posición. Ahora sí que se desató una avalancha de registros.
Entre los inscritos está quien se desempeña ahí como provisional, José Caín Lara Dávila. Habíamos adelantado aquí que su nombre suena como posible palomeado desde Chihuahua, ya que es muy cercano al magistrado y consejero de la Judicatura, Luis Villegas Montes.
Entre los nombres que brincan también en esa lista por su carga política, está el de Rubén Aguilar Gil, también de la ciudad de Chihuahua. Es un exdiputado integrante del clan Aguilar, hijo del fundador del PT, Rubén Aguilar y hermano de la diputada federal Lilia Aguilar, quien hoy porta cachucha de la 4T. La familia apareció también con abultadas cifras cuando se revelaron en audiencias penales los detalles de la “nómina secreta” de César Duarte. Rubén es actualmente director del Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa del Poder Judicial.
En el listado general de 95 aspirantes, también llaman la atención algunos nombres que buscan las magistraturas vacantes en el Distrito Morelos, con sede en la ciudad de Chihuahua.
Ahí está el exdiputado priista Fernando Mendoza Ruiz, como aspirante por la Octava Sala Civil. Actualmente es secretario general del Tribunal Superior. Anda en la jugada, por eso se le señala como uno de los favoritos. Fue diputado entre 2010 y 2013, en la primera mitad del sexenio duartista.
También aparece entre las favoritas para la Primera Sala Familia, Karla Esmeralda Reyes Orozco, quien actualmente funge como provisional en esa misma sala.
Otro nombre que destaca es el de Julio César Merino, exmagistrado del Tribunal Estatal Electoral, vinculado más con los equipos tricolores desde que empezó como funcionario del Instituto Estatal Electoral. Merino apunta como externo para la Sala Civil y Familiar de Hidalgo del Parral.
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Ayer se conocieron más capítulos del novelón que da para narcoserie de Netflix en Nuevo Casas Grandes. Sale pus por todos lados, luego de la detención de la alcaldesa Cynthia Ceballos.
La novedad es que quien fungía como titular de Instituto Municipal de la Mujer (IMM) Mónica Suárez Ruiz, vació la cuenta pública a su cargo, para pagarse “a lo chino” su propia indemnización, después de haber sido despedida por la hoy defenestrada alcaldesa.
Mónica fue separada por Ceballos en octubre y ahora todo mundo sabe que eso se debió a un pleito que la alcaldesa detenida por peculado sostuvo con su secretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivón Hernández Parra, hoy prófuga de justicia.
Como Mónica y Silvia Ivón (quien presumía incluso su trabajo como abogada de un grupo delincuencial) tenían una “íntima relación”, Cynthia Ceballo despidió, en represalia contra Silvia Ivón, a la directora del IMM.
Enojada, Mónica se transfirió de la cuenta oficial a la personal el presupuesto que le quedaba a la institución, poco más de 90 mil pesos.
Antes, todas eras “amiguis” y se repartían el negocio, incluyendo la cuenta del instituto. Hasta que tronaron las relaciones. Ahora en el IMM no hay ni para pagar el aguinaldo.
La propia presidenta municipal suplente, Edith Escárcega Escontrías, quien es mediahermana de la alcaldesa detenida, pidió ayer que también se ejerza acción penal por el caso del Instituto Municipal.
Otro capítulo tiene que ver con más desvíos, pero del DIF municipal, instancia que era utilizada como “caja chica” por Cynthia Ceballos y sus allegadas y allegados.
Ayer se rebeló que el desfalco ahí es de más de un millón 200 mil pesos. El dinero se utilizaba para cubrir anomalías en otras áreas de la administración (hacían un hoyo para tapar otro) y hasta para hacerse préstamos personales totalmente discrecionales.
Los desvíos en el DIF también están vinculados con supuestos apoyos y préstamos para el equipo de beisbol Faraones y con recursos obtenidos de la Expo Feria.
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Otro logro jurídico alcanzó ayer la Fiscalía Anticorrupción de Abelardo “El Bayo” Valenzuela. En audiencia, un juez aceptó unificar las causas penales para llevar un solo juicio en torno al excoordinador de Comunicación Social en tiempos de Javier Corral, el periodista Antonio Pinedo, y quienes eran su pareja sentimental y su directora administrativa.
Abril Susana del Pilar R. L., y Araly Cristina Paulina del Rocío L.A. habían sido previamente vinculadas a proceso en sus respectivas causas penales, pero como se trata del mismo caso relacionado con la entrega irregular de cinco contratos por 9.3 millones de pesos, la Fiscalía buscó unificar criterios en un solo juicio.
Abril Susana, además de pareja de Pinedo, era apoderada legal de las empresas Xtreme Sport, Upcon y Malcomsat que recibieron los contratos. Ahí quedaron las gestiones y las firmas de Araly Cristina, quien además de funcionaria en Comunicación Social, es mediohermana de Abril Susana.
Pinedo y las dos mujeres se encontraron ayer en la audiencia, aunque ellas no están en prisión preventiva como el exfuncionario corralista. El que pudo evadir la acción de la justicia es Efraín Maldonado, pareja de Araly Cristina y dueño fundador de las empresas señaladas.
Lo que supo Mirone es que la defensa de los imputados buscaba seguir vías separadas para estirar los tiempos lo más posible, haciendo uso de distintos recursos legales, lo que ahora no será tan fácil, cuando se lleve un solo juicio.