A estas alturas, la base morenista se pregunta a quién se le ocurrió poner a Adriana Terrazas Porras hasta arriba en la lista de candidaturas plurinominales para que entrara, tranquilita y sin tocar baranda, al Congreso del Estado.
¿Cómo fue que un partido que buscaba ganar dos de los tres poderes, en disputa aquel 2021, le dio una posición de tanto privilegio a una política tan, pero tan cercana al duartismo?
Nada más hay que ver la clase de cargos que ocupó cuando era superallegada al excandidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua en el 2016, Enrique Serrano Escobar: diputada federal, senadora –suplente, pero senadora al fin– y dirigente del PRI municipal.
Y sin embargo, posteriormente se coló hasta la cocina del grupo parlamentario de Morena. ¿Cómo? Basta con no tener convicciones ni principios, moverse a conveniencia a donde sea menester, y perseguir el poder por el poder, sin interés genuino por la cosa pública, sin sustancia alguna.
Hace un año, la diputada juarense llegó a la presidencia del Congreso del Estado con el voto del PRI y el PAN, a contracorriente de sus compañeros de grupo, los morenistas que habían propuesto a Benjamín Carrera para ese cargo.
Desde entonces pasó a ser una diputada “independiente”, aunque sin dejar la bancada de la 4T, y, por supuesto, sin despegarse de la contienda interna del partido guinda por la grande, en donde es cercana al “corcholato” Adán Augusto López.
Y doña Adriana la volvió a hacer: no solo aceptó repetir como presidenta del Congreso estatal, sino que votó a favor de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que podría caerse en tribunales, ya que “su grupo”, el de Morena, la va a impugnar ante la justicia federal.
Militantes morenistas de cepa se preguntan si en 2024 no repetirán los errores de hace tres y seis años, como cuando metieron al senado a verdaderos “caballos de Troya”, como Germán Martínez y Lilly Téllez… o Adriana Terrazas.
Que a nadie se sorprenda pues, si en días próximos surge una rebelión al interior de Morena ante la llegada de tránsfugas del PRIAN, que buscan arribar al Legislativo por la vía corta y sin asumir ningún compromiso con la agenda política de Morena.
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Aunque nuestras autoridades insistan y a su manera intenten, ¿cómo decirlo? Justificar, minimizar. O peor aún, normalizar la incidencia de homicidios que se vive hoy en nuestras calles, la muerte sigue circulando impunemente por nuestra ciudad y en nuestro estado.
Aun y cuando se suela sostener que los homicidios son derivados del trasiego de drogas o de los conflictos entre bandas rivales que se disputan el territorio del narcomenudeo o del tráfico de personas, los discursos de nuestras autoridades difícilmente amainarán el ímpetu de los delincuentes, que encuentran en esas frases hechas la justificación perfecta para seguir cometiendo sus atrocidades.
Ayer, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar se aventuró a informar que la causa de la jornada violenta que se vivió el pasado lunes, con un saldo de 16 personas asesinadas, fue producto de una disputa entre bandas del crimen organizado que se dedican al tráfico de personas en esta frontera.
¿Y ya? ¿Eso es todo? A nadie sorprenden esos argumentos, son las clásicos que utilizan nuestras autoridades para darle la vuelta a la página y hacer como que aquí no pasó nada. Al fin y al cabo, estos hechos son manejados como conflictos entre criminales, donde pareciera que estos tienen la potestad de arreglarlos como mejor les parezca.
¿De qué nos sirve a los ciudadanos de a pie y a nuestras familias saber que una de las jornadas más violentas y mortíferas de los últimos tiempos se originó, supuestamente, en la disputa de estos grupos rivales, cuando el daño social e individual ya está hecho?
La versión del presidente municipal respecto a los 16 asesinatos del pasado lunes es precisamente eso, solo una versión, una “explicación” no concluyente, ya que todavía debe realizarse el trabajo de investigación por parte de las autoridades correspondientes.
Si bien es cierto que en casi dos años los homicidios dolosos se redujeron entre 25 y 30 por ciento, como lo mencionó el alcalde, los asesinatos no han bajado del millar al año en esta golpeada y polvorosa frontera.
Por otra parte, en una realidad paralela, aquella en la que les gusta vivir a nuestras autoridades, la percepción es que la ciudad y el estado son muy seguros.
Precisamente antier presumía de esta “realidad” nuestro osado capi Centinela, Gil Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Resulta que en la Ch-Matrix que don Gil opera con singular entusiasmo, en Chihuahua y hasta en Ciudad Juárez se vive como en Dinamarca o Nueva Zelanda, así de tranquilo, así de seguro. Lo dicho, ese Capi es un loquillo.
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Cada vez que llueve o el viento sopla al estilo Juárez, una de las recomendaciones que lanzan las autoridades es alejarse de anuncios panorámicos, ya que suelen desprenderse sus lonas y, en el peor de los casos, las láminas que forman parte de su estructura.
Pero lo ocurrido ayer en el área de Waterfill supera todo pronóstico, esto tras caer un poste completo de un anuncio espectacular, que así como su nombre, causó un daño también espectacular en varios vehículos y provocó lesiones, aunque no de consideración –afortunadamente–, en una persona.
Ahora sí se van a tener que poner a trabajar los regidores del Ayuntamiento para exigir explicaciones y cuentas claras e inmediatas a las Direcciones Generales de Protección Civil y Desarrollo Urbano Municipal, ya que ambas son responsables de los permisos y supervisión de la colocación de este tipo de estructuras, así como de su mantenimiento.
Más allá de la deliciosa ronda de galletitas, botana, cafecito, refrescos y las charlas amenas, los regidores deberán ponerse serios y desquitar su nada despreciable salario, revisando las condiciones bajo las que operan este tipo de anuncios espectaculares, que de acuerdo con archivos periodísticos rondan el millar, y están distribuidos por toda la ciudad.
Lo que preocupa a este Mirone es que desde hace tiempo dejaron de ser supervisados por personal municipal y solo basta entregar documentación actualizada y el aval de un perito pagado por las empresas para renovación de las licencias. Mero recaudo pues, ¿a quién le importa un ciudadano o dos hechos papilla, mientras los centavos entren a las arcas?
Se supone que entre los documentos que se les exige a las empresas está un seguro de daños a terceros; pues ahora sí van a tener que utilizarlo en esos automotores que se vieron afectados en Waterfill.
Y mire, el problema es serio y no debe dejarse a la buena de Dios, como siempre ocurre, o a la llegada de nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos, que termina siempre pagando los platos rotos, retirando las estructuras que caen al piso por viejas o por estar mal colocadas.
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Lo que ocurrió en la curva de Waterfill, le chismean a Mirone, es que esa estructura, ¡agárrese! Fue colocada el 17 de diciembre de 2004, hace 19 años.
La base del armatoste revela a leguas que su colocación fue completamente inadecuada. Los tornillos del sostén eran muy pequeños para soportar todo el peso de ese anuncio, que debe pesar varias toneladas.
A eso súmele que el fraguado de la losa en la que fue colocada estaba mal hecho. Esto nos lo señaló en corto personal que prefirió reservar su identidad para evitarse la molestia de un despido por exceso de sinceridad.
La Dirección General de Protección Civil debe rendir cuentas sobre el estado que guardan estas estructuras, que se caen de viejas.
¿Cuántos anuncios espectaculares hay? ¿Qué antigüedad tienen? ¿Cuántos representan un verdadero riesgo para la población? ¿Se tienen ubicados y acordonados?
Señores del Cabildo, vienen los tiempos políticos y este tipo de espacios propagandísticos serán ocupados por quienes aspiran a un cargo de elección pública.
Como primeros respondientes, ustedes deben hacer lo propio para que las dependencias encargadas de autorizar el funcionamiento y de vigilar que esas instalaciones efectivamente estén en óptimas condiciones.
De otra manera, señoras y señores del Ayuntamiento, estarán siendo omisos en su responsabilidad de proteger los intereses de la ciudadanía, y más allá de los daños materiales que estos descuidos pudieran generar, lo que más preocupa son las vidas humanas que pudieran verse apagadas.
Hace unos días, los integrantes de la Comisión de Gobernación estudiaban la manera de aplicar mayores sanciones económicas a las empresas o partidos políticos que instalen publicidad y propaganda en lugares no autorizados. Por favor, por un momento dejen el ánimo recaudatorio de lado, que prevalezca el interés por el ciudadano. Pónganse a trabajar en lo vital.
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El pasado sábado 26 de agosto, Darwin José García, nacido en Veracruz, pero juarense por convicción, fue herido de bala en la pierna derecha por disparos que, aparentemente, se realizaron desde el lado estadounidense del bordo del río Bravo.
Los hechos ocurrieron a la altura de la avenida Rafael Pérez Serna, cerca del puente internacional Córdova-Américas, en el parque El Chamizal, donde Darwin se ejercitaba y al observar a un grupo de migrantes que intentaba cruzar, escuchó disparos y sintió calor en su pierna, producto de una herida de bala.
Darwin, de 22 años, fue atendido por paramédicos y llevado al Hospital General, en donde fue dado de alta horas después, aun sin saberse quién o quiénes lo habían agredido.
En un principio se manejó la versión de que los probables responsables podían ser elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, aunque con el paso de las horas circuló la versión de que el o los tiradores pertenecían a la Guardia Nacional de Texas, esa que tiene desplegada de manera permanente y como parte de su política antimigrante, Gregg Abbott, el gobernador de Texas.
¿Qué hubiera pasado si un agente estatal, municipal o federal hubiese accionado su arma y herido a un ciudadano estadounidense solo por encontrarse en las inmediaciones del bordo fronterizo?
Por lo pronto el asunto ya llegó hasta Palacio de Gobierno, allá frente al Zócalo en CDMX, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció una investigación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Aquí en la ciudad, lejos de dar una explicación clara, las autoridades norteamericanas, a través de su Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en México “catafixiaron” la realidad, haciendo entrega de equipo especializado para vigilancia del bordo fronterizo al Gobierno municipal.
Los vehículos y equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), servirán para hacer las labores de vigilancia del lado mexicano, hacerle la chamba pues a los gabachos, para que dispersen a quienes tengan la intención de cruzarse por el río de manera indocumentada y evitarles la fatiga de andar disparando para acá.
Pero, ¿de qué nos vale tener mejor equipo para vigilancia si desde allá nos van a estar disparando? ¿Por qué no ha habido un pronunciamiento serio para que las autoridades estadounidenses expliquen qué pasó? ¿Dónde están las organizaciones derechohumanistas, promigrantes cuando más se les necesita? ¿Este ataque directo hacia un ciudadano mexicano no es de llamarles la atención?