Se puso buena ayer la presentación del “Informe de Desarrollo Urbano: Así Estamos Juárez”, de la organización Plan Estratégico.

Como en otros espacios de discusión pública, surgió entre distintos asistentes la gran preocupación respecto a un par de acciones de gran calado, impulsadas por el Gobierno Federal y apoyadas por el Estado y el Gobierno Municipal, que en teoría atienden problemáticas sociales y económicas, pero que en los hechos estarían reproduciendo el modelo expansivo de desarrollo urbano que únicamente ha generado marginación y desigualdad.

Nos referimos al programa de Viviendas para el Bienestar y al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

El punto central aquí es el lugar, la ubicación de los terrenos que se gestionaron para concretar ambas acciones, abonando a la dispersión urbana, muy lejos de donde están consolidados los servicios, el equipamiento y la infraestructura.

Se ha repetido hasta el cansancio, pero se sigue caminando en el mismo sentido: desdoblar la ciudad sin consolidar lo que ya existe, sin suficiencia en los presupuestos públicos para equipamiento y servicios, ampliando el déficit e incrementando el deterioro urbano y los desequilibrios sociales.

Cuando se presenta el mapa de la ciudad con sus límites de crecimiento, sus zonas de reserva y de densificación prioritaria, se complementa además con la información de cobertura de servicios e infraestructura, y se ubican ahí los lugares de los dos proyectos, se dimensiona mejor el problema. Más todavía, cuando se observan los múltiples predios al interior de la mancha urbana que nada más están en engorda para la especulación inmobiliaria.

Uno y otro espacio para cada programa se ubican en los extremos de la mancha urbana. La vivienda se construirá en terrenos comprados por el Gobierno Municipal en el extremo suroriente, mientras que el predio que facilitó el Gobierno del Estado para el Polo de Desarrollo se ubica en el extremo norponiente, en la frontera de Jerónimo-Santa Teresa.

La vivienda se construirá en zona no consolidada en equipamiento, donde se batalla para el suministro de agua y falla la cobertura de transporte, además del patrullaje policial. Eso sin contar que faltan clínicas y hospitales, escuelas y hasta oficinas gubernamentales de atención pública, aparte de la escasa conectividad vial y el deterioro de las calles y avenidas.

Se supone que el programa federal combate la desigualdad generando acceso a vivienda donde hay calidad de vida, con infraestructura educativa, de salud, cultural y de entretenimiento, además de los servicios básicos, pero eso no ocurre en aquel polígono ubicado en la intersección de la avenida Leonardo Solís Barraza y bulevar Fundadores.

El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar suponía también facilitar la operación de empresas junto a las zonas habitacionales, lo cual tampoco es así, ya que en la zona Jerónimo-Santa Teresa apenas hay un incipiente desarrollo industrial, principalmente con las naves del gigante taiwanés Foxconn, empresa que mueve a sus miles de trabajadores desde la zona de Anapra, pero también desde el propio suroriente de la ciudad.

El debate en torno a ese polo de desarrollo ha sido constante, también por la disponibilidad de recursos como el agua, discusión que actualmente es intensa del otro lado de la frontera, en Sunland Park y Santa Teresa, con el Proyecto Júpiter, un megacentro de procesamiento de datos cuyo equipo requiere grandes cantidades de agua en sus procesos.

El caso es que no batallaron para concluir, algunos de los asistentes y los organizadores del informe, que las acciones oficiales caminan en sentido contrario a lo que históricamente se ha pedido: construir una ciudad más eficiente.

En ese escenario, resulta difícil que no aparezcan otros conceptos clave en la historia del desorden urbano de la ciudad: favorecimiento para terratenientes y constructores, mercantilismo del desarrollo urbano, violación de planes y normas, tráfico de influencias, corrupción e impunidad.

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¿Qué tan importantes y trascendentales son los temas de desarrollo urbano en el orden municipal? La respuesta está en un dato del informe presentado ayer por la asociación civil que hace auditoría social y le entra particularmente a ese rubro, además de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Resulta que cuatro de cada diez asuntos que llegan al Ayuntamiento, se discuten en comisiones de regidores y se votan en las sesiones de Cabildo, tienen que ver con la planeación y el desarrollo urbano.

Esa misma temática es la que mueve la participación ciudadana en el Cabildo Abierto. De sus problemáticas han hablado el 23 por ciento de las personas que tomaron el micrófono en las sesiones de Cabildo, al menos en la actual y anterior gestión municipal.

Poquito abajo están las temáticas de derechos humanos y servicios sociales (18.2 por ciento), así como la normatividad municipal y la transparencia (16.8 por ciento). Los donativos y los convenios municipales han merecido el 9.9 por ciento de las intervenciones ciudadanas, mientras que los temas de educación, cultura y reconocimientos a personas y agrupaciones, otro 9.1 por ciento.

Regresando al tema de desarrollo urbano, las enajenaciones son el trámite o la acción que más se presenta. No por nada al Gobierno Municipal se le ha señalado desde muchas administraciones atrás que parece funcionar como una empresa inmobiliaria.

Dentro del rubro de desincorporaciones de predios municipales, las enajenaciones se llevan casi la totalidad de las 810 aprobaciones en el Cabildo, con 723 casos, entre septiembre de 2021 y agosto de 2025. Los otros rubros son donaciones (27), comodatos (50) y permutas (10).

Por cierto, son las donaciones y los comodatos los que han generado mayores polémicas, ya que se asocian con la tendencia de entregar bienes públicos a empresas o entes privados.

Hay que hacer una anotación en el caso de las enajenaciones, ya que en la gran mayoría de los casos (594), hablamos de regularizaciones en la tenencia de la tierra, en favor de particulares que de distintas maneras tenían la posesión de los terrenos donde construyeron sus viviendas, pero no la certeza jurídica.

De cualquier manera, en el resto de las operaciones, es decir, en 129 casos, sí operó la administración como corredora de bienes raíces.

En total, la superficie desincorporada del patrimonio municipal en cinco años alcanza 95.8 hectáreas, aunque no es la enajenación la que se lleva la mayor parte, ya que, aunque son menos operaciones en los comodatos, hablamos de predios más grandes.

Así que, por medio de comodatos, se han desincorporado 42 hectáreas, mientras que por enajenaciones son 26.1. Además, se han donado 25.7 hectáreas y otras dos se desincorporaron como parte de permutas.

Llama la atención que, dentro de las enajenaciones, una gran cantidad de terreno (10.8 hectáreas) se ha destinado para usos comerciales. Seguramente ahí fue donde se generó más billete.

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Lamentablemente, tampoco la criminalidad y la violencia dejan de estar presentes en la cotidianidad y en la agenda pública que a todos interesa.

Por más que desde los tres órdenes de Gobierno insisten en que los homicidios dolosos presentan registros a la baja a nivel nacional, estatal y municipal en comparación con años pasados, los crímenes de alto impacto nos sacuden todos los días.

Otro multihomicidio más se registró la tarde de este martes. En una tortillería de la colonia Héroes de la Revolución fueron asesinadas a balazos cuatro personas y otra más resultó herida.

Apenas la noche del lunes, en el Infonavit Casas Grandes, se había registrado otro homicidio múltiple. Repitiendo el patrón que los grupos criminales han seguido desde que anunciaron aquí una “limpia” de los rivales y de quienes están vinculados al tráfico de cristal, entraron a una vivienda para asesinar a sus objetivos.

Tres hombres fueron acribillados con fusiles AR-15, frente a mujeres y niños. Ninguna de las víctimas pasaba de los 30 años de edad. Los sicarios huyeron y hasta el momento no han sido ubicados ni identificados.

Apenas el pasado domingo, en Guachochi, otro acontecimiento de alto impacto sacudió al estado, cuando la confrontación entre grupos criminales dejó como saldo siete personas asesinadas y varios heridos, incluyendo a un niño de apenas dos años.

Ayer se hablaba de que al menos cinco de las víctimas eran totalmente inocentes o circunstanciales, muertas en medio del fuego cruzado de los delincuentes que, igual que en Juárez y otros corredores de la droga, se disputan la plaza o dirimen sus diferencias internas.

Un maestro de primaria, muy conocido y querido en Guachochi, se encuentra entre las víctimas.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en este caso en particular se considera que no se trató de un enfrentamiento por la invasión o llegada de algún grupo externo, sino de una fractura interna de la misma organización criminal, es decir, un choque entre células. A final de cuentas, eso muy poco importa, cuando se siguen perdiendo vidas y prevalece la impunidad.

Por todos lados corre la sangre. La semana pasada fue extremadamente violenta en Sinaloa, donde se acumularon en unos cuantos días 41 asesinatos dolosos, producto de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

¡Ah, pero en el discurso oficial vamos muy bien! Los números arrojan una disminución en el comparativo de los homicidios. Desde la óptica gubernamental, el infierno se transforma, fácil e irresponsablemente, en paraíso.

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Por terrenos de la grilla partidista, los azules dieron un paso más en su estrategia rumbo al 2027, con la instalación formal del Sistema PAN en cada uno de los municipios.

El lunes le tocó a Juárez. Tanto la estructura formal del partido, como los funcionarios estatales que le dan soporte a la estrategia electoral partidista, se reportaron listos.

Todos los titulares de las principales dependencias Zona Norte pasaron lista, empezando por Carlos Ortiz, el representante de la gobernadora Maru Campos en Juárez. El grupo es de unos 25 cuadros, incluyendo al equipo partidista que encabeza (con su doble cachucha de dirigente y funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal) Ulises Pacheco, el presidente del Comité Municipal.

El Sistema PAN deberá sesionar al menos cada 15 días. El lunes fue el primer encuentro oficial en la sede del PAN, en 5 de Mayo y 16 de Septiembre.

Ya se afina la estrategia y la estructura territorial en materia electoral, así que los funcionarios deben estar en sintonía para cuando sean requeridos si hay alguna activación de fin de semana.

Además de las cabezas de las dependencias y del Comité Municipal, al grupo se integran los representantes populares, que aquí nada más son dos: el regidor Alejandro Jiménez y la diputada local Xóchitl Contreras.