También en el sector empresarial hay mucha grilla y no andan bien las cosas al interior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Desde que se le cerró el paso a la presidenta de Canacintra, Rosa Isela Molina Alcay, para que se quedará un periodo más al frente, se conoció de algunas prácticas cuestionables al interior del CCE.

La propia Molina criticó en su momento que nunca haya recibido el apoyo de la mayoría de los representantes de organismos empresariales para sacar adelante sus proyectos o propuestas.

Incluso, acusó machismo y misoginia al interior del CCE. “Son dos las personas que influyen en el resto de los agremiados, y en donde, en definitiva, las mujeres no tenemos cabida por la misoginia y el machismo que ahí se practica”, dijo la empresaria a los medios, en enero de este año, cuando se molestó porque se le negó la posibilidad de un segundo periodo.

“Lo viví durante los seis meses que estuve al frente de la dirigencia del CCE, en donde, por el simple hecho de ser mujer, nunca aceptaron algunas de las propuestas que hicimos en beneficio de todo el sector empresarial”, se quejó Isela.

También habló en ese momento de la actitud de algunos dirigentes empresariales, que buscan más el interés personal que el gremial, y han mantenido en el ostracismo al CCE.

Nunca quiso identificar a alguien por su nombre, pero trascendió que sí incluía en los señalados, a Héctor Núñez Polanco, el represente Desarrollo Económico del Norte que asumió la presidencia del CCE. Ya se sabe también que el representante de los hoteleros, Rogelio González, fue otro de los que bloquearon siempre las propuestas de Isela.

Además, desde enero, Molina planteó que Canacintra analizaría la posibilidad de separarse del CCE, organismo integrado por ocho cámaras. El tema de la separación está nuevamente en la agenda, igual que los desencuentros por el manejo interno del CCE.

La presidenta de Canacintra ha señalado a Núñez Polanco por llevar al Consejo temas que son de su interés personal y no de la agrupación, además de no consultar a los diferentes representantes de las cámaras.

Por lo visto, Isela se las está cobrando ahora al presidente en turno, quien no se quedó con la espina clavada y salió públicamente a decir que Molina está bloqueando algunas propuestas para el sector empresarial.

Hay mucha inquietud de otros integrantes del CCE porque Núñez Polanco se puso a hacer públicos los problemas internos.

Se supone que el CCE debe servir para concitar consensos y acuerdos que lleven a acciones en beneficio de todo el empresariado, no para que escalen sus conflictos internos.

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Como lo señalamos ayer, dio mucho más de qué hablar el tema de Andrea Chávez y sus unidades médicas que publicó Latinus como reportaje.

La propia Andrea salió en video a dar respuesta. Se fue duro en contra de Carlos Loret de Mola, a quien llamó “Lord Montajes” y acusó de ser un pistolero a sueldo. Afirmó que la publicación es producto del pago de 17 millones de pesos del Gobierno del Estado a Latinus.

La senadora le pidió kórima de lo que ha recibido del dinero de los chihuahuenses para que pague una unidad médica móvil para la Sierra Tarahumara.

“Puedes ponerle tu cara, el nombre de tu medio, lo que consideres, pero deja de quejarte y ayúdanos a ayudar. El presupuesto público de Chihuahua es para mejorar la vida de los chihuahuenses, no para regalarte a ti, a cambio de tus mentiras, 17 millones de pesos”, dijo la juarense.

En el reportaje se afirma que las unidades (habla de tres, aunque la propia Andrea reconoció cuatro) son propiedad de FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista favorito de Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena en el Senado y claro impulsor de Andrea para la gubernatura de Chihuahua.

Operar esos camiones, de acuerdo con el medio, tiene un costo de aproximadamente 10 millones de pesos al mes y se destaca en la información que, en dos años de uso por parte de la senadora, el gasto para promocionar su nombre y su imagen, como campaña anticipada que violenta la ley, nunca ha sido declarado, ni se ha explicado el financiamiento.

Esa parte la volvió a dejar en el aire Andrea, ya que no especificó el costo de las brigadas que “se financian gracias a la colaboración entre el sector empresarial, las organizaciones civiles y una servidora”.

Varias veces ha repetido lo del “sector empresarial” en términos genéricos, sin transparentar quién o quiénes específicamente son los patrocinadores. Tampoco se detuvo en hablar del nombre de Padilla Farfán, ni desmintió su involucramiento.

La estrategia de Chávez fue victimizarse y señalar que “mi delito es llevar doctores y enfermeros a todas las colonias y escuelas de Chihuahua”, aunque ha estado más bien en Juárez y en Delicias.

Loret le contestó en la transmisión de su programa “a la influyente senadora, porque es muy poderosa”, y negó que alguien les pague por publicar, además de lamentar que Andrea utilice “el viejo truco” de señalar cuánto gana él en lo personal.

“Esto no se trata de mí, no se trata de Latinus, por supuesto que nadie nos está pagando por publicar nada”, dijo el comunicador y aseguró que Chávez trata de desviar la atención, ya que “no es una comprometida política llevando salud a su pueblo, no, esa ya se la sabe el pueblo de México. Esto es una política usando las carencias para sacar provecho personal, o si no, ¿para qué pone su foto gigante en cada camión? Su nombre, por favor.

Que no quiera chantajear con eso. Estamos ante algo muy sencillo de explicar. La influyente senadora morenista Andrea Chávez está haciendo campaña cuando no se vale y esa campaña se la está pagando un empresario que recibe contratos por millones de pesos de los Gobiernos de Morena, así de sencillo”, señaló Loret.

También reclamó que la senadora no haya respondido cuánto cuestan las unidades médicas e insistió en que el donativo en especie de “la clase empresarial”, no ha sido nunca reportado al INE, además de que no apareció en su declaración de intereses como senadora.

Afirmó que se trata de un conflicto de interés evidente porque el que le paga la campaña es un empresario que ha recibido millones de pesos de los Gobiernos de Morena y es además el contratista favorito de los Adán Augusto López.

“Es una servidora pública agarrando dinero de empresarios, contratistas de Morena, para su campaña, porque quiere ser gobernadora de Chihuahua. Así de fácil. ¿No es esta una manera de desviar recursos públicos para la promoción personal? ¿No es esta una forma de corrupción? Que no trate de darle la vuelta” cuestionó el periodista.

Por todos lados corrió la información original (incluso en sitios armados para este tipo de campañas, con pago de pautaje incluido) y hubo muchas reacciones.

Hasta el exgobernador que fue panista y ahora es senador por Morena, Javier Corral, salió a defender a Andrea, generando también múltiples críticas en su contra, en su propio post, donde le llueve cada vez que aparece con cachucha de la 4T.

“Fuera máscaras. Atrás de la senadora Andrea Chávez están el exgobernador Javier Corral y Adán Augusto López, el personaje más corrupto de la 4T”, declaró después del posicionamiento de Corral, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, Alfredo Chávez.

“En Chihuahua, los empresarios que vienen del sur, no van a entrar. Los patrocinadores de Andrea Chávez arrastran una cola de corrupción que es impresentable”, agregó el panista.

Órale, ya también están previendo quién pudiera llegar de fuera a hacer negocios con los políticos, desplazando a los empresarios locales. Vaya que la lucha por el poder político y económico se estará dando en varias pistas.

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Se puso bueno el ejercicio de las entrevistas con las y los aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que se realizaron en el Congreso del Estado.

Le tocó a Mirone seguir las primeras tres en la serie de comparecencias que se prolongaron hasta la tarde de ayer y continuarán este día en la Torre Legislativa.

A la jefa de la Oficina en Ciudad Juárez de la CEDH, Zulay Alaid Abbud, le fue bastante bien en su presentación, ya que demostró la expertise de sus más de 20 años de trabajo institucional en lo que es la promoción y defensa de los derechos humanos.

No únicamente conoce lo que hace falta reforzar desde adentro, también sabe dónde está lo más sensible de las demandas desde afuera, ya que ha mantenido por años una vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.

Hubo una participación moderada pero sustancial de las diputadas y los diputados que atendieron la convocatoria de la Junta de Coordinación Política y en la serie de preguntas no se vio alguna predisposición en su contra.

El segundo turno fue de Liz Aguilera, la exdiputada por el PRI que ahora es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género.

Hubo más participaciones de legisladores que en la primera entrevista y no le fue tan bien a la priista porque le cargaron la mano, sobre todo los representantes de Morena y el PT, en el tema de los casos de acoso sexual que se han hecho públicos y han generado bastante ruido afuera y adentro de la UACH.

Se quedó la sensación (que ya se tenía desde antes de la comparecencia) de que habría podido hacer más de lo que ha hecho al respecto en ese tema, para atender a las denunciantes de los abusos.

Además, el coordinador morenista Cuauhtémoc Estrada, la atoró también con otro tema, el de los recursos legales y las denuncias públicas de estudiantes que el año pasado reclamaron hacer efectivo el derecho a la gratuidad de la educación, lo que se llevó a la Constitución, pero no se aplica en ningún nivel educativo.

La posición de Aguilera, más en defensa de la administración, tampoco se escuchó muy bien para una aspirante a defender los derechos que generalmente vulneran las propias autoridades.

La tercera en comparecer fue la panista Georgina Bujanda. En tiempo total y en número de preguntas y de participaciones de diputadas y diputados implantó récord. Difícilmente alguien tendrá hoy más atención en el Congreso del Estado.

Nada más con eso se confirmó que por ahí podría venir la pichada que se está mandando desde Palacio. Es su fortaleza y su debilidad al mismo tiempo, porque nunca dejará de ser cuestionable que prevalezcan los criterios político-partidistas, a la hora de designar a personas que encabecen los órganos que deben de ser autónomos, precisamente para que no se generen conflictos de interés, o se tengan que pagar facturas políticas que comprometan una verdadera y decidida actuación en defensa de los derechos humanos.

Fue incluso algo chocante cómo se mostró Bujanda, confiada y hasta confianzuda con legisladoras y legisladores a quienes dijo “no sean gachos”, cuando acumulaban la batería de preguntas, o cuando a uno le señaló “desde ahí ya me caes a toda madre”, por provenir del sector magisterial, muy ligado a su familia.

Diputada en dos legislaturas, varios de los participantes en la mesa fueron sus compañeros en el Congreso, así que además de confianza, mostró colmillo y de alguna manera libró los cuestionamientos que también fueron duros y hasta complejos.

El abogado que suele ser más puntilloso, Cuauhtémoc Estrada, dejó claro que no concordaba con la posición de Bujanda quien afirmó que sí cumple el requisito legal de los cinco años de experiencia en la materia de derechos humanos, lo que únicamente pudo acreditar en relación a su experiencia legislativa.

El artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos establece en su fracción IV, que para ser titular del organismo hay que acreditar 5 años de experiencia en el área de promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos, lo que deberá ser comprobable mediante documentos expedidos por autoridades, organismos públicos y/u organizaciones en la materia.

Lo que Bujanda dijo haber presentado para esa acreditación, son los diarios de los debates y las iniciativas en las que participó y que estuvieron relacionadas con proteger distintos derechos.

A la panista también le tocó de refilón el cuestionamiento de no haber hecho lo necesario en el tema de acoso y hostigamiento sexual cuando fue secretaria general de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Sí que tendrán las diputadas y diputados una gran responsabilidad sobre sus hombros cuando realicen la designación, a más tardar el 30 de abril.

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Este viernes va a estar movido en cuestión de grilla partidista en Ciudad Juárez. Traen movimiento en el PAN.

A las nueve de la mañana va la conferencia panista en El Chapa de la Gómez Morín. Estarán la presidenta estatal, Daniela Álvarez y el dirigente local, Gabriel García Cantú. Seguramente harán bola otros integrantes del Comité Directivo Municipal y los pocos representes populares, como la diputada Xóchitl Contreras y el regidor Alejandro Jiménez.

Le seguirá Daniela con la estrategia de los Chalecos Azules, su plan para reactivar al PAN, salir a la calle, tomar territorio, hacer mercadeo y posicionarse con los temas de contraste ante Morena, como es el caso del aborto.