Pronto se conocerán más capítulos de la serie sobre intriga y corrupción del Club Campestre de Ciudad Juárez.

Uno tiene que ver nada menos que con el presidente actual, Gabriel Contreras Álvarez, quien asumió la presidencia en su calidad de vicepresidente cuando fue suspendido el anterior presidente, Sergio Guzmán Castañeda, precisamente por la serie de omisiones de carácter administrativo que permitieron el desfalco de 21.5 millones por parte del administrador, Alberto Medina, a quien le abrió carpeta de investigación la Fiscalía General del Estado, en febrero de este año.

No hay que olvidar que cuando la Asamblea aprobó la integración de un Comité de Investigación para deslindar las responsabilidades de los directivos en cuanto a si cumplieron sus obligaciones estatutarias y legales para cuidar el patrimonio del Club en el caso del desvío de los 21.5 millones de pesos, se acordó también que ese mismo comité investigara las finanzas y las operaciones que avalaron las directivas hasta siete años atrás.

Pues supo Mirone que quien queda más mal parado en ese trabajo preliminar, es el presidente Contreras, particularmente por su trabajo al frente del Comité de Construcción, donde siempre se ha comentado que abundan los casos de sobreprecios en obras y pagos a proveedores.

Se supone que tanto en obras grandes como en contratos pequeños, se aplicaron las plumas cuatas para inflar precios o también para cobrar por cantidades no entregadas o servicios no prestados. Por ejemplo, se pagaron 20 viajes de retiro de escombro, pero nomás se hicieron 10.

Al menos hay una parte de los socios y de los consejeros que andan con el plan de que si no se procede penalmente contra el actual presidente, por lo menos que se lleve también una suspensión de derechos, como le ocurrió a Guzmán.

A ver en qué queda el asunto, porque siempre hay dos partes o dos versiones de la historia, y los señalados también tienen defensores. Por ejemplo, Guzmán logró recientemente que se votara en sesión por retirarle una de las dos sanciones o suspensiones que enfrenta.

Todavía tiene encima la de las omisiones que permitieron el desfalco, pero se quitó una segunda, derivada de la entrega de un contrato para el servicio de los carritos de golf, que la Asamblea consideró también como dañina para el Club y por eso se le sancionó, por no haber cuidado en ese contrato los intereses del Campestre.

Dice Mirone que vienen más capítulos porque luego de que se le retiró la suspensión de los derechos, se generó inconformidad entre un grupo de socios.

Resulta que se armó una votación de último momento, alterando el orden del día previamente difundido y acordado. Fue una jugada premeditada por sus apoyadores que se esperaron a que se vaciara la Asamblea y, ya con unos cuantos socios, propusieron la votación, bajo el argumento de que no se había concretado el daño al Club, ya que a final de cuentas se cambiaron las condiciones del contrato.

Nada más que eso se hizo después de que el nuevo Consejo tuvo que intervenir para cambiar las cláusulas leoninas. Tan desfavorable estaba el contrato, que en la revisión se logró que al Club se le pagará tres veces más de lo originalmente aprobado por Guzmán.

Los detractores del expresidente podrían recurrir ante tribunales civiles para dirimir el asunto, ya que no se quedaron conformes con la forma en que se manejó la Asamblea para retirarle la sanción.

El caso seguirá dando de qué hablar y se pondrá candente la Asamblea de noviembre, cuando se vuelva a hablar de presupuestos y de cuotas para el 2026.

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Hicieron su chamba en la Fiscalía General de Justicia y en la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, para que quede sin efecto la semilibertad que el juez de Ejecución de Penas, Juan Carlos Erives Fuentes, le había concedido a Édgar Herman Escárcega Valenzuela, el hermano de la “magistrada incorruptible”, Nancy Escárcega Valenzuela.

Se desató un escándalo la última semana de septiembre, cuando se conoció que en una audiencia, el juez Erives cambió una la sentencia por secuestro agravado, permitiéndole a Escárcega Valenzuela dejar la prisión los domingos por la noche, para irse a su casa entre semana, y regresar a encerrarse los viernes por la noche.

Y claro que se vino la avalancha de acusaciones de tráfico de influencias, con la magistrada al centro de la polémica, lo mismo que su esposo, el diputado y dirigente local de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez.

Hay una investigación en curso por parte del Tribunal de Disciplina Judicial sobre el caso, pero con independencia de ello, la Fiscalía de Distrito Zona Centro presentó en su momento un recurso de apelación que terminó resolviendo en su favor la sala Penal Regional que encabeza la magistrada Claudia Cristina Campos Núñez.

La semilibertad fue anulada al quedar sin efecto la audiencia en que se dictó esa medida (celebrada originalmente el 18 de septiembre), por lo que ahora procede que se reponga esa audiencia. Desde luego que lo que se espera es que ya no le concedan beneficios como salir de prisión.

Fue la Fiscalía, la instancia que dio a conocer la resolución de la Sala Penal que se dictó desde el viernes pasado. Lo hizo por medio de comunicado oficial, pocas horas después de que el tema de la investigación por parte del Tribunal de Disciplina Judicial, se tocó en conferencia de prensa realizada con el magistrado presidente de ese Tribunal, y la magistrada presidenta del Tribunal Superior.

No dijo nada de la investigación el magistrado presidente Francisco Molina Acosta, más allá de confirmar que sigue su curso, pero por la tarde cayó la noticia por el lado de la Fiscalía, en cuanto al proceso judicial.

Según la Fiscalía, el resolutivo ordena la “reposición del trámite de controversia ante el Juez de Ejecución de Penas diverso al que conoció del asunto”, es decir, que quien lleve la nueva audiencia sea uno distinto a quien resolvió conceder el beneficio de semilibertad.

Quedó pendiente que se fije la fecha para la audiencia de la revisión de la medida cautelar, así como la definición de la nueva Sala Penal que estará a cargo de la impugnación de la causa penal 226/2005.

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Ayer hubo conferencia de prensa en la sede del Poder Judicial en Chihuahua, donde la presidenta Marcela Herrera Sandoval anunció lo que viene para los festejos del bicentenario de esa institución responsable de impartir justicia.

Y claro que cuando se abrió la conferencia para las preguntas de los periodistas, el primer cuestionamiento tuvo que ver con el rezago en los distintos juzgados. Es el tema más sentido y con mayor impacto para los justiciables y para los usuarios del sistema judicial.

Hablamos del rezago en la programación de audiencias, pero en general de todo lo que pasa en los procesos o en los juicios, no nada más penales, también en materia Civil y Familiar. Hay cientos de expedientes y demandas sin radicar, promociones sin resolver y acuerdos sin firmar.

Además, hay muchas audiencias preliminares sin agendar. Si bien es cierto que se cuestionó por lo que se está haciendo para sacar al rezago heredado de la administración anterior, todo mundo sabe al interior de los juzgados y también al exterior (si hablamos de los litigantes) que a partir del cambio de poderes en septiembre de este año, ya se generó una acumulación.

Lo hemos dicho aquí: hay juzgados que se entregaron en cero, pero otros con varios cientos de resoluciones y radicaciones pendientes. En unos se ha abatido el rezago, en otros se ha mantenido y en otros ha crecido. Ahí está el gran pendiente que hay que atender, aunque la presidenta lo minimizó y habló como si no hubiera un problema por resolver.

“Se estaba trabajando en un diagnóstico sobre los asuntos que tenía pendiente el tribunal, pero quiero decirles, y como ya lo había mencionado, que gracias al compromiso, a la responsabilidad de las y los juzgadores, el Tribunal trabaja con normalidad en todos los asuntos que tienen día con día. Han estado trabajando con normalidad, sacando todos los asuntos que se encontraban pendientes de resolver y creo que esto nos ha ayudado a tener esa respuesta, esa atención a la ciudadanía, a pesar de que nosotros renovamos absolutamente todas las posiciones”, respondió la magistrada presidenta.

Quién sabe qué dirán de eso los usuarios del sistema, los operadores y los litigantes que todos los días se quejan de lo que está pasando en los juzgados, cuando están a la espera de audiencias, firmas, radicaciones o resoluciones.

La respuesta de la presidenta sonó como si ni siquiera se reconociera el ya esperado impacto por la curva de aprendizaje que dejó la renovación.

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Finalmente acabó el proceso de renovación en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), y en sesión extraordinaria del Consejo Estatal, rindieron protesta para las nuevas consejerías Vanessa Adriana Armendáriz Orozco, Diana Patricia Ontiveros Aguirre y Jesús Miguel Armendáriz Olivares.

Los nuevos rostros llegaron en sustitución de Fryda Libertad Licano Ramírez, Gerardo Macías Rodríguez y Georgina Ávila Silva, quienes ejercieron el cargo durante siete años. Ellas y él trabajaron como consejeros desde noviembre del 2018.

No se renuevan todas las consejerías de un trancazo. Quienes todavía forman parte del IEE y están ahí desde noviembre del 2021, son Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Víctor Yuri Zapata Leos y Ricardo Zenteno Fernández, además de la consejera presidenta, Yanko Durán Prieto.

Al nuevo Consejo del IEE, integrado por las siete consejerías, le corresponderá organizar las próximas elecciones del 2027, además de los instrumentos de democracia participativa que se armen en los siguientes años.

Se sabe que al menos en el caso de la exconsejera Fryda Licano, seguirá trabajando para el IEE con varios proyectos de recuperación de memoria histórica y capacitación. Fryda fue la coordinadora del más reciente libro lanzado por el IEE, “Representación y democracia. El carácter inédito de las elecciones 2024 en Chihuahua”.