No acababa Javier Corral de despedirse de su militancia en el Partido Acción Nacional cuando se “filtró” la información de que la Fiscalía Anticorrupción ya tiene casi lista la carpeta de investigación en su contra por presuntos malos manejos cometidos durante su gestión como gobernador.
Los detalles sobre la causa o causas penales que le abrirán se los han guardado con extremo sigilo y se entiende, pues no quieren tampoco darle indicios al “indiciado” para que emprenda su defensa desde este preciso momento.
Sin embargo, desde el jueves, en diversos corrillos de la política, se dejó “escapar” el dato de que ya está casi lista la carpeta que integra desde hace tiempo la Fiscalía Anticorrupción del Estado, a cargo de Abelardo “El Bayo” Valenzuela.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua reconoció que está por concluir una carpeta de investigación en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, mismo que justo este jueves presentó su renuncia a su militancia de 41 años dentro del Partido Acción Nacional.
De esa carpeta dependerá que un juez de control obsequie la orden de aprehensión contra Corral, pero, lo cual podría darse como un hecho, en vista de lo “ágiles” que han resultado estos agentes de la impartición de justicia cuando se trata de echarle el guante a cualquier persona relacionada con la anterior administración.
Este jueves, Corral dio a conocer, mediante un mensaje en su cuenta “X”—antes Twitter—que renunciaba al PAN después de 41 años de militar en ese partido, aunque sin actividad partidista desde que entregó el cargo, en septiembre de 2021.
Su gestión de distinguió por la magra ejecución de obra pública, por sus constantes roces con los gobiernos de los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y por perseguir a funcionarios del período de su antecesor, César Duarte Jáquez.
Como gobernador, Corral se preciaba de que su gobierno había impuesto “un récord” de órdenes de aprehensión, con 21 en total, dos de las cuales están en proceso y mantienen recluido en el CERESO 1 al ex gobernador ballezano.
La orden de aprehensión llegaría casi al mismo tiempo cuando se definan candidaturas en todos los partidos políticos, y cuando inicien las precampañas a la Presidencia de la República, a senadores o senadoras, diputaciones locales y federales y ayuntamientos.
Los priistas de viejo cuño solían decir que la política era un asunto “de tiempo y circunstancia”, lo que hoy en día se conoce como “timing”.
Falta ver si ese tiempo: el final del sexenio de AMLO, y la circunstancia electoral, le son favorables a la instancia que quiere distinguirse por haber metido a la cárcel a dos ex gobernadores.
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Activistas de Chihuahua y de Ciudad Juárez ya preparan una demanda de amparo en contra de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado por la desaparición del Consejo Consultivo de Cultura, organismo que está contemplado en la normativa de esa institución.
La demanda se fundará en el hecho de que la desaparición de ese Consejo fue un acto de autoridad por parte de una dependencia del Gobierno del Estado y, por lo tanto, cualquier ciudadano puede pedir la protección de la justicia federal.
En este caso, es la Secretaría de Cultura la que decidió no integrar la ya mencionada instancia, lo cual implica aplicar las políticas culturales prácticamente por cuenta propia, según lo han expresado los activistas.
Actores, directores y montadores de escena, los inconformes señalan que la dependencia a cargo de Alejandra Enríquez dio una motivación “sin sustento” para tomar la decisión que ahora van a impugnar, al declararlo “desierto” por no haber reunido al número de participantes que se requerían para elegir a esa mesa de consulta.
Sin embargo, agregan, de acuerdo con la Ley, deben ser 30 los integrantes y se registraron más de 50, por lo que había “de dónde” elegir a los consejeros y poner el Consejo a funcionar.
El “tiro” inició este jueves, con una toma simbólica de la “Casa de los laureles”, sede de la Secretaría de Cultura, donde se leyó un manifiesto en el que critican la política cultural de esta administración, que pasó por el intento de desaparecer dicha dependencia, la reducción de su presupuesto en el 2022 y la cancelación del Festival Internacional Chihuahua del año pasado.
La Secretaría, a su vez, ya prepara la respuesta a la demanda que estará llegando a sus escritorios en el curso de la semana próxima.
Tiempos traen tiempos, decían los comentaristas políticos “de más antes” y así parece que será: de aquí y hasta mediados del 2024 vamos a ver muchas de estas escaramuzas.
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Todo indica que, al director del Conalep, Eloy García Tarín, ya se le acabó la “beca” y no tardan en pedirle que ahueque el ala y deje el cargo para alguien que sí quiera, por lo menos, hacer acto de presencia en la oficina.
Ayer, un grupo de docentes y empleados administrativos sindicalizados del Conalep, le hicieron una protesta frente a las oficinas de la institución, por la poca atención que le pone a ésta y por los graves rezagos que enfrenta.
El principal foco de inconformidad es el adeudo que tiene el Conalep con el FOVISSSTE, de donde sale el pago de las casas que docentes y administrativos adquirieron con su crédito para vivienda.
Entre las expresiones de protesta, la que circuló ayer en redes sociales y que generó una serie de expresiones en contra del funcionario fue la de la cartulina pegada en la pared del Conalep, que decía: “En qué horario trabaja el director general?”.
García Tarín es uno de esos políticos priistas que se acomodaron rápidamente a su nueva afiliación panista, pues ya pertenecía a una corriente ultra conservadora dentro del PRI, partido donde fue desde dirigente de las juventudes revolucionarias hasta representante en órganos electorales, donde pronunciaba discursos implacables contra el panismo.
Tras muchos años de amistad y trabajo cercano, decidió romper con su exsocio político, Marco Adán Quezada, cuando éste decidió acercarse a Morena.
En la actual administración ha tenido ya dos cargos en menos de tres años: primero fue subsecretario de Gobernación.
“Hay García Tarín para rato”, dijo en aquel entonces el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, después de pedirle las llaves de la oficina. Poco después apareció con el cargo que ahora ostenta, aunque, según sus críticos, no desempeña.
Nos dicen, desde los corrillos del Palacio de Gobierno, que si hubo favores de campaña, ya se le pagaron, así que, por favor, que vaya limpiando sus cajones en el Conalep.
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Estamos a semanas de terminar el primer semestre de clases y el sistema de educación media superior todavía hace un “estirón” para alcanzar los niveles de inscripción que tuvo en los años previos a la pandemia, porque, en ese específico departamento, estamos en el último lugar general.
Cifras del INEGI indican que Chihuahua tiene el primer lugar nacional en “La tasa de abandono escolar” en el nivel medio superior, lo que de jóvenes conocíamos como “la prepa”.
La mencionada tasa es una estimación de la proporción de estudiantes que abandonan sus estudios entre dos ciclos escolares consecutivos, según lo explican diversas autoridades en materia educativa.
En el caso de Chihuahua, por cada 100 muchachas y muchachos inscritos en prepa, 15.1 ya no la continuaron, esto en el ciclo 2021-2022.
Un ciclo antes, el 2020-2021, había sido de 16.5, en plena pandemia de Covid-19, cuando también se ocupó el primer lugar nacional.
Podría atribuirse a la propagación del SARS-CoV-2 el hecho de que tanto joven hay decidido no continuar sus estudios de bachillerato, pero en ese mismo año, hubo estados como Puebla o Jalisco donde el indicador fue mínimo.
En Chihuahua, se inscribieron 142 mil 814 estudiantes de nivel medio superior, incluidos todos los subsistemas, según datos de la SEP, con cifras proporcionadas por el Gobierno chihuahuense.
La expectativa de las autoridades educativas contemplaba remontar esa debacle y volver a los primeros lugares, pero eso todavía está por verse al término del presente ciclo.