Por la forma en que han ocurrido las cosas en el Club Campestre, no se detendrán ahí las sacudidas y los escándalos, cuando lo conocido hasta ahora apenas es la punta del iceberg.

Hay función en varias pistas. Una tiene que ver con la llegada a la presidencia provisional del Club, por parte de Gabriel Contreras Álvarez, luego de que el Consejo determinó, por mayoría, separar temporalmente del cargo a Sergio Guzmán Castañeda, junto con el tesorero, Jaime Merín.

Resulta que los 21.5 millones del desfalco por el cual se presentó denuncia penal en contra del administrador, Alberto Medina Molina, podrían ser peccata minuta frente a lo que, en las últimas tres administraciones, ha representado el quebranto a las finanzas del Club, vía contratos de construcción para sus obras internas.

Aquí el punto interesante es que precisamente Contreras sería un actor clave en todos esos enjuagues, como cabeza del Comité de Obras. Esa es la más reciente grilla al interior del Club.

No hay que olvidar que el tema de cómo un mismo grupo en el que han participado los tres últimos presidentes (con Contreras serían cuatro) mantuvo el control sobre esos contratos para favorecerse con el negocio, está en el fondo de la efervescencia política interna que llevó al surgimiento de dos planillas, cuando todavía no brotaba el escándalo del desfalco.

Es vox populi entre los socios, que las distintas obras de mejoramiento, ampliación y mantenimiento que ahí se han ejecutado durante los últimos años, han traído sobrecostos de entre el 20 y el 35 por ciento.

También es comidilla de todos, la forma en que alguien pudo salir de la bancarrota como constructor, nada más con los contratos del Club.

Por eso recuerda Mirone que hay más trasfondo en el caso y que también con ese objetivo se constituyó la Comisión Especial, facultada para revisar todos los movimientos financieros y contables de los últimos siete años.

¿Qué pasará con Contreras Álvarez? Que nadie descarte que también tenga que salir por la puerta de atrás por todo el tema del Comité de Obras, donde siempre hay más riesgos de corrupción, igualito que en el sector público.

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Muchas preguntas se quedaron sin respuesta en un ejercicio informativo que organizó el fin de semana el Instituto Nacional Electoral (INE), con quienes van por el voto popular para ser personas juzgadoras del Poder Judicial, o ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando estamos a cinco días del arranque de las campañas electorales, prevalecen muchas dudas sobre lo que se puede o no hacer en esa parte del proceso.

En una sesión virtual de tres horas, con participantes de todo el país, se quedaron en el aire preguntas como la de si estaba permitido el perifoneo por parte de las candidaturas, lo que es normal en las campañas ordinarias de representantes populares en el Ejecutivo y Legislativo.

Tampoco respondieron los representantes de Fiscalización del INE, si una candidatura podía recurrir a un crédito bancario o al uso del los tarjetazos para poderse costear su campaña, cuando no está permitido ni el financiamiento público, ni el privado.

Los funcionarios dijeron que este último es un pendiente que deberá resolverse en el Consejo General del INE.

Alguien preguntó en la plataforma digital si podía declarar en ceros cuando había un trabajo de difusión en redes que haría su hijo y que no le cobraría por ello. Tampoco se respondió esa inquietud.

Las dudas se están resolviendo a cuentagotas. En la última sesión del Consejo del INE, se trataron dos temas sobre las campañas y en esa ocasión se definió que no estarán permitidos los gastos para los arranques con evento especial, como sí pasa en las candidaturas ordinarias.

O sea que no habrá gastos para templetes, sillas, back, sonido y todo lo demás que se requiere cuando se hace un mitin campañero. Las candidatas y los candidatos simplemente tendrán que salir al espacio público y pedir el voto a viva voz o volantear, lo que sí está expresamente permitido.  Tienen, desde luego, la opción de utilizar sus redes sociales.

El tema del dinero sigue siendo el mayor problema para candidaturas que no son parte del Poder Judicial o que no están cobijadas por estructuras políticas.

Si vemos el caso de la juarense Olivia Aguirre Bonilla, la litigante y catedrática de la UACJ que busca un lugar como ministra de la Corte, su única opción de financiamiento es el crédito, porque no tiene grandes ingresos (nomás los suficientes para pagar su crédito), ni grandes sueldos como quienes ya cobran en el Poder Judicial, como las ministras en funciones o magistradas que son candidatas.

El tope de gasto de campaña para una persona que aspira a la Corte es de un millón 400 mil pesos. Una profesionista como Bonilla no los tiene, y si está impedida de recibir patrocinios, ¿entonces de dónde va a sacar el recurso para poder competir con quienes sí lo tienen?

Ya pinta bastante inequitativo el proceso, aparte de incierto en cuanto a las reglas del juego durante las campañas.

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Quienes anduvieron muy activos en domingo, fueron los dirigentes de Movimiento Ciudadano.

En Guadalupe, Nuevo León, realizaron la Sexta Asamblea Anual de Autoridades Municipales, hasta donde acudieron los distintos liderazgos chihuahuenses.

Con su presidente nacional, Jorge Álvarez Máynez, estuvieron el dirigente estatal y diputado del Congreso del Estado, Francisco Sánchez, al igual que el diputado federal y exalcalde de Parral, el socio mayoritario de la franquicia, Alfredo “El Caballo” Lozoya.

Ambos presumieron su presencia en el evento “Fuerza Naranja” que llenó un colorido auditorio con el gobernador Samuel García como anfitrión. Está en su mejor momento el partido fosfo-fosfo.

“Desde la Asamblea Nacional de Autoridades Municipales refrendamos que somos la única opción de futuro para Chihuahua y para todo México. Viene lo mejor, amigos”, escribió en sus redes El Caballo.

“Somos la #FuerzaNaranja de #Chihuahua, somos la fuerza que solo sabe crecer”, publicó el diputado Sánchez.

Fue toda una delegación chihuahuense. En las fotos, al menos 20 personas sostienen la manta de identificación estatal en la Asamblea.

Por Ciudad Juárez, no podía faltar la regidora en el Ayuntamiento, Gloria Mirazo, quien llegó al cargo después de que su suegra, Esther Mejía, invirtió en la franquicia y se lanzó como candidata a la alcaldía, renegando de Morena.

El hijo de Mejía (Juan Carlos, ya divorciado de Gloria) se quedó con la dirigencia local de Movimiento Ciudadano.

El caso es que el grupo naranja se hizo notar en Nuevo León, en una asamblea donde el senador Luis Donaldo Colosio se llevó los aplausos, los gritos y las consignas de “¡Presidente!, ¡Presidente!”, cuando todavía faltan cinco años para el 2030.

Colosio se dejó querer y confirmó que había que empezar a trabajar a la de ya. Así que por todos lados anda el futurismo político desbocado.