Veintiún años de impunidad es mucho tiempo para cualquier delito porque termina por olvidarse, incluidos los asesinatos de periodistas de Chihuahua, que en cada Gobierno que llega se convierten en promesa de un día y amnesia para el resto del turno.
En la entidad han sido asesinados 22 periodistas desde el año 2000, cuando fue atacado con arma blanca José Ramírez Puente; el último fue en 2017, cuando sicarios del narco ultimaron a balazos afuera de su casa a Miroslava Breach.
El tema viene a colación porque han pasado cuatro sexenios desde entonces, y ninguno de los gobernadores ha tenido la sensibilidad de ordenar a sus fiscales resultados limpios, para sacar de la impunidad los 22 asesinatos.
Durante la administración de Patricio, tres periodistas fueron asesinados: Jose Ramírez Puente, José Luis Ortega Mata y José Barbosa Bejarano.
Con José Reyes Baeza hubo doce, el más alto registro de comunicadores chihuahuenses asesinados: Enrique Perea Quintanilla; 2006, Gerardo Guevara Domínguez; 2007, Saúl Noé Martínez; 2007, Candelario Pérez Rodríguez; 2008, José Armando Rodríguez Carreón; 2008, David García Monroy; 2008, Ernesto Montañez Valdivia; 2009, Norberto Miranda; 2009, Jaime Omar Gándara; 2009, Isabel Cordero Martínez; 2010, Guillermo Alcaraz Trejo; 2010, Luis Carlos Santiago; 2010.
Con César Duarte hubo cinco: Hugo César Muruato Flores; 2011, Francisco Javier Moya Muñoz; 2012, Héctor Javier Salinas García; 2012, Ernesto Araujo Cano; 2012, y Jaime Guadalupe González Domínguez; 2013.
Por último, con Javier Corral fueron ultimados dos periodistas: Jesús Adrián Rodríguez Samaniego; 2016, y Miroslava Breach Velducea, en 2017.
Todos los casos han sido manoseados sin resultados que satisfagan a nadie, mucho menos a los familiares de los colegas muertos. Los especialistas en Criminología sostienen, con base en el conocimiento y la experiencia, que un crimen resuelto es aquel que no deja cabos sueltos, y en estos casos todo está suelto.
Chivos expiatorios, testimonios falsos, hipótesis que dan risa, pistas confusas; en fin, palos de ciego que han exhibido la ineptitud y corrupción de ministerios públicos, de los agentes investigadores y de los propios fiscales que han tomado los casos.
El caso más evidente de esta complicidad de las autoridades con los asesinos ha sido, sin duda alguna, el crimen de Miroslava Breach; porque en él estuvieron involucrados dos panistas y colaboradores del Gobierno de Javier Corral, Alfredo Piñeira y José Luévano, que nunca fueron tocados en la investigación por órdenes del gobernador.
Ahora que llega Maru Campos al Gobierno del Estado, ha prometido combatir la impunidad e incluso dijo, en su toma de protesta en la X, que en el caso de los expedientes X “ni perdón ni olvido”.
Los expedientes de los colegas asesinados no son «X» ni «Y» ni «Z», pero deben ser expedientes con clasificación A, de prioritaria; por los años que tienen durmiendo el sueño de los justos y porque fueron asesinados en el ejercicio de su oficio, sin más pecado que el de haber hablado con la verdad.
Por eso, en este inicio de sexenio, es oportuno refrescar la memoria colectiva y recordarle a la gobernadora Campos que los periodistas sacrificados no pueden quedar como una simple estadística fúnebre de la entidad, como la han manejado hasta ahora los que la antecedieron.
La memoria de los periodistas asesinados merece respeto pero, sobre todo, castigo para los responsables; de lo contrario, el ejemplo de impunidad en sus crímenes seguirá cundiendo.
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Hasta ahora, la gobernadora Maru Campos no se ha pronunciado en torno a la petición que le hizo Cruz Pérez Cuéllar en su mensaje de toma de protesta el pasado viernes; en el sentido de que le cedan al Municipio la administración de la Junta de Aguas.
El viejo anhelo de políticos de todos los colores que han pasado por la presidencia municipal, de tener bajo su control la JMAS, fue un tema de campaña de Cruz que pasó desapercibido, pero que en su primer discurso como presidente municipal cobró relevancia.
Si Maru hubiera asistido al evento, habría tenido que dar una respuesta en su mensaje de apoyo y buenos deseos para el alcalde.
No fue así y, desde la capital del estado, los gurús de Maru ven el asunto como un recurso fuerte del discurso de Pérez Cuéllar, pero nada más. No le dan ninguna posibilidad de que el plan de gobierno lo contemple en el corto, ni en el largo plazo.
Así ha sido siempre, no debe de extrañarle a nadie. Los alcaldes piden las JMAS y los gobernadores hacen mutis. Al final de cuentas, si de pronto les dijeran: «ahí tienes la Junta de Aguas, liquida todos los activos que son patrimonio del estado», ¿con qué recursos lo podría hacer el Municipio si los pocos que tiene como presupuesto anual se los come el gasto corriente?
Imagínense que le entregan la junta al Municipio y que no haya dinero para la reparación de las camionetas de la JMAS que atienden fugas y averías de los pozos; o que no tengan para la gasolina, como ocurre frecuentemente con las patrullas de la Policía.
¿Qué pasaría con el servicio de suministro de agua potable si tuvieran que reparar una serie de pozos colapsados y no hubiera presupuesto en las arcas municipales?
Mejor que se quede como está. Para qué le mueven si apenas pueden con lo que tienen.
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Muchos fueron los sorprendidos con el nombramiento del profe César Tapia al frente de la dirección de Vialidad municipal.
¿Qué puede hacer un maestro al frente de una de las dependencias históricamente más conflictivas y corruptas de la ciudad?
Los que lo conocen, saben que Tapia no es una perita en dulce, ni títere, ni alcahuete. Así lo ha demostrado en los liderazgos que ha tenido en el magisterio y en el partido Nueva Alianza, donde se ha forjado para la grilla.
Dicen sus cercanos que el profe tiene carácter, y eso es precisamente lo que se requiere en una dependencia tan apetecida como conflictiva, como es la dirección de Vialidad.
El abogado Sergio Almaráz, que acaba de terminar en ese cargo, lo vivió intensamente y aguantó las embestidas de comandantes, oficiales y agentes que sintieron el rigor de la disciplina y se rebelaron en varias ocasiones.
Ahora es el turno de Tapia, que deberá fajarse bien los pantalones y poner en juego todas las técnicas pedagógicas practicadas en las aulas, para enseñarles a los agentes buenos modales y cero mordidas.
Tapia llega en un momento en que la ciudad es un caos en materia de vialidad, por las obras que tienen destruidas todas las calles, mientras los agentes brillan por su ausencia.
Tendrá la oportunidad de demostrar que puede ponerlos a trabajar para brindar servicio a la población, porque; hasta ahora, lo que han hecho es aplicar multas para aumentar la recaudación de la Tesorería municipal.
Las principales avenidas tienen serios problemas de circulación, pero los agentes viales solo están al acecho para aplicar multas; no para atender problemas de congestionamientos, porque ese no es su negocio.
Esperemos que Tapia se aplique y los ponga a trabajar en su misión primaria, que es la prevención, y se olviden por un tiempo de la famosa ave de corral que tan felices los hace; sobre todo cuando se acercan las fiestas navideñas.