La misma estratagema desestabilizadora utilizada en el Tec de Juárez, consistente en atacar y desprestigiar a quien ocupa la Dirección del plantel, está aplicando en otras plazas del país la dirigencia sindical del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, con el único objetivo de obtener el control para la colocación de recomendados y parientes, que no logran obtener una plaza por la vía de los exámenes de oposición reglamentarios.

Después de las denuncias publicadas en días pasados, derivadas de la guerra sucia que el dirigente nacional, Javier Alvarado Zamora, emprendió contra el director del Tec de Juárez, a través del delegado sindical de la sección D-V-25, Pedro González Galván, trascendió que la misma maniobra descalificadora está aplicando en otros campus, como en Cosamaloapan, Veracruz, Zihuatanejo, Guerrero y Conkal, Yucatán.

En todos estos frentes que han abierto los dirigentes sindicales hay un factor común: los directores de los Tecnológicos están por terminar su periodo de 3 o 6 años, según sea el caso, como el de Juárez, que en el próximo mes de agosto cumplirá dos trienios al frente de la institución.

Todo indica, según la información de académicos de la institución, que esa campaña desestabilizadora fue acordada en reciente Convención Nacional anual del sindicato, porque a partir de esa comenzaron las hostilidades.

Fuentes consultadas en la misma delegación sindical, y que no están de acuerdo con la campaña que afecta la buena imagen del Tecnológico, consideran que los dirigentes nacionales y locales, léase Javier Alvarado Zamora y Pedro González Galván, pretenden demostrar a sus agremiados que, gracias a sus señalamientos y medidas de presión, los directores serán removidos, cuando es un hecho que los cambios de estos llegarán, simplemente porque ya concluyeron sus periodos.

Con ello quieren mandar un mensaje de esperanza a todos sus recomendados, que no pudieron acceder a las plazas que el año pasado se asignaron al personal mejor calificado, y que no eran precisamente los enviados del sindicato. 

Aunque los detractores han intensificado sus ataques en redes sociales, lo cierto es que tienen tan mala fama que han sido ignorados por el mismo personal académico sindicalizado, porque lo consideran un atentado a sus derechos laborales.

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Las observaciones que la Auditoria Superior del Estado detectó en la obra de la Academia de Policía, durante la administración del ex alcalde Armando “El Divino” Cabada, siguen arrojando datos interesantes sobre lo que no se hizo o se dejó de hacer, pero se pagó por concepto de terracerías, estructura metálica, albañilería, infraestructura hidráulica, barda perimetral y control del edificio.

Tan solo en la observación número 10, que se hizo a las instalaciones hidráulicas en baños y sanitarios de la Academia, existe una diferencia de 1 millón 794 mil pesos arriba de lo presupuestado, en la compra de extractores, calentadores de agua, tanques de gas, guarniciones y una puerta de seguridad, así como un presurizador cobrado a razón de 653 mil pesos.

Por otro lado, en solamente tres trabajos analizados y reportados en la observación número 17, y descritos como riego de emulsión asfáltica, construcción de un pozo de visita y una guarnición de concreto simple, los auditores detectaron una diferencia de 453 mil pesos, nada más.

Los cuadros comparativos señalan que, dentro de los trabajos de la auditoría, se incluyó la verificación de los precios unitarios de los conceptos contratados, así como de los precios unitarios de las obras y equipos adicionales, que fue donde detectaron la mayor diferencia, de 4 millones 185 mil pesos, pagados como sobreprecios a la constructora Grupo Koraachi, según el informe de la ASE.

En este punto, observaron que se pagaron 480 mil 130 pesos por 63 puertas de tambor de madera de pino, con un sobreprecio de 156 mil 476 pesos. Es decir, el precio en el mercado por cada puerta era de 5 mil pesos y las pagaron a 7 mil 500 cada una.

Otro rubo descarado de pagos alterados, fue el de 18 registros para agua pluvial construidos con tabique simple, por los que pagaron 303 mil pesos, cien mil más de los costos de mercado en la fecha en que se realizó la obra.

En la observación 21, que se refiere a los trabajos adicionales pagados que no estaban contemplados en la obra, los auditores detectaron que el Gobierno municipal de Armando Cabada pagó 1 millón 975 mil pesos por mamparas de acero inoxidable, que habían sido cotizadas y contratadas inicialmente por 1 millón de pesos, con la misma calidad y funcionalidad.

En esta obra fue beneficiada la empresa Caminos y Desarrollos Urbanos, que al igual que Grupo Koraachi, fueron favorecidas por asignación directa del proyecto en cuestión.

En el transcurso de los próximos días, irán saliendo a la luz pública el resto de las observaciones que se hicieron a una obra que fue realizada, en gran parte, con los 66 millones de pesos que salieron del pago de un terreno de 82 hectáreas al municipio, en lo que se conoce como Transferencia de Potencial Urbano.

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Resulta absurdo, por no decir más feo, que a pesar de que Estados Unidos registra una incidencia al alza en tiroteos mortales y asesinatos perpetrados por supremacistas, racistas y homófobos, en El Paso se promuevan, hasta en medios impresos, cursos presenciales y en línea para obtener la licencia de portación de armas de fuego.

Un curso de 4 horas, un examen escrito de 25 preguntas, una prueba de tiro de 50 disparos y 84 dólares, es lo que requiere cualquier hijo de vecino, por muy desquiciado que esté, para obtener una licencia para portar armas en caliente y convertirse en Rambo.

No hace falta el requisito de un examen de salud mental para tomar el curso y acceder a la licencia, que en automático le da derecho a cualquier demente a cargar una pistola o un rifle de asalto.

“Esta es la clase que necesita para ayudarlo a transportar de manera segura y legal, tanto de forma abierta como oculta en Texas un arma”, presume en su sitio uno de los promotores de los cursos que se imparten a partir de este mes.

La publicidad del curso no especifica edad ni exige un certificado psiquiátrico a los interesados, omisiones que violan la llamada “bandera roja” para los portadores de armas, establecida por el Congreso de los Estados Unidos en junio del año pasado, cuando se estableció como edad mínima los 21 años para comprar un arma y que éstas se pudieran confiscar a quienes, por su ideología extremista, por antecedentes de violencia, o por padecimientos mentales, representen un peligro para la sociedad.

De acuerdo con la organización no gubernamental Archivo de Violencia Armada (Gun Violence Archive, por su nombre en inglés) más de 6 mil menores han sido heridos o muertos por arma de fuego, desde el 2014 hasta diciembre del 2022, en los Estados Unidos, cifras dramáticas y de alarma desde el ángulo del que se les mire.

Por lo mismo, la facilidad de tomar un simple curso y obtener el permiso oficial para armarse, representa también un peligro para los juarenses, porque muchas de esas licencias otorgadas a texanos extremistas o pandilleros malandros, terminan por ser utilizadas para el tráfico de armas a los grupos criminales de este lado de la frontera, donde los homicidios dolosos siguen al alza con armas que vienen en su mayoría del vecino país.