A partir del 10 de septiembre, Cruz Pérez Cuéllar va por una segunda gestión al frente de la Administración municipal sin que haya librado aún las 11 carpetas de investigación que en su contra y varios de sus colaboradores abrió la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH).

El nuevo trienio está por arrancar, justo cuando la ciudad reclama por los espacios públicos no atendidos, el persistente deterioro de sus calles y otros atávicos rezagos de infraestructura urbana, como el drenaje pluvial nunca presupuestado por orden de Gobierno alguno.

En poco más de un mes se cumplirán dos años desde que se presentó la primera denuncia penal por presuntos delitos de corrupción en la actual Administración.

Luego de su ratificación, la FACH confirmó esa carpeta de investigación vigente que tiene que ver con 115 contratos de obras y servicios adjudicados por el Gobierno de Pérez Cuéllar de forma directa y sin justificación, por un monto de 366 millones 217 mil 90 pesos, nada más en los primeros seis meses de gestión.

Desde aquel 14 de octubre de 2022, la Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez identificó un alto riesgo de corrupción en la entrega de los contratos de todo tipo. Ese velo de corrupción parece marcar toda la gestión crucista, precisamente cuando deben rendirse cuentas en torno al Tercer Informe de Gobierno.

Ninguna de las 11 carpetas de investigación por presuntos delitos de corrupción se ha desechado hasta ahora, ni se ha declinado la acción penal, aunque tampoco se ha avanzado hacia la judicialización para llevar a los presuntos responsables ante un juez penal.

Las denuncias fueron presentadas no únicamente por una asociación civil, también por activistas y representantes populares, como lo son los regidores y los diputados, además de la Sindicatura, el principal ente fiscalizador y vigilante del uso de los recursos públicos municipales.

Tanto la Administración municipal, como la Fiscalía Anticorrupción, cargan al final de la primera gestión de Pérez Cuéllar, con esa asignatura pendiente de rendición de cuentas para que se clarifique, de cara a la sociedad, si hay materia o no que se deba juzgar por las instancias jurisdiccionales.

El dossier acumulado en contra del Gobierno crucista, incluye la denuncia del 29 de septiembre de 2023, en la cual se solicitó indagar al alcalde por la compra de pruebas Covid-19, presuntamente con sobreprecio, además de que se denunció un destino incierto de una parte del insumo nunca utilizado.

Para el 24 de octubre de ese mismo año, se presentaron dos denuncias más. Una por el Mochilagate, la compra de 250 mil kits escolares con un posible sobreprecio de 54 millones de pesos, y otra por un presunto desvío de recursos del Presupuesto Participativo.

El 30 de noviembre se acusó a Pérez Cuéllar, al igual que su exdirector de Regulación Comercial, Daniel Pando Morales, de no poder acreditar con base en sus propias declaraciones patrimoniales oficiales, solvencia económica previa para tener acceso a una vivienda de las características de la ubicada en la calle Del Fresno 1564, del exclusivo fraccionamiento El Campestre.

Por esa denuncia convertida en carpeta de investigación, la FACH procedió a un aseguramiento y posterior desalojo, de la vivienda en la que residía el alcalde, quien declaró pagar una renta de 70 mil pesos mensuales a su excolaborador.

Nada ha pasado desde aquel 22 de abril en que se realizó en El Campestre, el resonador operativo bajo control judicial, aunque ya transcurrieron otros 137 días.

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Tampoco ha pasado nada con la investigación que siguió a la denuncia del 6 de diciembre de 2023. Ese día se acusó al alcalde, junto con su exdirector de Desarrollo Económico, por la entrega de contratos por 6.5 millones de pesos para la compra de artículos de limpieza, presuntamente para favorecer a una empresa fachada del exfuncionario.

Para el 18 de enero, en otro caso que desató gran polémica, se presentó una denuncia más por la construcción y operación de una casa de cambio dentro de terrenos vedados de El Chamizal.

Pérez Cuéllar y varios de sus colaboradores fueron acusados de ejercicio ilegal del servicio público y de uso ilegal de atribuciones y facultades, delitos que se incluyen en el catálogo que corresponde atender a la Fiscalía Anticorrupción.

Para el 8 de marzo llegó otra denuncia a la FACH, respecto a varios contratos por 15.5 millones de pesos que el Gobierno Municipal otorgó en 2021 a la empresa Courmextres. La empresa está presuntamente vinculada a Alma Guadalupe Ortega Rodríguez, quien fuera coordinadora administrativa de la Dirección de Mantenimiento Mecánico, la dependencia responsable de otorgar los contratos para reparar vehículos oficiales.

El 20 de ese mismo mes se presentó una nueva denuncia contra el exdirector de Desarrollo Económico del Municipio, por el caso de la presunta entrega irregular de contratos para adquirir productos de limpieza, aunque por una cantidad mayor, ya que el monto alcanzó los 10.5 millones de pesos.

Dos carpetas de investigación más se abrieron por las denuncias presentadas por la Sindicatura Municipal el 15 de abril. Una tiene que ver con las obras inconclusas o pagadas con sobreprecio dentro del programa de rehabilitación de espacios de la Cruzada por la Educación. En ese caso, bajo un esquema en el que se ejercieron al menos 160 millones de pesos, directivos escolares fueron obligados a endosar los cheques recibidos a favor de contratistas designados por el Municipio.

La última carpeta se abrió por la contratación presuntamente ilegal de juegos mecánicos que el año pasado se instalaron en el Centro Histórico de la ciudad. Según la acusación, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, no estaba facultado para pedir la contratación y ejercer el presupuesto de 3 millones 300 mil pesos.

Al menos son esos 11 casos los que han trascendido al convertirse en carpetas de investigación que, por lo visto, están congeladas. El inicio de una segunda gestión de la Administración crucista, bien podría ser el momento para que la FACH cumpla de una vez con ese gran pendiente y resuelva lo que establece la ley.

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En el fin de la primera gestión de Cruz Pérez Cuéllar y el arranque de su segundo trienio, aparte de las asignaturas irresueltas en el combate a la corrupción y la impunidad, hay grandes pendientes que la ciudad reclama.

Uno que no deja de doler es la condición de sus calles y en general de su equipamiento urbano.

Cuando en su perfil de Facebook, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar publicó durante la semana un video que resume algunas de las obras que están por concluirse, como el estadio al suroriente o el Distribuidor Vial Talamás, recibió múltiples reclamos.

“Invierta en un buen pavimento en toda la ciudad, está en pésimas condiciones, todas las calles de Juárez baches por todos lados”, escribió la usuaria identificada como Mariana Licón.

“Prioridad: hacer más transitables las vías principales de la ciudad, las que utiliza la mayoría”, consideró Miguel Castro.

“Si no nomás se trata rehabilitar puentes, se trata que le dé el mantenimiento a toda la ciudad, un drenaje, calles y de todo, cosa que no ha hecho el Gobierno actual”, agregó Juan Carlos Ramírez.

“Preocúpense por las calles y el alumbrado público que está para llorar en todas las colonias”, escribió Claudia Quezada.

“Invierta en calles y drenaje pluvial necesario para evitar inundaciones y tragedias como la de Rafita, señor presidente”, señaló Luz Edith Granados.

“La gente quiere sus calles pavimentadas bien hechas, no quieren adornos en un cuchitril”, se sumó Graciela Carrasco, al referirse a la obra de embellecimiento urbano “La Duna”, la infraestructura metálica que recién se inauguró a la entrada sur de la ciudad.

Ante el rezago, poco pintan las 265 calles que el Gobierno de Pérez Cuéllar informa haber construido o rehabilitado. Igualmente, poco significativo es el monto de la inversión, aunque se presuma un monto “histórico” de mil 307 millones de pesos.

Los cuestionamientos se repiten una y otra vez: Y los baches, ¿cuándo? Y las calles, ¿cuándo? Además, siempre está el clamor por las obras de drenaje pluvial, ese en el que le han quedado a deber a la ciudad todos los órdenes de Gobierno, sin distingo partidista.

La infraestructura de la que adolece la ciudad para la conducción de las aguas pluviales, tiene otro rubro de suma importancia, el que tiene que ver con la contención de las crecidas para mitigar los riesgos para miles de habitantes, asentados en los cauces de los arroyos, ya sea en las partes altas, o en las zonas bajas, donde los arroyos fueron alterados por el desarrollo urbano.

Los diques y los vasos de captación requieren obras millonarias que no se han considerado en los presupuestos municipales, no únicamente para evitar tragedias con pérdida de vidas, también para impedir que las avenidas y los encharcamientos acentúen el deterioro en calles y banquetas.

Hay otra gran deuda con los parques públicos. La inmensa mayoría están abandonados, muchos en calidad de lotes baldíos o con sus equipamientos destrozados. Son más de 3 mil en toda la ciudad, aunque la Administración presuma que ha intervenido 101 parques e instalaciones deportivas.

Hoy, cuando se llega al final de un ciclo para iniciar otro, es momento propicio para revisar las prioridades en la inversión pública y atender lo que la ciudad reclama.

También para que se salde cualquier deuda con la rendición de cuentas y se empaten los esfuerzos institucionales para cerrar todo expediente abierto. Ninguna representación social o autoridad electa puede perder de vista su obligación, ya sea para hacer cumplir el Estado de Derecho o para ejecutar el mandato ciudadano.