El organismo que debería ser ajeno a injerencias políticas y controles desde el poder público, ha operado como bolsa de trabajo para el reparto de plazas entre actores y partidos políticos.

Nadie que trabaje en la CEDH desconoce esa lamentable realidad que limita bastante el trabajo del supuesto órgano autónomo, en detrimento de la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

El ente está lleno de protegidos que nada más cobran, pero poco cumplen con sus tareas, atenidos al influyentismo de personajes políticos que les consiguieron la chamba o los recomendaron.

Comenta Mirone el tema porque abundan esas quejas ahora que la Comisión enfrenta el proceso de designación de la presidencia, luego del fallecimiento del titular, Javier González Mocken, quien hace un año asumía el cargo precisamente en medio de la polémica por su perfil 100 por ciento político-partidista (con historia en tres distintos partidos) y sin ninguna experiencia previa en materia de derechos humanos.

Y si continúa el proceso bajo la misma lógica que ha prevalecido, con designaciones abiertamente partidistas, seguramente prevalecerán esas nocivas inercias que no son otra cosa que corrupción política. ¿O de qué otra manera se le podrá llamar al reparto del pastel por medio de posiciones para cobrar de la nómina pública?

Tan normalizada está la práctica de aceptar recomendados que, por ejemplo, el actual encargado de despacho, Alejandro Carrasco, cree que puede aspirar a la presidencia porque Zutano o Mengano le pidieron, y obedeció el designio, meter a personal en distintas áreas de la institución, en este tiempo que estuvo al frente.

Otras figuras que están en la banca política de sus partidos, creen que ahora les corresponde estar ahí y ya se sienten en la silla principal, porque dicen tener la bendición de Palacio, otra vez, sin contar con experiencia suficiente en atención a víctimas o en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Corresponde formalmente al Congreso del Estado la designación del mejor perfil y precisamente hoy, a las nueve de la mañana, empezarán las entrevistas con las y los 25 aspirantes que, durante dos días, mostrarán a diputadas y diputados sus conocimientos y sus cartas credenciales para ese cargo.

De acuerdo con la convocatoria lanzada por la Junta de Coordinación Política del Congreso, se elaboró una matriz de evaluación para las entrevistas con cinco puntos a calificar.

Así que el aspirante deberá expresar ideas de manera clara y estructurada, aportar elementos que denoten habilidades para asumir cargos de mandos medios o superiores, demostrar conocimientos en materia de Derechos Humanos y demostrar que cuenta con las competencias indispensables para determinar la idoneidad en el desempeño del cargo.

Además, la Jucopo deberá evaluar si en su intervención se plantearon propuestas para consolidar la objetividad, imparcialidad o combate a la corrupción por el órgano jurisdiccional, en caso de asumir el cargo.

Después de revisar las evaluaciones y los currículums, corresponderá a los diputados presentar una terna con las tres mejores calificaciones (dos hombres y una mujer) para que en el pleno se vote por la persona que será titular de la CEDH, a más tardar el 30 de abril.

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Le comentaron a Mirone que Carlos Ortiz, el representante de la gobernadora Maru Campos en Juárez, ya aplicó limpieza a las herencias que le dejó ahí Oscar Ibáñez.

Una muy particular tiene que ver con el equipo que se había incrustado en la nómina de la Representación para supuestamente hacer trabajo de operación electoral y marketing político.

Hablamos del grupo encabezado por Marco Polo Rodríguez, con quien trabajaron por más de tres años Estefanía Solano y Magnolia Márquez. Todo este tiempo estuvieron cobrando buenos sueldos como asesores.

Se vinieron a trabajar a Juárez desde los tiempos de la campaña del 2021, cuando ganó la elección Maru Campos. Gabo Díaz, con su empresa de consultoría “Vamos a ganar”, fue la conexión inicial para que el estratega nayarita y su equipo se establecieran desde entonces en esta frontera.

El caso es que aquí hicieron vida y negocio. Se supone que estuvieron trabajando con fines electorales para la campaña del 2024, en la plaza donde el PAN y sus aliados fracasaron de la más fea manera. La historia de simulación ya es bastante conocida. Por eso hubo ajustes (y están otros pendientes) en la estructura de gobierno local.

Supo Mirone que, en las campañas pasadas, Marco Polo no únicamente estuvo cobrando en la nómina oficial como asesor, también vacunó a uno o dos candidatos a las diputaciones.

El caso es que se le acabó el veinte; sin embargo, el asesor y estratega ya anda viendo cómo hacer negocio con las campañas de las personas juzgadoras en la elección extraordinaria de este año.

Respecto a lo que ha pasado en Pueblito Mexicano, también le llegó un dato más a Mirone sobre la Recaudación de Rentas. Ahí también ya salió como subrecaudadora, Elisa Lomelí, quien se había quedado como encargada de despacho cuando se encampañó Rogelio Loya.

Quien llegó en su lugar por indicaciones del recaudador Raúl García Ruiz, fue Mariana Valles. Raúl se ha llevado con él a un par de colaboradores más.

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Vaya que se han acelerado los tiempos políticos. Vemos las campañas anticipadas y desde luego que también las contracampañas. Hay de todo en el ambiente y parece que no habrá tregua de aquí hasta el 2027.

En ese contexto, a quien le llovió en las últimas horas fue a la senadora por Morena, Andrea Chávez.

Apenas un día después de que la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez declaró que Andrea era la “enemiga número uno del estado de Chihuahua”, publicó Latinus un reportaje que deja muy mal parada a la egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El foco está en el gasto de su caravana médica, tres camiones que son unidades móviles de atención a la salud y que, de acuerdo al medio, representan un gasto de aproximadamente 10 millones de pesos al mes.

¿Quién compró? Es el otro punto importante de la información que formal y oficialmente nunca ha sido transparentado por la senadora que utiliza esa estrategia para promocionar su nombre y su imagen. Esos gastos no han sido declarados, ni se ha explicado el financiamiento.

De acuerdo con Latinus, los camiones que ofrecen el servicio gratuito a la población son propiedad de FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista favorito de Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena en el Senado y claro impulsor de Andrea para la gubernatura de Chihuahua.

“Andrea Chávez es una de las políticas mexicanas más controversiales, más mediáticas y más poderosas. La senadora de Morena es una de las figuras más visibles de una nueva generación de morenistas”, fueron las palabras introductorias de Carlos Loret de Mola al reportaje en el que se detalla cómo la senadora ha utilizado las unidades médicas móviles.

“¿Quién paga estos millones, de dónde salen estos millones?”, cuestiona el periodista, al asegurar que, con el sueldo de senadora, simplemente, no le alcanza a la juarense.

El medio calculó el costo de los 10 millones mensuales, al revisar contratos por servicios similares que la propia FMedical ha firmado con Gobiernos estatales. Además de los servicios y la atención médica, se ofrecen las medicinas de manera gratuita, igual que los análisis clínicos.

Padilla Farfán, el dueño de la empresa que ofrece el servicio, ha presumido su amistad con Adán Augusto, en sus redes sociales, igual que lo hizo con el exgobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino y con el senador del Partido Verde, Manuel Velasco.

Hasta ahí llega el reportaje que la estructura panista en Chihuahua no ha dejado de replicar.

“Ya antes había yo señalado estos temas, la corrupción es evidente. ¡La senadora Andrea Chávez no tiene cómo demostrar la procedencia de ese despilfarro de recursos!”, escribió Daniela Álvarez al compartir en sus redes el trabajo de Latinus.

Andrea, Morena, el PAN y Daniela, seguirán dando más de qué hablar sobre este tipo de temas.

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Otro tema de la agenda pública que nomás no se resuelve, es el del transporte público, particularmente en Ciudad Juárez.

Como históricamente los transportistas y concesionarios han hecho lo que les viene en gana, la diputada Xóchitl Contreras se aventó una propuesta radical que no suena tan descabellada.

La juarense presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para castigar con cárcel a quienes operen camiones piratas. También propuso endurecer los esquemas para revocar concesiones a los transportistas que incumplan con la Ley de Transporte.

“Ya no podemos seguir permitiendo que el transporte público sea un riesgo mortal para las familias juarenses. Es inaceptable que personas sin concesión, sin permisos y con unidades en condiciones deplorables, sigan operando impunemente, poniendo en peligro a miles de ciudadanos”, dijo la diputada.

La iniciativa propone que el uso de camiones piratas sea considerado un delito, con penas de hasta tres años de prisión.

También contempla sanciones para quienes alteren la identificación de los vehículos para eludir controles, y penas de cárcel para quienes operen unidades en condiciones mecánicas deficientes o sin seguro vigente.

“Es momento de que el Estado mande un mensaje claro: no más transporte irregular, no más impunidad y no más accidentes evitables. Quienes juegan con la vida de los juarenses por negocio deben asumir las consecuencias”, agregó Contreras.

Apenas la semana pasada, una adolescente murió bajo las llantas de un camión de transporte de personal que se quedó sin frenos y que rebasaba la antigüedad máxima permitida por la ley.

En Juárez, más de 2 mil unidades de transporte de personal prestan el servicio fuera norma y son chatarras con más de 20 años de antigüedad, por lo que son frecuentes los accidentes de tránsito.

Como que va siendo hora de que la autoridad actúe con mayor firmeza. Apenas le ha entrado en Juárez a las revisiones aleatorias de las unidades en las rutas alimentadoras, pero nunca le ha atorado en serio al transporte especial para maquiladoras.