Recientemente, Carlos Manuel Salas compartió una anécdota sobre una llamada de extorsión que recibió de un supuesto grupo criminal antes de tomar el cargo de fiscal, en la que incluso la persona que le marcó conocía la dirección de su casa.

Aseguró que ante el temor que esto suele ocasionar, conocía casos en los que sus amigos y familiares entregaron dinero a través de un depósito o hasta una transferencia.

De acuerdo con Salas, este tipo de llamadas sí se han intensificado en los últimos meses, por lo que lanzó una alerta a la ciudadanía para que no se enganche.

Estos grupos criminales, que la mayoría de las veces operan desde una cárcel, han recurrido a todo tipo de engaños. En noviembre pasado, por ejemplo, la Fiscalía estatal lanzó una alerta a comerciantes sobre llamadas telefónicas para extorsionar a nombre del Gobierno del Estado, exigiendo una cuota a cambio de brindar seguridad.

Esta modalidad, que fue investigada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos a Través de Medios Tecnológicos y Extorsión, consistió en amenazar vía telefónica, a través de la que aseguraban ser integrantes de un supuesto grupo delictivo que “viene a hacerse cargo de la seguridad en la entidad”, y amagando “a nombre de Gobierno del Estado”.

En estos casos, una vez que someten a sus víctimas mediante el engaño y el miedo, les piden “cuota”, con la amenaza de que, en caso de negarse a pagar, les harán daño en sus personas o negocios.

Datos de las autoridades federales indican que el fenómeno de la extorsión telefónica en México tiene sus orígenes a principio del año 2000, cuando la telefonía celular empezó a crecer en el país.

En ese tiempo los delincuentes planteaban a sus víctimas escenarios de riesgo o peligro, tales como secuestros o detenciones de familiares a causa de un delito, y también les ofrecían servicios de seguridad a empresarios o comerciantes, básicamente para “protegerlos” de ellos mismos, pero fueron agregando otras modalidades, y comenzaron a utilizar argumentos menos agresivos y elaborados, como premios obtenidos tras algún sorteo y campañas publicitarias.

Con el paso del tiempo regresaron a las llamadas agresivas y fortalecieron sus estrategias en las que utilizan la violencia psicológica para intimidar a sus víctimas. La ciudadanía ha reportado llamadas en las que los criminales se ostentan como representantes de una institución bancaria, prestador de servicios y del Gobierno.

Después de “convivir” más de dos décadas con este delito, las autoridades conocen más o menos cómo se mueve el asunto. Es importante, según la Fiscalía estatal y otras instituciones de seguridad, no caer en pánico y no contestar llamadas de números desconocidos o de otra lada.

Otra estrategia que utiliza la delincuencia para obtener información es analizar imágenes publicadas en Facebook, lo que le permite conocer el nivel socioeconómico de la posible víctima. Después obtienen el número telefónico utilizando todo tipo de argumentos con sus contactos.

Una vez que cuentan con información básica, es muy fácil jugar con el terror psicológico de sus víctimas. Y ahí es cuando comienza la pesadilla para algunos. “Sé que tienes un hijo”, “conozco el lugar donde trabajas”, “ya ubicamos la escuela a la que acuden tus hijos”.

Las estadísticas muestran que la mayoría de las veces los delincuentes exigen que se realicen depósitos de dinero a través de tiendas departamentales, comercios o transferencia bancaria.

A diferencia de la extorsión directa, aquella que padeció Ciudad Juárez en su peor época de inseguridad, entre 2008 y 2012, y que es cuando una persona se presenta físicamente en un negocio a nombre de un grupo del crimen organizado, la extorsión indirecta no solo se ha mantenido, sino que ha tomado más fuerza.

Las llamadas que más se usan son las relacionadas con un secuestro. En este caso, se hacen llamadas al azar, esperando a que conteste un menor de edad, un adulto mayor o alguien que les suene vulnerable, para luego identificarse como parte de una organización delincuencial.

Generalmente piden a las víctimas un número telefónico celular para llamarle y ordenan no interrumpir la comunicación, bajo la amenaza que si cuelgan su familia o propiedad serán dañados. En muchos de los casos piden descolgar el aparato de telefonía fija de la vivienda, tomar objetos de valor y dinero de forma rápida y salir de casa.

La víctima tiene que acudir a una tienda de autoservicio para comprar un celular nuevo y proporcionar el número al delincuente. Después han pedido apagar el celular personal, trasladarse a un hotel y solicitar una habitación. Esto es aprovechado por el criminal para llamar a la casa y decir que se trata de un secuestro. Aunque el familiar intente contactar al supuesto plagiado, todo se vuelve más real, ya que el celular estará apagado y la persona incomunicada.

El extorsionador esperará unos minutos y volverá a hablar con los familiares, a quienes les pedirá una fuerte cantidad. Las investigaciones policíacas han encontrado que el delincuente hace una llamada tripartita en la que se simulará que se encuentra con su víctima, que en realidad se encuentra sola en un hotel.

La mayoría de estos extorsionadores no tienen estructura para recoger el dinero y lo piden por depósito, aunque se registran casos en los que se solicita a la víctima dejar el dinero en un lugar público. Lo extraño del caso es que la víctima nunca estuvo en un peligro real, pues todo se trata de un “juego” previo para causar pánico entre los involucrados.

Ahora es más común que, aprovechando la tecnología, los delincuentes ingresen a plataformas de mensajería celular de las que toman datos y fotografías de los perfiles. En algunas ocasiones se hacen pasar por hackers que obtuvieron información personal de la computadora o celular.

Cifras del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) señalan que, en un año, fueron detectados 220 mil números telefónicos que son utilizados para extorsionar, de los cuales el 60 por ciento provienen de los penales, donde en promedio se usan entre 10 y 18 chips para cometer el delito.

A partir de marzo fue creada una base de datos nacional con estos números de extorsionadores. Los datos del CNSP agregan que los estados que padecen más este delito son el Estado de México, Baja California, Guanajuato y Puebla, que concentran el 41.86 por ciento de las denuncias en el territorio mexicano.

Pese a que la base de datos está enlazada con otras del Sistema Nacional de Información, para que los datos contenidos puedan ser utilizados para los fines que persigue la seguridad pública, este delito no se ha frenado, como hemos visto en Chihuahua.

Las recomendaciones son las mismas de hace 23 años: no entrar en pánico, interrumpir la llamada y verificar si la situación que se plantea es real o no, no ceder a ninguna exigencia, llamar de inmediato a la supuesta víctima. En caso de que sea cierto, hay que denunciar el hecho ante las autoridades a la brevedad.