En el Municipio les pidieron a los dirigentes sindicales hacerlo de manera discreta.

La verdad es que lo hacen de forma abierta y hasta cínica. Nos referimos a la venta de bases sindicales para laborar en el Gobierno Municipal por las que se pagan hasta 200 mil pesos.

El tema se develó en investigación de Norte Digital publicada durante la semana, a partir de que se tuvo acceso a un acta oficial del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM).

Lo dejaron por escrito en la transcripción del acta de la Quinta Asamblea Ordinaria del Comité 2022-2025.

Estas transacciones extralegales se llevan a cabo fuera de cualquier reglamentación, sin base jurídica. La Administración municipal ha omitido acciones para controlar ese mercado, bajo la justificación de que se trata de una actividad interna del STUM, a la vez que el Sindicato le endosa toda la responsabilidad al trabajador.

La dirigencia sindical consideró las transacciones “un asunto medio delicado”, pero las justificó, ya que, “legalmente no se está cometiendo ningún delito, sino que es un derecho que el Comité faculta para decidir quién ocupa la base que se genere en escalafón cuando el trabajador concluya la relación laboral, ya sea por baja, renuncia voluntaria, fallecimiento o jubilación”.

El esquema opera desde octubre de 2022, es decir, inició en la primera gestión del actual alcalde, a partir de que tomó posesión el Comité del organismo gremial encabezado por Carlos Villegas Ríos.

El hecho es que el mercado extralegal de bases para ingresar a la burocracia local, cuya nómina se paga con las contribuciones de los juarenses, cuenta con el aval del Comité Directivo del SUTM y de las autoridades municipales, que formalmente son la parte patronal.

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Como si fuera mercancía, los trabajadores sindicalizados pueden vender sus bases o plazas después de jubilarse. La oferta en el mercado extralegal empezó en unos 50 mil pesos, pero luego superó los 100 mil pesos y hoy hay casos de venta hasta en 200 mil.

Tanta distorsión se generó en torno a un supuesto derecho ganado, que ya hay hasta reventa. Eso explica esas cifras estratosféricas. O sea que hay quienes las han comprado en 100 mil y revendido después en 200 mil.

Se convirtió en un vil mercado regido por la ley de la oferta y la demanda. En este caso, mucha demanda con poca oferta, por eso se han pagado esas cifras. Y todo porque quienes ya saben lo que es trabajar en la Administración pública, hacen suya la máxima aquella de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

En este asunto en particular, no tanto por los grandes sueldos, sino por todas las prestaciones de las que gozan los empleados municipales y porque saben que el Sindicato está ahí siempre para protegerlos, si les da por trabajar lo menos posible.

De ahí que las plazas sean cotizadas. Sin embargo, el costo final lo pagan todos los juarenses, que en esencia son los patrones de los trabajadores municipales y serían en última instancia los dueños verdaderos de las plazas.

El problema es que también el servicio público está distorsionado. La cultura patrimonialista y el corporativismo se arraigan y se imponen en un punto tal que los empleados, los funcionarios y el Sindicato, creen que las plazas y los recursos públicos les pertenecen.

Ya no se trata de un derecho al trabajo, ni de una estructura de atención pública, sino de un simple negocio.

Ese mercado negro ha generado diversas deformaciones, irregularidades y hasta actos fraudulentos. Por ejemplo, otros testimonios que recibió Norte Digital después de la publicación del reportaje, indican que hay quienes han vendido dos veces la misma base y enfrentan conflictos legales.

Como en todo negocio, también puede haber trueque. Si no hay dinero de por medio, los vendedores aceptan pago en especie y reciben automóviles u otros bienes.

Ahora lo consideran en el Sindicato un derecho, el derecho a heredar o transferir su plaza. La mayoría la hereda a algún familiar, regularmente un hijo, pero otros las transfieren.

De hecho, es cada vez más común que prefieran venderla a un tercero que ceder el derecho a un familiar.

Más testimonios llegados a la redacción señalan que incluso se han generado conflictos familiares cuando el titular de la base, opta por obtener el dinero en lugar de transferir el beneficio a algún consanguíneo.

Oficialmente el Sindicato se desliga de toda transacción, justamente, para evitarse responder ante los problemas que la compra-venta pueda generar. Incluso, hace firmar a, un deslinde de responsabilidad, a quienes participan de la operación, respecto a los dirigentes y al propio SUTM.

Sin embargo, hay acusaciones de que quienes realmente controlan el mercado, son los dirigentes sindicales y de que, incluso, son ellos quienes operan de intermediarios, acaparan plazas y las revenden.

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Aunque los líderes del SUTM sostengan que la intención de monetizar las plazas sindicales representa una prestación para el trabajador y hasta para su familia, ya que obtiene ingresos extras al momento de jubilarse, es ley que en toda actividad donde haya dinero, hay oportunidad de transa.

Y para muestra están los señalamientos en contra de los propios integrantes del Comité del STUM, quienes han lucrado de una forma u otra con la “prestación” impulsada por la organización gremial y tolerada por las autoridades del Ayuntamiento.

Trabajadores sindicales señalaron que Saúl Vázquez García, quien se desempeña en el cargo de secretario del Trabajo en el organismo laboral, vendió una plaza a un ciudadano que entró a trabajar a la Dirección de Comercio.

Varios testimonios ubican a Vázquez como uno de los dirigentes que tiene el control de las plazas, ya que los trámites de jubilaciones pasan por sus manos y es ahí donde aprovecha para convertirse en intermediario de la compra-venta de los puestos.

Otras versiones señalan además a la propia tesorera del SUTM, Julia Partida Frías, de quien se sabe, compró dos plazas para sus familiares a un costo que llegó, presuntamente, a los 100 mil pesos cada una, así que la acción representa una inversión importante que podrá ser recuperada, con un amplio margen de ganancia, cuando llegue el momento de transferirlas.

El secretario de Acción Social del SUTM, Jesús Pinales Rodríguez, también sacó sus ahorros para adquirir dos bases para integrantes de su parentela.

El secretario general, Carlos Villegas, confirmó esas transacciones y argumentó que los miembros del comité gremial tienen el mismo derecho que cualquier empleado sindicalizado a esa “prestación”.

La venta indiscriminada de las bases laborales se valida de alguna manera por esa participación de los dirigentes gremiales en el negociazo que se corona prácticamente sin esfuerzo ni mérito alguno.

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Las prestaciones son clave en la alta demanda de las bases sindicales.

El contrato colectivo de trabajo incluye conceptos como canasta básica, bono de transporte, bono de asistencia y puntualidad, así como un sistema de ahorro mediante el cual el Municipio iguala la cantidad guardada por el trabajador, estableciendo un máximo del 9 por ciento.

Los empleados sindicalizados reciben becas para el sistema básico, medio y superior con sus hijos como beneficiarios, guardería gratuita, así como el pago del 50 por ciento de servicios como pavimentación, Impuesto Predial y licencias municipales, entre otros beneficios.

Lo que también se paga, es por la estabilidad laboral. Con el apoyo sindical, es difícil que alguien pierda su trabajo.

De acuerdo con la información del propio sindicato, de octubre de 2022 a la actualidad, se han entregado 60 bases y todas han sido designadas de forma directa por el empleado.

Para que se pueden hacer las operaciones, es necesario que el Gobierno Municipal libere la base que se deja cuando el trabajador se jubila, renuncia o fallece.

Cuando hay fallecimiento, también se prevé la “herencia” de la base porque los trabajadores llenan formatos donde especifican quiénes serán sus beneficiarios, incluyendo a quien dejan su base sindical.

De acuerdo con el secretario general del SUTM, con el esquema se materializó una propuesta que hizo en campaña para que la gente que generara alguna vacante por renuncia o jubilación tuviera la facultad de decidir quién ocuparía la base después de boletinarse y generarse los escalafones correspondientes.

Sin embargo, es la parte patronal, es decir, la Administración municipal, la que finalmente determina si se cubren o no las plazas.

Las que no se ocupan quedan en lista de espera para ser colocadas después, mediante la negociación, o una vez que se recorra el escalafón.

Antes de la actual gestión, la directiva del Sindicato decidía quién ocupaba la plaza; ahora, esa facultad la tiene el empleado, quien desde la perspectiva sindical es el “dueño” de la base que él genera.

Actualmente están en espera de una base sindical entre 50 y 60 personas y precisamente el STUM está requiriendo al Municipio que solicite formalmente la vacante.

Los montos que se cobran y se pagan en este mercado de bases sindicales, que no tiene ningún sustento legal, despiertan la codicia y ambición al interior del SUTM.

El tema no se ha transparentado por parte de una Administración municipal que deja hacer y deja pasar, abonando de esa manera a la corrupción. Parece no importarle que se vuelva mercancía el trabajo que pagan los contribuyentes juarenses.

La monetización de lo que era un derecho aparece como una situación natural para un Gobierno que suele apostar más por los negocios que por el servicio público.