El llanto y la exigencia de justicia por parte de familias de elementos caídos, estremecieron ayer la explanada de la Megabandera. Y no era para menos, Ciudad Juárez sufrió en esta semana el peor ataque registrado en su historia reciente, probablemente el más atroz y salvaje jamás visto en contra de sus fuerzas de seguridad.

El cruel y cobarde asesinato de 10 elementos de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social Número 3, registrado durante las primeras horas del 1 de enero de 2023 y el ataque, al día siguiente, que cobró la vida de dos agentes ministeriales, en la búsqueda de prófugos, es por mucho la más grande masacre registrada en esta ciudad contra efectivos de vigilancia.

Ayer, las autoridades de los distintos niveles de Gobierno encabezaron un sentido homenaje a los elementos que cayeron en el cumplimiento de su deber. Las honras fúnebres para esos efectivos que juraron defender su ciudad no fueron suficientes para las familias que abrazándose a los ataúdes, intentaban alcanzar el consuelo ante la pérdida de sus seres queridos.

El reclamo de los deudos fue airado, a gritos, con el llanto incontenible, con la rabia propia de quien ha perdido injustamente un ser amado.

La sociedad hoy exige unánime: la justicia debe prevalecer ante los viles asesinatos.

La imponente escena de los 12 féretros bajo la Megabandera que permaneció a media asta en señal de duelo, es una imagen que perdurará en la memoria triste de la ciudad.

El eco del dolor se escuchó en la explanada cuando los agentes caídos fueron nombrados al pasar lista, y el grito “presente” acrecentó el dolor que, sumado al estallido de las salvas, desató un llanto generalizado, que se fusionó al ulular de las sirenas.

La gobernadora Maru Campos Galván estuvo en la ceremonia y dio el pésame a las familias; algunas recibieron sus manos, la abrazaron y otras le reclamaron de frente o a gritos, la violencia de la que fueron víctimas sus parientes.

Campos Galván asimiló todas las reacciones a sabiendas de que no siempre sus palabras fueron bien recibidas. Prometió dar seguimiento a estos hechos que arrebataron de sus familias a un padre, a un hijo, a un hermano, a un amigo y a la ciudad, a juarenses valientes que murieron en el cumplimento de su deber.

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Durante la noche del martes, la gobernadora Maru Campos hizo un llamado a no politizar los terribles acontecimientos que durante la primera semana de 2023 han enlutecido a la comunidad en Ciudad Juárez.

La gobernadora señaló que su administración asumiría la responsabilidad correspondiente y que se tomarán acciones contundentes para cambiar el problema de inseguridad, tanto en las calles como del sistema penitenciario.

Destacó que la violencia y particularmente la generada en los penales, es un cáncer de años que afecta a todo el país y que hoy se viven las consecuencias de la corrupción e inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente.

La gobernadora indicó que el compromiso de este Gobierno “ha sido y seguirá siendo, poner en orden la casa para arrancar el problema de fondo y dar soluciones definitivas a los juarenses”.

“A la ciudadanía, no le sirve de nada ver a los políticos echando culpas. Lo que los juarenses necesitan son resultados”, dijo la titular del Poder Ejecutivo estatal. Y esperamos que así sea.

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La violencia exacerbada que vive nuestra ciudad desde el primero de enero a raíz de la fuga de 30 internos del Centro de Reinserción Social No. 3, que dejó como saldo durante ese primer día, la muerte de 17 personas, entre ellos 10 custodios y 7 internos en el penal, además de otros asesinatos que se han ido sumando, debe generar la coordinación real de los tres niveles de Gobierno para de una buena vez, poner el orden que durante las últimas décadas han solicitado los juarenses.

Este lapso en el que el dolor ha llegado a generar una de las peores masacres contra los cuerpos de seguridad debe ser también un llamado de alerta de extrema urgencia, y los encargados de dictar las ordenes en los tres niveles deben hacer a un lado las diferencias políticas, económicas y partidistas, para promover en verdad el estado de Derecho y no seguir siendo superados por grupos delincuenciales.

Si bien es sabido, lo suscitado en el penal, es producto de la corrupción que ha imperado por generaciones y distintas administraciones, gobiernos van y vienen y lejos de poner un alto, los líderes de los grupos criminales se han fortalecido y hoy tienen a la ciudad casi de rodillas.

En las calles hay miedo, se respira el terror y los rostros de los ciudadanos honestos ya no quieren cruzar sus miradas, el ánimo se siente decaído, como hace una década, cuando la nombrada guerra contra el narco dejó en nuestras calles desolación, impunidad y miles de vidas humanas perdidas.

A los tres órdenes del Gobierno hoy les preguntamos ¿a qué monstruo nos estamos enfrentando, hemos llegado ya al total estado de indefensión? ¿quién se hará responsable en esta ocasión de verdad en salvaguardar la integridad de los inocentes? Este es el momento de actuar. No hay marcha atrás.

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Ahora fue la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, la que solicitó a través del Congreso del Estado, que el Instituto Nacional de Migración informe el monto del presupuesto asignado en el 2023 a su Delegación de Chihuahua, para poder determinar si en este año atenderán la crisis de los migrantes, como es su responsabilidad, o seguirán haciéndole al Tío Lolo.

La legisladora pidió también al Instituto fantasma, que dé a conocer el número de elementos que tiene asignados en el Estado, porque en los hechos no se les ve por ningún lado, cuando se trata de atender a los grupos migrantes que siguen llegando a la frontera.

Ana Georgina denunció en la sesión de la Diputación Permanente, que no ha logrado establecer comunicación con el delegado del INM, el contraalmirante Salvador González Guerrero, pero no es la única a quien se le esconde, porque también lo hizo con las diputadas federales que lo buscaron para solicitarle información de la situación migratoria en la entidad.

Dijo la diputada cetemista, que lo ha buscado para tener un panorama claro sobre las obligaciones que tiene el Instituto Nacional de Migración, en el problema humanitario que ha generado el arribo de grupos de extranjeros desplazados de sus países de origen.

Aunque aclaró que no lo está buscando para echar culpas, sino para colaborar, lo mejor que puede hacer es buscar al segundo de a bordo del Instituto, Edgar Caro, quien es realmente el que tiene el manejo en la dependencia. Sirve que le pone un calambre para que suspenda el jugoso negocio que tiene en la estación migratoria, en el aeropuerto y en los puentes internacionales.