Los próximos jueves y viernes, estarán en la ciudad el presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia, Alejandro de la Rocha Montiel y la titular del organismo a nivel nacional, Blanca Lilia Ibarra Cadena, lo cual representa una buena oportunidad para que respondan sobre la opacidad del Gobierno del Estado, en torno a la inversión de 4 mil millones de pesos que hará en la Torre Centinela, con asignación directa a la empresa Seguritech.

Los funcionarios responsables del acceso a la información a nivel estatal y nacional, vienen al Tercer Foro Anual de Transparencia, convocado por el Gobierno municipal de Juárez, donde De la Rocha impartirá la conferencia “Transparencia, Confianza y Rendición de Cuentas en los Gobiernos locales”, mientras que Ibarra Cadena disertará sobre la importancia de la información en el Gobierno abierto.

Ambos temas son pertinentes, para que los expertos en transparencia despejen las dudas sobre los argumentos que utiliza el Gobierno del Estado, para eludir la información sobre la obra, por tratarse de un tema “delicado de seguridad” que requiere discreción, según las declaraciones que han venido haciendo los funcionarios estatales y la propia gobernadora Maru Campos.

La convocatoria al evento, que tendrá como sede las instalaciones de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, enumera tres objetivos del foro:  posicionar el tema de transparencia, resaltando su contribución como herramienta puntual en el combate a la corrupción; lograr una cobertura de participación ciudadana, institucional y gubernamental  en temas de transparencia, y establecer un vínculo con las instituciones en la materia y organismos de la sociedad civil organizada, creando compromisos de mejora en los procesos gubernamentales de transparencia y combate a la corrupción.

Si estos propósitos se llevaran realmente a la práctica, el Instituto Chihuahuense de Transparencia obligaría al Ejecutivo a proporcionar la información que han escondido, para que precise los montos a gastar, los valores del equipo que comprarán, y toda la inversión que se realizará durante el desarrollo de la ruta crítica de la obra y el equipamiento.

De no hacer valer los fundamentos del foro en una obra tan costosa, los titulares de la materia quedarán como simples paleros de la opacidad.

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Una multa de 27 millones de pesos, equivalente al último mes que le pagaron por sus deficientes servicios, propuso ayer la fracción edilicia del PAN contra la empresa PASA, que sigue sin regularizar el servicio de recolección de basura en muchas colonias de la ciudad.

El punto de acuerdo, que se llevará a la próxima sesión de Cabildo, se fundamenta en la penalización que se establece en la cláusula 23 del contrato de concesión, que autoriza al Gobierno a sancionar a la empresa con una pena convencional, que podrá ser hasta por un monto igual al de la contraprestación del mes inmediato anterior, que en este caso fue julio y PASA recibió un pago de 27 millones de pesos.

Los ediles panistas expusieron que este grave problema está señalado hasta en el Plan Municipal de Desarrollo del Gobierno actual, que en su página 88 cita textualmente: “Una de las demandas más recurrentes de la ciudadanía al Gobierno municipal es la recolección de residuos sólidos urbanos, servicio que en el Municipio se encuentra concesionado a la empresa PASA, que presenta diversos problemas, sobre todo los relacionados a la irregular prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos”.

De aprobarse tal punto de acuerdo, es muy probable que PASA quede sin liquidez para pagar sueldos de sus empleados y suspendería la prestación del servicio, dejando la puerta abierta al Gobierno municipal para cancelar definitivamente la concesión.

El escenario se ve justo para terminar de una vez por todas, la crisis del servicio de limpia que cada día se agudiza, pero también se convertiría en un caos para la ciudad, si un solo día se acumula la basura de toda la población.

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Fuentes mironianas nos confirman que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez ha sido tomada por simpatizantes de Ulises Pacheco, como centro de operaciones para sumarle delegados rumbo a la convención del 11 de septiembre, donde se elegirá al nuevo dirigente del PAN local.

Nos dicen que la principal operadora de Ulises es África Hernández, una empleada panista que tiene un cargo dentro del Comité directivo estatal del blanquiazul, con el que charolea para hacer trabajo político en la Junta, a espaldas del presidente de la dependencia.

Aunque por su cargo en el directivo estatal, África está impedida para hacer campaña abierta, en favor de cualquier candidato, la mujer la sigue haciendo en sintonía con otros seguidores de Ulises que trabajan en la Junta, como David Rodríguez, que trabaja en el almacén y el sobrino y pupilo de Javier Corral, Luis Carlos Corral.

Con ellos también trabaja en el proyecto de Pacheco el hijo de José Márquez, Juan Pablo, quien incluso forma parte de la planilla que busca la presidencia panista.

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“Que los crímenes no queden en el laberinto de la impunidad” fue otro duro mensaje que los jesuitas enviaron a los Gobiernos estatal y federal, al cumplirse dos meses de los asesinatos de dos sacerdotes de su orden religiosa, que siguen sin castigo para el asesino.

Con esta metáfora contundente, que sintetiza la verdad de lo que pasa en el país, donde miles de crímenes siguen esperando justicia, los aguerridos misioneros de la Compañía de Jesús siguen mostrando su molestia por la insensibilidad e ineficiencia de los Gobiernos.

Un laberinto es una encrucijada, que confunde para encontrar una salida, como pasa con la justicia mexicana, ni más ni menos.

Históricamente los jesuitas se han caracterizado por su refinada espiritualidad y vocación misionera, que los ha llevado a los más apartados rincones a evangelizar y defender los derechos de los que menos tienen.

Son considerados los líderes intelectuales del catolicismo, por su profunda preparación, lo que les permite amplia capacidad de influencia en la opinión pública, cuando de reclamar asuntos de justicia social se trata.

Ese poder de manifestarse y mover conciencias, ya lo vimos después del asesinato de los dos jesuitas en Cerocahui, el 20 de junio, cuando, con tiros de precisión, le dijeron al Gobierno federal que los abrazos no detienen los balazos, que México es un país de víctimas, además de ser un Estado fallido.

Tres frases contundentes que le dieron la vuelta al mundo, ante la ola criminal que agobia al país y que ya alcanzó a dos de los sacerdotes de esta orden.

Ahora que volvieron a la carga, claramente le advierten a los Gobiernos central y estatal, que no están pintados ni se quedarán de brazos cruzados. El tiro está cantado y todo indica que irá subiendo de tono.