Diciembre debería ser pura paz y felicidad. Pero hoy permea el desasosiego ante la violencia y la desdicha de las víctimas de la criminalidad y sus familias.
Nada más en dos días, las víctimas mortales de la violencia fueron 22 en esta frontera. Aterradoras cifras de homicidios dolosos de dos dígitos diarios que irremediablemente nos hacen recordar los más aciagos días de criminalidad, entre 2010 y 2011, cuando Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo.
Igual que en aquellos momentos, cuando el luto invadió a las familias por las muertes inocentes de la guerra contra el narcotráfico (daño colateral, le llamaron entonces) que desató la espiral de violencia, también hoy están cayendo quienes nada tienen qué ver con la pugna entre criminales.
Para nadie es consuelo que la autoridad insista en que la gran mayoría de los homicidios dolosos sean el resultado de los reacomodos de los cárteles, o las disputas territoriales de las distintas células delincuenciales.
Tampoco disminuye el sobresalto o cede la tribulación si nos dicen que la incidencia al alza se asocia con la disputa por el tráfico de personas y la ampliación de los negocios criminales.
Por el contrario, esas ramificaciones de las actividades ilícitas que tocan cada vez más personas y se expanden en el espacio geográfico de la ciudad, acercan los temores cada vez más al ciudadano juarense que nada tiene que ver con esas reconfiguraciones delincuenciales.
Apenas superamos la mitad del mes y los homicidios dolosos rondan ya los 60 casos. Será diciembre otro mes más que sobrepase la cifra roja de 100. Como está cerrando el año, al final se promediarán hasta cuatro personas asesinadas por día. Una verdadera tragedia.
El cierre del año ha estrujado a la ciudad con varios casos de alto impacto. En hechos distintos, dos choferes de plataforma fueron asesinados y una mujer prestadora de ese servicio recibió heridas con arma blanca cuando fue asaltada por un hombre, en la colonia Palo Chino.
En el primer caso, la víctima fue el fotoperiodista Ismael Villagómez, quien se vio obligado a laborar como chofer de la plataforma inDrive para obtener el ingreso necesario para arreglar el vehículo que utilizada en sus labores para el Heraldo de Juárez. Ismael fue asaltado en la colonia Francisco Sarabia y recibió un balazo a bordo de un automóvil prestado.
En el segundo, el reconocido tiktoker, Rafa Wayne, también fue victimado de un balazo. Wayne hizo una transmisión en vivo desde su vehículo en el momento previo de su asesinato, donde se puede observar que sostuvo una discusión con una persona que utilizó el servicio. Aparentemente también fue el desenlace de un asalto y el crimen permanece impune.
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La violencia criminal sacude todo el estado. Y en Nuevo Casas Grandes se funde con el escándalo político que recientemente llevó a prisión, por primera vez, a una alcaldesa en funciones.
Apenas un mes después de que Cynthia Ceballos fue detenida y vinculada a proceso, acusada por la Fiscalía Anticorrupción de peculado agravado y uso ilegal de atribuciones y facultades, fue asesinado el Oficial Mayor del Gobierno Municipal, Pedro Pablo Lara Chávez.
Lara Chávez tenía 16 días en el cargo, luego del nombramiento que recibió de la alcaldesa suplente, Edith Escárcega Escontrías, quien desmanteló el Gabinete que operó por dos años con Ceballos al frente.
El funcionario recibió múltiples balazos a bordo de su vehículo, cuando se disponía a dirigirse hacia la Presidencia Municipal, cuyas instalaciones tuvieron que ser cerradas al público.
Nadie ha sido detenido por el homicidio. El miedo se apodera de los pobladores de ese municipio, aunque no es algo nuevo para ellos. El crimen organizado se enraizó hace ya bastante tiempo y ha dado ahí múltiples muestras violentas de control. Un jefe de Policía, Marco Antonio López Chávez, fue asesinado en 2017, un exjefe policiaco, Adrián Matsumoto Dórame, también fue abatido en el 2019.
Apenas en marzo del 2021, fue asesinado el candidato del PRI a la alcaldía de ese mismo municipio, Yuriel Armando González Lara. Coincidentemente había sido director de la Policía Municipal.
Los grupos delincuenciales han mantenido el control de la Policía, igual que ocurre en muchos otros municipios del estado y de todo el país. Se convierten los cuerpos policiacos en brazos armados de los cárteles.
Por eso está desarticulada hoy la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal desarmó en mayo a sus agentes y asumió funciones de patrullaje. La intervención estatal se registró hasta después de que el cuerpo de un hombre fue colgado de uno de los arcos que forman parte de la Plataforma Centinela.
Después de la detención de Cynthia Ceballos en noviembre, quien fuera su jefe de Policía, Edgardo Quiroz Castañeda, también fue capturado ya que seguía asumiéndose como director, cargo que nunca fue avalado, ni por el Ayuntamiento, ni por el Congreso del Estado.
Durante todo el periodo crítico de control policial por parte de los jefes criminales, la región de Nuevo Casas Grandes se convirtió además en meca de las desapariciones.
Actualmente varias familias mantienen la búsqueda de sus seres queridos. En los últimos casos reportados en noviembre, fueron al menos cuatros los jóvenes desaparecidos.
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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), al corte del 30 de noviembre de 2023, en todo el estado se habían cometido un total de mil 902 homicidios.
De esa cantidad, mil 620 corresponden a homicidios dolosos y otros 282 a homicidios culposos, la gran mayoría de éstos últimos (269), tuvieron relación con accidentes de tránsito.
La estadística del Sesnsp, se conforma con los reportes que se hacen llegar desde los estados, por parte de las fiscalías generales.
En el caso de los homicidios dolosos registrados en el estado de Chihuahua, destaca el dato de que en mil 033 casos, se utilizaron armas de fuego. No incluye el desglose por municipios, pero si se revisan los registros periodísticos sobre los homicidios, en esta frontera prácticamente todos están relacionados con el uso de armas de fuego.
El registro estatal marca 193 casos de uso de arma blanca y “con otro elemento”, sin especificar, un total de 394.
La estadística devela la creciente facilidad para hacerse de armas de fuego, un mercado que también controla el crimen organizado.
El feminicidio, que se tipifica cuando se priva de la vida a una mujer por razón de género, se agrega a la cifras de los homicidios dolosos. Hasta el corte del 30 de noviembre, se habían reconocido en el estado 40 casos. El mes con mayor incidencia fue junio, con seis casos, mientras que el menor fue febrero, con dos.
En 26 casos de feminicidio prevalecieron “otros elementos” como armas de ataque, incluyendo el estrangulamiento. Con arma de fuego se le quitó la vida a siete mujeres y a otras ocho con arma blanca.
El secuestro, otro delito frecuentemente vinculado con la operación del crimen organizado, registró 43 casos en el mismo periodo.
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Aunque Chihuahua no aparece ya en la cima nacional de los delitos de alto impacto, cada caso deja familias enlutadas y desechas por el dolor, en comunidades cada vez más temerosas de que la violencia criminal alcance a uno de los suyos.
Calles y baldíos sembrados de cadáveres, ataques en la vía pública, inocentes victimados en el interior de sus vehículos después de ser asaltados, marcarán sin duda el fin del 2023, igual de trágico que el fatídico inicio del primero de enero, cuando se desató el infierno al interior del penal estatal, donde fueron asesinados diez custodios y cuatro internos.
Las crestas de criminalidad se registran justo cuando los procesos electorales avanzan hacia la definición de todas las candidaturas para la elección concurrente de junio del 2024.
Es tiempo de construcción de plataformas y propuestas electorales que servirán de base a quienes habrán de salir muy pronto a buscar el voto, desde los candidatos presidenciales y legisladores federales, hasta los candidatos a las alcaldías, diputaciones locales, sindicaturas y regidurías.
¿Qué alternativa frente a la violencia articularán quienes aspiran a los cargos ejecutivos y legislativos?
¿Qué apuesta distinta a lo que hasta hoy se ha realizado diseñarán los futuros responsables de implementar las políticas públicas en materia de seguridad?
¿Cómo se coordinarán con quienes ya ejercen el poder público en el orden estatal, donde todavía no corresponde un relevo?
¿Cómo responderán frente a esa realidad que todavía nos sacude, aunque la violencia criminal esté cada vez más normalizada?
¿Qué estrategia aplicarán para que el tráfico de personas no se convierta en un negocio más del crimen organizado?
¿Cómo evitarán que sigan creciendo los asaltos y ataques mortales contra los choferes de plataformas digitales?
¿Qué van a proponer para que el control político y policial por el crimen organizado no siga enraizándose como se mostró descarnadamente en Nuevo Casas Grandes?
¿Qué más van a hacer para que Juárez salga por fin del top de los feminicidios?
Quienes aspiran a ocupar los cargos públicos ya deben de estar delineando sus respuestas. Que las propuestas en materia de seguridad sean más efectivas, es lo que se espera para el 2024. Los ciudadanos desean que finalmente se cumpla su anhelo de paz, en sus hogares, en sus trabajos, en sus calles, en su ciudad.